Sánchez privilegia a Cataluña, Andalucía y Madrid en el primer pago del fondo UE

Habemus libro amarillo de los Presupuestos Generales de 2021 y ya se conoce el primer reparto de los fondos europeos. El Gobierno central repartirá a lo largo de 2021 un total de 18.793 millones entre las Comunidades Autónomas, de los cuales ya se han preasignado unos 3.253 millones entre los diferentes territorios. Es una primera entrega, ya que el resto de las ayudas se negociará en los foros de diálogo y entendimiento que va a establecer el Ejecutivo de Pedro Sánchez con los gobiernos autonómicos. Comienza la carrera por el 'maná comunitaria'.

En este primer reparto, que hace referencia a políticas mediambientales y de vivienda, Andalucía será la autonomía más beneficiada. Se llevará 702 millones de euros. Le sigue Cataluña, que percibirá un total de 596 millones, y la Comunidad de Madrid, que tendrá a su alcance 461 millones para estos primeros proyectos. En el cuarto puesto se sitúa la Comunidad Valenciana, con 414 millones. 

En un segundo escalón, lejos de estas primeras cuatro autonomías, se sitúa Castilla y León, que recibirá 293 millones de esta primer asignación de los fondos se recuperación. Castilla y León, con 293 millones; Galicia, con 249; Canarias, con 243; y Castilla-La Mancha, con 206 se sitúan a continuación. Llama la atención que País Vasco vaya a percibir 194 millones.

En los últimos puestos de la tabla se colocan autonomías como Cantabria, con 70 millones de preasignación; Navarra, con 61; La Rioja con 31; Ceuta, con 13; y Melilla, con 14. Estas primeras entregas estarán gestionadas por el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, en el caso de las políticas medioambientales; y por el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para las de vivienda.

Se trata, por tanto de un primer pago de los 18.793 millones del fondo europeo de reconstrucción que repartirá el Gobierno. Faltan, por tanto, por asignar 14.540 millones ya que únicamente se han asignado 2.873 millones en políticas medioambientales y 1.380 en proyectos de vivienda.

En estos 18.793 millones están incluidos 8.000 que el Gobierno destinará a las CCAA y que no aparecen en los Presupuestos Generales de 2021 por integrarse directamente en las cuentas públicas autonómicas. Por tanto, a lo largo del próximo año las Administraciones Públicas presupuestarán un total de 34.634 millones (26.634 millones del Estado + 8.000 en presupuestos autonómicos) de los fondos de recuperación. De ellos, los citados 18.793 millones (10.793 + 8.000) serán gestionados directamente por las Comunidades Autónomas, un 54% del total. A ellos hay que añadir 1.483 millones que gestionarán los ayuntamientos, lo que supone que las administraciones territoriales se harán cargo del 58% del total de fondos de recuperación de 2021.

Hacienda incluye en los Presupuestos, además, un "mecanismo transitorio de financiación para adelantar liquidez a las Comunidades Autónomas" en 2021". De esta manera, según se puede leer en el propio libro amarillo, "el Estado se endeudará para facilitar tesorería a las CCAA y que éstas puedan poner en marcha sus proyectos de recuperación lo antes posible".

"Las administraciones territoriales van a gestionar la mayoría de los fondos de recuperación comunitarios y, por lo tanto, van a jugar un papel determinante en la transformación del país. Por ello resulta crucial el esquema de cogobernanza que en la actualidad está diseñando el Gobierno y que pretende fortalecer las estructuras de colaboración política y administrativa responsables de este reto. Debe tratarse de un foro plural en el que participen de manera activa no solo las Comunidades Autónomas, sino también los ayuntamientos, el sector privado y el conjunto de la sociedad civil", se puede leer en el anteproyecto de ley.

"Para garantizar la eficacia y agilidad en la ejecución de los fondos, se pondrá en marcha una reforma de las principales normas que afectan a la gestión pública para, respetando escrupulosamente el marco normativo europeo y el necesario control de los fondos recibidos, eliminar las posibles trabas administrativas y los cuellos de botella que supongan un obstáculo para la gestión e implementación de los proyectos e inversiones", explica el Gobierno. Es un proyecto en el que ya está trabajando la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.