Las residencias privadas 'suspenden' a Iglesias: "Los PGE son un brindis al sol"

"Llega tarde y se queda corto". Los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que ayer presentó el Gobierno de coalición, han levantado ampollas entre las grandes patronales de la Dependencia en España. El grueso de las residencias privadas lo tienen claro: el plan de choque que el Ministerio de Derechos Sociales puso sobre su mesa hace apenas un mes es "inviable" con la partida pactada, -"Sin consenso con el sector"-. Las fuentes consultadas coinciden en que buena parte de los compromisos que contrajo la cartera se quedarán en papel mojado: "Los PGE no llegan ni para tapar agujeros. Si lo que quiere el Gobierno es parecerse a Dinamarca, debe cuadruplicar los 600 millones a los que apuntan sus cuentas. Todo lo demás es un brindis al sol".

Entre los compromisos electorales de Unidas Podemos estaba el reducir en  un 75% las listas de espera que ahogan al modelo español. Al sector privado no le salen las cuentas. AESTE, que engloba a los grandes grupos, y CEAPs, la mayor asociación de atención a la Dependencia de España, afirma que, solo para cumplir con este punto, la cartera de Pablo Iglesias, tendría que multiplicar por cuatro ese incremento presupuestario, "con un mínimo de 2.380 millones de euros de inversión". El déficit viene de lejos.

Allí donde la red pública no llega, el Estado recurre a las residencias privadas a las que 'contrata' plazas concertadas que den cobertura a los españoles 'en el limbo' de la dependencia. Sobre el papel, estas deberían  costearse a razón de un tercio de su valor entre el Gobierno central, las CCAA y el ciudadano. Las asociaciones del sector apuntan a que el Estado aporta apenas el 16% de la financiación total a la Dependencia y el usuario tampoco llega al porcentaje que le correspondería por copago. ¿El resultado? El sistema carga a las CCAA con cerca de un 83,9% del gasto. Juan José García Ferrer, secretario General de Lares, asegura que lo que hay sobre la mesa "no es un plan de choque y tampoco llega para aplacar el déficit estructural". 

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Así, el Estado lleva años sin cumplir con la parte que le atribuye la norma. La Ley de Dependencia, que se aprobó en 2006, reza que "la Administración General del Estado garantizará la financiación a las CCAA para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia recogidas en esta Ley". Cada ciudadano al que el Ejecutivo reconoce el derecho, pero que no llega a recibir la prestación, prueba que la norma no se cumple. Desde Lares, elevan a 353.158 los dependientes que pasan los días en vilo, a la espera de esa llamada que les confirme la plaza que, con la ley en la mano, les pertenece. 

Iglesias quiere el módelo nórdico... en formato 'low cost'

Donde el vicepresidente segundo ve un 'plan de choque' el sector privado habla de parches. "Es imposible resolver, con poco más de 600 millones, un déficit estructural de financiación del Estado que ronda los 1.400", zanja García Ferrer. Con los números en la mano, la insistencia de Iglesias de caminar hacia un "modelo nórdico", que apueste por reforzar la atención a domicilio, supone empezar la casa por el tejado. Cintia Pascual, presidenta de CEAPs, valora la alusión del ministro al sistema de los vecinos europeos como "un mensaje vacío y poco coherente". 

España está a la cola de Europa en gasto en Dependencia. Así lo lamentan todas las fuentes consultadas por La Información. Los ejemplos abundan. Mientras países como Dinamarca invierten cerca de un 2,5% del PIB en blindar el sistema de Dependencia, en España esta partida ronda el 0,7%. Y no es un caso aislado. Países Bajos y Noruega, cuyos modelos quiere aplicar Iglesias, aportan respectivamente, un 3,7% o un 3,3%. La comparación pesa.

Los 600 millones de Iglesias suponen un incremento en las cuentas públicas del 46% para la aportación del Estado al Sistema de Dependencia. Ni siquiera los PGE con el gasto social más elevado de la historia -se lleva el 52% del monto total- pueden revertir, de golpe y porrazo, años de deterioro a la red de Dependencia. Como el portavoz de Lares, Pascual señala que la partida del Gobierno es insuficiente: "El Estado debería invertir unos 1.500 millones 'extra' anuales durante 3 años, para saldar la deuda y resolver las lagunas del modelo... y solo entonces se podría empezar a mejorar". La conclusión es firme: el perjudicado de quedarse corto siempre es el dependiente.