El Gobierno prevé lanzar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 en dos semanas. El día 27, la última semana de julio, la ministra de Hacienda quiere llevar al Consejo de Ministros el techo de gasto y, a partir de ese momento, iniciar la negociación de las que deberían de ser las cuentas de la recuperación. A la vez, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, tiene previsto presentar una revisión de las previsiones económicas. En estos momentos iniciales, sin embargo, la coalición se muestra dividida. Y es que Unidas Podemos se está moviendo para incluir en el futuro proyecto de ley una parte de la reforma fiscal y algunas medidas sociales, como la ampliación a seis semanas de los permisos de maternidad y paternidad. Se avecina batalla interna.
Serán, afirman fuentes de Hacienda, unos Presupuestos expansivos y un techo de gasto que no aumentará tanto como el presentado en 2020, cuando aumentó un 53% hasta los 196.097 millones, pero que sí incorporará nuevas partidas de los fondos europeos y, por tanto, se incrementará respecto al de anteriores años. Hay que recordar que el Gobierno suspendió en septiembre del año pasado las reglas fiscales como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la Covid, por lo que en estos Presupuestos aún estarán sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública.
Esa suspensión de las reglas fiscales podría, precisamente, evitar al Gobierno de llevar a las Cortes Generales la convalidación del techo de gasto. Sin embargo, fuentes gubernamentales apuntan que Hacienda se inclina en este momento por sí hacerlo y que, por tanto, la ministra de Hacienda protagonice a la vuelta de las vacaciones de agosto un pleno monográfico sobre política económica y el plan del Ejecutivo para la recuperación. El año pasado, María Jesús Montero puso sacar adelante la votación gracias al apoyo de la mayoría de las fuerzas parlamentarias, la abstención de PP y Vox y el voto único negativo de Foro Asturias. No se prevén grandes problemas en esa posible votación para el límite de gasto no financiero de 2022.
El Gobierno se ha comprometido a iniciar de forma urgente una senda de reducción de las ratios de deuda y déficit público, pese a la citada suspensión de las reglas fiscales. La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, reforzada en la última catarsis que ha vivido el Consejo de Ministros, viene declarando en los últimos días que la incipiente recuperación debe servir para avanzar en la estabilidad presupuestaria que la propia Airef ha puesto en cuestión este mismo jueves.
Debate en la coalición sobre impuestos y gasto social
La próxima aprobación en Consejo de Ministros del techo de gasto no implica, sin embargo, que la negociación en el seno de la coalición y con los socios parlamentarios se vaya a iniciar de forma inminente. Al contrario, María Jesús Montero ha pospuesto las conversaciones con Unidas Podemos y con el resto de aliados en el Congreso, PNV, ERC, EH Bildu o Más País, entre otros, hasta el mes de septiembre, según indican desde Hacienda. Los indultos han aclarado esas mayorías y han alejado a Ciudadanos, que llegó a apoyar al Gobierno en la votación de enmiendas a la totalidad, de posibles acuerdos. Desde Moncloa recuerdan que el objetivo es tener aprobados los PGE de 2022 en Consejo de Ministros antes de acabar el mes de septiembre.
Pero estos últimos días del curso político están haciendo ver las costuras de la coalición. Hay discrepancias evidentes sobre las medidas que tienen que contener esas cuentas públicas de la recuperación. Esencialmente dos. La primera tiene que ver con la reforma fiscal. El PSOE prefiere esperar a las conclusiones de los expertos, cuyos trabajos no finalizarán hasta el próximo año, y Unidas Podemos quiere introducir en esas cuentas de 2022 subidas de impuestos a las rentas más altas y a las grandes fortunas.
Sánchez, sin embargo, afirmó hace unos días que "no vamos a abrir en los Presupuestos del año 2022 una revisión del modelo fiscal, que está pendiente, pero no para el próximo año porque lo que queremos hacer precisamente es recuperar la economía, salir de esta, superar esta pandemia, modernizar nuestra economía con los fondos europeos, y esa es la hoja de ruta que tiene el Gobierno de España". En UP insisten que 2022 es el año porque el siguiente, 2023, será año electoral con un maratón de municipales, autonómicas y generales.
Los morados también presionan para introducir en estas cuentas públicas medidas sociales como la ampliación a seis meses de los permisos de maternidad y paternidad o la prestación por crianza que contempla incluir el Ministerio de Derechos Sociales en la futura Ley de Diversidad Familiar. De momento desde el área socialista guardan silencio respecto a estas medidas.
No se antoja una negociación de Presupuestos sencilla. El precedente es la del año pasado. Fue el primer proyecto de ley aprobado por Sánchez pero alcanzar un acuerdo en el seno de la coalición no fue fácil. Se llegó in extremis, gracias a un documento sellado entre el presidente y su entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en el que se incluyó un pacto expreso para facilitar mecanismos a las administraciones para rebajar los alquileres en zonas de mercado tensionadas. Es el acuerdo que aún está pendiente de cerrar entre PSOE y UP y que mantiene bloqueada la Ley de Vivienda. La subida del Salario Mínimo también sigue paralizada y sin acuerdo a la vista.
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