Al final del camino, las cesiones económicas han servido de respuesta para apaciguar una crisis de más de 10 años. El acuerdo entre el Gobierno central y ERC para los Presupuestos Generales del Estado marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y Cataluña. Los choques de los últimos diez años entre administraciones, con inhabilitaciones, juicios, disturbios, votaciones ilegales e ingresos en prisión, siempre serán un argumento de unos y otros. Pero todo ello no ha impedido que finalmente haya un pacto que permitirá la supervivencia política de ambas partes. Al Ejecutivo de coalición le permite completar la legislatura. Mientras que a Esquerra le sitúa más cerca del control total de la Generalitat catalana gracias al PSC y los 'comuns'. Algo que parecía inviable hace una década. Cuando, precisamente, Artur Mas acabó con la hegemonía socialista en el Govern.
Fue en 2010 cuando el entonces líder de CiU ganó las elecciones con una mayoría amplia que le permitió convertirse en president. Entonces, fue el PSC de José Montilla el que facilitó su investidura tras abstenerse en la segunda votación, que requería una mayoría simple para el candidato. Pero en aquellos días, estalló una de las campañas consideradas como una de las que propició el auge del soberanismo y del enfrentamiento con el Estado: la del 'Espanya ens roba'. Las juventudes de CiU fueron las responsables de aquel vídeo, en el que un joven disfrazado con la bandera de España recorría las calles de Barcelona arrebatando las carteras de los viandantes. Meses después, Mas empezó a virar su discurso hacia el independentismo. La exigencia del pacto fiscal fue el inicio de todo. Y para confirmar la nueva estrategia, convocó elecciones dos años después para reforzar su liderazgo.
Esa llamada a las urnas cuando apenas había completado la mitad de la legislatura fue una respuesta a su falta de entendimiento con el Gobierno de Mariano Rajoy. Paradójicamente, fue el mismo PP del entonces jefe del Ejecutivo central el que permitió a Mas aprobar los presupuestos catalanes del 2012. Pero no haber logrado avances en el pacto fiscal fue el argumento del president para impulsar esos comicios. Aunque volvió a ganar, se dejó 12 escaños por el camino. A pesar de este aviso, que le discutía como líder del emergente procés, un pacto con la ERC de Oriol Junqueras le facilitó que siguiera como 'Molt Honorable'. Lo que fue el germen de la alianza que en los años siguientes formaron CiU y los republicanos por su planteamiento secesionista. Y que coincidió con los primeros indicios de casos de corrupción en Convergència, como el del Palau de la Música.
Lo llamativo de esta etapa es que crecieron dos suflés simultáneamente. A la vez que crecían las sospechas sobre qué hacía el entorno de Mas con el dinero público de ciertas instituciones, el discurso soberanista se multiplicaba por toda Cataluña. Y en medio de todo, CiU llevó a cabo numerosos recortes en ámbitos como la sanidad que generaron una gran contestación social. Fechas como la Diada llegaron a ser una demostración de fuerza, con cientos de miles de catalanes que reclamaban el derecho a decidir que su Govern exigía a Madrid. El Parlament controlado por el independentismo también movió ficha, aprobando la Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Lo que produjo las primeras divisiones entre quienes querían la independencia, aquellos que se limitaban a apoyar una consulta para que la ciudadanía eligiera y los que rechazaban cualquiera de las dos opciones. La presión por parte de Mas y sus socios de ERC no paraba de crecer. El enfrentamiento era diario. Y llevó al colofón del 9-N de 2014.
Aquel intento de referéndum fue impugnado dos veces por el Gobierno central. Finalmente, quedó en un acto simbólico muy descafeinado, ya que el propio Mas tuvo que rebajar la importancia de la misma al admitir que no contaba con ningún valor legal. La votación fue muy defendida por Convergència y ERC, debido al resultado favorable a su planteamiento de ruptura con España. Incluso aunque apenas participó algo más del 35% del censo que manejaba la Generalitat. Pero el president y Oriol Junqueras decidieron ir más allá siendo conscientes de que Rajoy no iba a ceder y aun poniéndose en contra al PSOE. Así surgió la candidatura unitaria de Junts pel Sí, con la que fueron adelante aun con varios desacuerdos que provocaron que el president acabara yendo de número 4 en la lista electoral. La apuesta no salió del todo bien, ya que no superaron esa barrera psicológica de la mitad de los votos del electorado. Aun así, sus planes no variaron.
