Hacienda maniobra para atar en corto a la Airef en la fiscalización del Gobierno

¿Vuelve otra vez el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, a vigilar la labor de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (Airef)? Si los Presupuestos Generales de 2021, que se encuentran en plena tramitación en el Congreso de los Diputados, no incluyen una modificación vía enmienda, el organismo presidido por Cristina Herrero perdería una parte de su autonomía al pasar a depender económicamente para sus estudios y análisis de una decisión del departamento que dirige María Jesús Montero. Todo ello en un momento histórico en el que las reglas fiscales han sido suspendidas por el Gobierno y esa labor de inspección o auditoría de los poderes públicos se hace más necesaria e intensa si cabe.

Hacienda ha introducido una modificación en el presupuestos de la Airef para 2021 que cercenaría la independencia financiera de la que hasta ahora dispone. El ministerio ha reconvertido en créditos vinculantes los más de 2,8 millones que el organismo fiscalizador tiene para gastar a lo largo del próximo año en el apartado de "estudios y trabajos técnicos". Esto significa que, de prosperar la partida en la forma en la que actualmente se encuentra configurada, el equipo de Herrero tendría que pedir permiso a Hacienda para poder disponer del crédito necesario para poder llevar a cabo, con garantías, sus informes de fiscalización

Hasta ahora la Airef, también en la época del actual ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dispuesto de créditos limitados para llevar a cabo sus estudios. Es decir, Hacienda presupuestaba una cantidad fija en cada proyecto de ley y autorizaba la transferencia directa año tras año a la autoridad independiente creada en 2013. Con la modificación en marcha en las futuras cuentas públicas, esos créditos pasarían a depender de Hacienda, que tendría potestad para desbloquearlos o retenerlos. Estarían, por tanto, vinculados a la decisión del departamento de Montero.

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La novedad el proyecto de ley de PGE de 2021 no es baladí. La Airef siempre ha apelado a su independencia. Para eso fue concebida y para eso está 'blindada' a través de su propia ley orgánica. Con la modificación en ciernes se mermaría la capacidad financiera del organismo autónomo. Se ataría, en definitiva, en corto a un organismo fiscalizador que encara un año de gran importancia desde el punto a vista de vigilancia de la labor económica del Gobierno. Fuentes de la Airef no han querido comentar ni hacer declaraciones sobre este cambio contemplado en los PGE.

¿Cómo podría eliminarse que los créditos de la Airef dejaran de ser vinculantes? Vía enmienda en el periodo parlamentario que se abre ahora. La tramitación que se abre ahora en las Cortes Generales es la única posibilidad que habría para poder modificar la partida del organismo y dar la vuelta a la situación. La autoridad independiente, según fuentes conocedoras, no podría presentar un recurso ante la Audiencia Nacional y quedaría a expensas de la decisión de algún partido. 

El PSOE podría presentar una enmienda pero todas las miradas se dirigen hacia PP, Unidas Podemos y Ciudadanos. Los populares siempre han defendido la independencia de la Airef, lo mismo que la formación de Inés Arrimadas que ha apoyado al Gobierno en el trámite de las enmiendas a la totalidad. En el pacto de Gobierno sellado por Sánchez y Pablo Iglesias se contemplaba un impulso de la labor de fiscalización del organismo a través del "establecimiento de mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados", con el fin de "mejorar la eficiencia del gasto público". Citaban el "Plan de Acción de la autoridad para la revisión del gasto (spending reviews, beneficios fiscales, gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, infraestructuras de transporte e incentivos a la contratación)".

El conflicto Escrivá - Montoro

La Airef ya fue protagonista en 2015 de un sonado conflicto con el Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por Cristóbal Montoro, el 'cerebro' de los PGE que aún hoy en día se encuentran en vigor. El organismo, que se encontraba presidido por el actual ministro Escrivá, decidió recurrir ante la Audiencia Nacional una orden en la que el Gobierno establecía que fuera la Central de información económico-financiera, dependiente de Hacienda, quien tramitar la petición de datos por parte del organismo independiente. La autoridad fiscal vio en esa maniobra de Montoro una "vulneración de la autonomía e independencia funcional" del organismo creado dos años antes a instancias de la Comisión Europea.

Meses después, en 2017, el ministerio decidió rectificar esa orden para posibilitar que la Airef pudiera tener acceso a la información que necesite para sus estudios y análisis de forma independiente a Hacienda. En el caso de los nuevos créditos vinculantes el recurso a la Audiencia Nacional no se contempla o está descartado.

Objetivos y cambios en ciernes en la AIReF

La Airef tiene presupuestado en 2021 realizar 31 informes y estudios para garantizar el cumplimiento efectivo por las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria. Las actividades más significativas para el próximo año, según se puede comprobar en el proyecto de ley del Ministerio de Hacienda, son el informe sobre las previsiones macroeconómicas, sobre la metodología para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y la tasa de referencia de crecimiento, sobre el proyecto de programa de estabilidad, sobre el análisis de la ejecución presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto, sobre el establecimiento de los objetivos individuales para las Comunidades Autónomas... Así hasta 31. 

Asimismo, según se puede leer en el mismo proyecto de ley, la AIReF está estudiando modificar el Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la institución, para incorporar a su estructura organizativa una nueva División de Evaluación de Políticas Públicas, con dos áreas, cuyos responsables tendrían nivel orgánico de subdirector/a general. Actualmente el organismo cuenta con la División de Análisis Económico, la de Análisis Presupuestario y la Jurídico-Institucional.