Hacienda camufla en los Presupuestos modificaciones en más de treinta leyes

El Gobierno ha colado en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de 2021 cambios en más de treinta leyes ajenas al texto que esta semana arranca su tramitación parlamentaria. En concreto, el Ministerio de Hacienda ha introducido treinta y nueve disposiciones finales que contemplan modificaciones en otras tantas normas en vigor ya convalidadas en el Congreso o decretos. De esta forma, si las cuentas públicas superan las votaciones en el hemiciclo y estas disposiciones finales no son enmendadas se dará el visto bueno a estas reformas introducidas de una forma que el Tribunal Constitucional ya puso en entredicho en el pasado.

Modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de tropa y marinería. Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego. Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Modificación del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre... Son solo algunos de estos casi cuarenta cambios normativos que introduce el Gobierno en los Presupuestos y que hacen referencia a leyes de diferentes ministerios, tanto del área económica del Gobierno como ajenos a ella.

Esta treintena de modificaciones legales -a partir de la página 517 de los PGE- se suman a algunas novedades que también ha ligado el Gobierno a la aprobación de los PGE, como es la creación del fondo de pensiones público ligado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El problema, según denuncian fuentes parlamentarias, es que estos cambios deberían ser independientes a la normativa presupuestaria y ser presentados a las Cortes Generales en forma, por ejemplo, de decreto para poder debatirse fuera de las cuentas públicas. 

Estas fuentes denuncian que con esta maniobra el Ministerio de Hacienda pretende convertir el proyecto de Presupuestos es una especie de "cajón de sastre", una estrategia que recuerda a las famosas "leyes de acompañamiento" que tanto los Gobiernos de Felipe González como luego de José María Aznar utilizaban de manera habitual. Todo ello hasta que el Grupo Parlamentario Socialista interpuso en el año 1999 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. El alto tribunal avaló la constitucionalidad de esas leyes de acompañamiento pero estableció que es necesario que las enmiendas tengan relación con el texto para evitar un uso indebido de este derecho en las Cortes Generales.

El magistrado Manuel Aragón emitió en esa sentencia histórica un voto particular argumentando que para él aquella táctica, que ahora imitan los socialistas, sería inconstitucional porque, según consideró, introducir en los Presupuestos Generales modificaciones de otras leyes comunes podría ser un intento de regulación de otros asuntos que nada tienen que ver con las cuentas públicas. Se hurtaría al Parlamento del consiguiente debate independiente.

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Las comparecencias en comisiones de los Presupuestos se inician este miércoles con la convocatoria de varios altos cargos del Gobierno. Y aquí el Ejecutivo también ha maniobrado. Por ejemplo, la cita con la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, en la Comisión de Presupuestos estaba previsto que fuera la última, por lo que lo que pueda argumentar quedará relegado al cierre, sin posibilidad de contraargumentarse por parte de otros comparecientes. Finalmente la oposición ha conseguido que sea este jueves. Hay que recordar que la Mesa de esta Comisión de Presupuestos se encuentra controlada por los dos partidos que componen el Gobierno de coalición. La presidenta es Pilar Garrido, de Unidas Podemos y el vicepresidente primero y secretaria primera son Guillermo Meijón y Patricia Blanquer, del PSOE. El PP cuenta con la presencia de Elvira Rodríguez, como vicepresidenta primera, y de Agustín Almodóbar, como secretario segundo.

Asimismo el PP ha acusado a los grupos parlamentarios de PSOE y de Unidas Podemos de negar la comparecencia durante la tramitación del presupuesto de Iván Redondo, director de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y acusan al Ejecutivo de poner "plazos imposibles" y "censurar" comparecientes. Otro alto cargo que no acudirá al Congreso es Manuel de la Rocha, director del Departamento de Asuntos Económicos de Moncloa y responsable de la oficina que gestionará el reparto de los fondos europeos. Será suplido por el subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio Hidalgo.

Hay que recordar, además, que el Gobierno ha querido acelerar el calendario parlamentario para que la tramitación de los Presupuestos en el Congreso dure apenas un mes. Los días 11 y 12 de noviembre serían los más determinantes por ser los elegidos para el debate la totalidad de las cuentas públicas, un trámite que el Gobierno tiene prácticamente en el bolsillo superar. Después, las cuentas públicas pasarían al Senado, donde su discusión y aprobación supondría otro mes. El plan trazado es que los PGE puedan ser publicados en el BOE a lo largo del mes de enero.