La victoria de la confluencia de Convergència y ERC supuso el inicio del camino que llevó a la consulta del 1 de octubre de 2017. Una senda que le tocó liderar a Carles Puigdemont, debido al rechazo de la CUP de que Mas repitiera. Los recelos entre los socios eran constantes, pero les unía el objetivo. A pesar de que en Esquerra admitían que resultaba extraño su pacto con el partido del 'pujolismo', inmerso en varias causas de corrupción. El mismo que, en los años previos, había llevado a cabo esos recortes sociales. Pero el 1-O se celebró, a pesar de que el Ejecutivo de Rajoy aseguró que no habría ni urnas ni colegios abiertos. El dispositivo policial actuó con dureza, dejando cientos de imágenes de cargas de los agentes que aumentaron la brecha entre el independentismo y el resto del país. Lo que motivó aún más a Puigdemont y Junqueras, con el primero declarando la independencia en el Parlament para segundos después admitir que no podía desarrollarla. Días después, se fugó a Bélgica. Sabía que la Justicia iba a empezar a actuar.
La Audiencia Nacional decretó prisiones preventivas sobre Junqueras y otros consellers como Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull o Dolors Bassa, que se sumaron a los ya encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por los disturbios días antes del 1-O frente a la Consellería de Economía catalana. Además, en las elecciones convocadas tras la consulta, ganó Ciudadanos. Un aviso que no impidió que la nueva marca de Puigdemont, Junta per Catalunya, y Esquerra se entendieran para controlar de nuevo el Govern, con Quim Torra como president. La judicialización del procés llevó a que el choque Madrid-Barcelona se agudizara aún más. Pero también fue clave para el otro hecho histórico de la década: la moción de censura contra Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa. Convergència, ya rebautizado como PDeCAT, y ERC apoyaron al socialista en la votación convocada tras conocerse la sentencia del caso Gürtel. El nuevo presidente prometió diálogo. Y los independentistas recogieron el guante.
El juicio contra los líderes del procés comenzó el 12 de febrero de 2019. Un día después, ERC fue clave para que el Congreso tumbara los primeros Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez. Lo que desencadenó la convocatoria de elecciones dos meses después. Entonces, y aunque el Ejecutivo socialista insistía en el diálogo, tanto los republicanos como el nuevo PDeCAT aludían a que se estaba juzgando a sus "presos políticos". La sentencia del procés tampoco ayudó a que mejoraran las relaciones, con los disturbios que se produjeron a mediados de octubre del año pasado como el mejor ejemplo. Y unas semanas después, se iban a repetir los comicios por los desacuerdos entre PSOE y Unidas Podemos para gobernar juntos incluso aunque Esquerra les ofreció su abstención.
Tras consolidarse el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con apoyo del Grupo de ERC en el Congreso incluido, el 2020 comenzó con un nuevo Gobierno de coalición en Moncloa. No pasó ni un mes para que se confirmara el primer giro del independentismo: hubo reunión en Barcelona entre un president, Torra, y su homólogo a nivel estatal. Lo que fue posible tras la intermediación de ERC, aumentando así la brecha del partido de Junqueras con la antigua Convergència por actuar de manera independiente. Días después, Moncloa acogió la primera reunión de la llamada Mesa de Diálogo. El resultado fue satisfactorio para ambas partes, y se emplazaron para celebrar encuentros de manera periódica para dar una "solución política" a un conflicto que, en palabras de Sánchez, también era político.
La pandemia alteró todos los planes. No hubo más citas a este nivel. Pero aquello marcó un antes y un después en la relación de Esquerra y el nuevo Gobierno. Sánchez nunca se cerró a negociar con una formación que a pesar de no renunciar a una "República catalana", no ha mostrado ninguna intención de volver a los años de hostilidad previos. Y como ocurrió en la investidura del líder socialista, ERC ha vuelto a ser un socio prioritario para los Presupuestos Generales del Estado. A cambio, más de dos mil millones en inversiones, el control de la gestión del Ingreso Mínimo Vital y una relación mucho más directa para gestionar la parte de los fondos europeos que responderá a Cataluña. Y de paso, abrir una vía de choque con Madrid a cuenta de su fiscalidad. El ciclo que comenzó más se cierra con este entendimiento gracias a las cuentas públicas. Al final, la economía y las cesiones en este ámbito fueron la respuesta.
