El PP está estudiando recurrir ante el Tribunal Constitucional las más de treinta leyes que el Gobierno ha camuflado en los Presupuestos Generales de 2021 y que no tienen nada que ver con la materia del proyecto de ley. Son treinta y cuatro disposiciones finales introducidas en las cuentas públicas que contemplan modificaciones en otras tantas normas en vigor ya convalidadas. Los letrados del Congreso de los Diputados han cuestionado está maniobra del Ministerio de Hacienda y ahora el equipo de Pablo Casado está analizando presentar un recurso de inconstitucionalidad una vez aprobados los PGE el próximo 29 de diciembre.
Modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de tropa y marinería. Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego. Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Modificación del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre... Son solo algunos de los más de treinta cambios normativos que introdujo el Gobierno en los PGE del próximo año que ya han superado el segundo trámite en el Congreso y que, previsiblemente, harán lo propio en el Senado para que entren en vigor el 1 de enero.
La maniobra de Hacienda ya fue puesta en entredicho por los letrados de la Cámara Baja: consideran que dicha modificación de más de una treintena de leyes debe ser ajena a los Presupuestos. Su conclusión es que no se puede hurtar a las cámaras del procedimiento parlamentario regular incluyendo estos cambios en las cuentas públicas como si fuera un cajón de sastre. Pero el Gobierno decidió hacer caso omiso a estos letrados y continuó adelante con las disposiciones finales del proyecto de ley.
El PP ya ha puesto a su equipo jurídico a funcionar, según explican a La Información fuentes de Génova. Denuncian, y coinciden con los letrados de las Cortes, que estos cambios deberían ser independientes a la normativa presupuestaria y ser presentados en el Parlamento en forma, por ejemplo, de decreto para poder debatirse, enmendarse y, en definitiva, seguir su propio trámite. Por eso otean que, en vista de que el proyecto de ley está a punto de ser aprobado, la única solución que los queda es presentar un recurso de inconstitucionalidad ante un tribunal que ya tumbó esta estrategia que utilizaban los gobiernos de Felipe González, primero, y de José María Aznar, después.
Hay algunas disposiciones finales que chirrían especialmente en el PP. Una de ellas es la trigésima primera, "Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público", en la que se reflota la figura de las agencias estatales, suprimidas durante el Gobierno de Mariano Rajoy, como "organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado". La medida afecta a entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones o universidades no transferidas, que serán recuperadas si los PGE terminan entrando en vigor el 1 de enero.
Otra disposición adicional que camufla normativa que debería ser independiente es la cuadragésima: "Promoción de fondos de pensiones públicos de empleo" ligado al departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá. "En el plazo máximo de doce meses, el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo en el que se atribuya a la Administración General del Estado capacidad legal para su promoción", se puede leer en los PGE. Otra cuestión que nada tiene que ver con las cuentas públicas.
La maniobra del Gobierno de coalición con estas disposiciones finales en los PGE recuerda a las famosas "leyes de acompañamiento" que imperaron en los ochenta y noventa como normativa escoba. Fue el Grupo Parlamentario Socialista el que interpuso en el año 1999 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social del Gobierno del PP. El alto tribunal avaló entonces la constitucionalidad de esas leyes de acompañamiento pero estableció que es necesario que las enmiendas incluidas en las cuentas públicas tengan relación con el proyecto de ley para evitar un uso indebido de este derecho en las Cortes Generales.
El magistrado Manuel Aragón emitió en esa sentencia histórica un voto particular argumentando que para él aquella táctica que emplearon los gobiernos socialista y popular sería claramente inconstitucional porque, según consideró, introducir en los Presupuestos Generales modificaciones de otras leyes comunes podría ser un intento de regulación de otros asuntos que nada tienen que ver con las cuentas públicas. Se hurtaría al Parlamento del consiguiente debate independiente. Una doctrina en la que el PP ahora podría apoyarse para ese recurso que está estudiando.
El Gobierno ya tiene los apoyos presupuestarios amarrados para aprobar antes de final de año los Presupuestos de forma definitiva. Este viernes finaliza en el Senado las comparecencias de los altos cargos y las dos próximas semanas serán escenarios del debate y votación de enmiendas de totalidad y parciales. PSOE y Unidas Podemos cuentan con el apoyo de ERC y EH Bildu también en la Cámara Alta para sacar adelante los plenos.
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