"Si quieres grano, Aitor, te dejo mi tractor", le dijo Mariano Rajoy al portavoz del PNV en el Congreso durante el debate de investidura del líder del PP. Ahora, más de un año y medio después de aquel piropo, el Gobierno está dispuesto a dar ese "grano" a los nacionalistas vascos para conseguir el voto favorable a los Presupuestos Generales de 2018 de sus cinco diputados. Ese 'sí' final depende de la negociación que ya se ha abierto para aprobar las 43 enmiendas que ha presentado el PNV y cuyo coste suma un total de 132 millones a repartir entre los años 2018, 2019 y 2020, además de otros compromisos ya adquiridos por el Ejecutivo, como la subida de las pensiones de acuerdo al IPC o retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.
Por pedir que no quede. Ya se selló un preacuerdo entre el Gobierno y el PNV para salvar las enmiendas a la totalidad de los PGE, pero el sí definitivo no está cerrado. Desde Sabin Etxea exigen negociar estas 43 peticiones y aprobar una buena parte de ellas si Rajoy quiere salvar su mandato y garantizarse acabar la legislatura. Las nuevas peticiones tienen que ver con inversión en materia de I+D+i y en infraestructuras ferroviarias, aeropuertos y puertos. La Información ha diseccionado cuáles son las enmiendas que han presentado los nacionalistas vascos y cuál es el coste de cada una de ellas para poder salvar a partir del 22 de mayo las enmiendas parciales de las cuentas públicas.
Las enmiendas que ha presentado el PNV se dividen en tres grupos: inversiones relacionadas con el agua, gasto en infraestucturas y apoyo a proyectos de investigación y desarrollo. Así, dentro de la primera categoría se incluye la mejora de los regadíos en tres zonas de Álava por valor de 1,359 millones, además de un compromiso de invertir 3,4 millones en las tierras limítrofes con Navarra y La Rioja. Del mismo modo, los nacionalistas vascos reclaman una inversión de 27,9 millones entre 2018 y 2020 en la depuradora de Sestao, una mejora de las infraestructuras en el Alto Nervión en 2019 por valor de 13,65 millones y la modernización del embalse de Itoiz, en Navarra, por 3 millones de euros. No es la única inversión que reclama el PNV fuera del territorio vasco, ya que también pide que se cargue a los Presupuestos del Estado la rehabilitación del casco antiguo de la localidad navarra de Tudela (1,5 millones).
En materia de I+D+i, el partido liderado por Andoni Ortúzar reclama 4 millones para el Biscay Marine Energy Platform (BIMEP), un proyecto para generar energía a partir de las olas del mar; 1,5 millones para el Laboratorio de innovación en educación digital avanzada de la Universidad de Mondragón; un millón para los laboratorios transfronterizos de cooperación de la Universidad del País Vasco; 0,7 para el Instituto de Máquina-Herramienta de Elgoibar (y 0,6 para 2019); y 10 millones para el Energy Intelligence Center. El área de investigación es una de las líneas rojas del PNV y, según fuentes del partido, si no reciben la financiación que reclaman los Presupuestos correrán serio peligro.
En cuanto a las infraestructuras, el PNV incluye en sus enmiendas un total de 21 proyectos. Los más importantes en cuanto a inversión son un carril bici entre Getxo y Bilbao (20 millones a repartir entre 2018 y 2019); el paso a nivel en la localidad de Urnieta (2,56 millones); la reforma de los almacenes de la zona oeste del puerto de Pasajes (2,5), la rehabilitación de los terrenos contiguos a la que fue sede del Banco de España en Vitoria (1,7 millones en 2018 y 0,8 al año siguiente); y la recuperación de una parte del Paseo de la Concha de San Sebastián (1,5). Asimismo, los nacionalistas reclaman que se incluya en los Presupuestos una partida de 1,5 millones en 2018 y otra de 3,5 millones en 2019 para abrir el aeropuerto de Foronda (Vitoria) durante las 24 horas, así como una inversión de 0,3 millones en dos años en la famosa plataforma de Jundiz.
El resto de inversiones en infraestructuras que reclama el PNV para cargar a la cuenta del Estado son menores: los astilleros de Lekeito (0,25 millones); la integración de las vías de ferrocarril en Balmaseda (0,65); la supresión del paso a nivel en la misma localidad (0,42); la electrificación del ferrocarril entre Aranguren y Karrantza (0,8); el intercambiador de Riveras de Loiola (0,4); un puente en el río Zadorra (0,15) o la lonja de Pasajes (1,275 en dos años), entre otros proyectos.
A estas peticiones hay que sumar el ya anunciado acuerdo entre el Gobierno y el PNV para subir las pensiones tanto en 2018, con efecto retroactivo a 1 de enero, como en 2019 un 1,6%, de acuerdo al IPC previsto. Una jugada maestra de los nacionalistas vascos que, además, también se garantizan subidas en las pensiones de viudedad en ambos años y retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023. Lo que no han podido lograr otros partidos lo ha conseguido Sabin Etxea en cuestión de horas en una negociación a contrarreloj en Moncloa y utilizando los teléfonos. El PNV también reclama en sus enmiendas que se garantice la estabilidad de la plantilla de la Ertzaintza y la tasa de reposición de efectivos. También solicita la aprobación de un convenio de colaboración para poner en marcha una Tarjeta Social Universal para centralizar toda la información de la Seguridad Social.
A partir de ahora se abre un nuevo tira y afloja entre Moncloa y el PNV para negociar estas enmiendas parciales, y quien tiene la sartén por el mango son los vascos. La fecha marcada en rojo en el calendario es el 22 de mayo, día en el que arrancarán las votaciones parciales. Se tienen que aprobar los Presupuestos de todos los ministerios, por lo que la colaboración de los nacionalistas es clave para el Gobierno. También necesitan al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, a quien el PP espera cortejar con las inversiones comprometidas en el archipiélago.
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