En el PSOE lo tienen claro: sin Ley de Vivienda y sin regulación del precio de los alquileres no habrá Presupuestos claros. Ministros del área económica vinculan la negociación de las cuentas públicas de 2022 con sus socios de coalición al devenir de la norma que va a acumular, en septiembre, siete meses de retraso. En Unidas Podemos también lo tienen claro ya que el acuerdo que cerraron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para aprobar los PGE de 2021 es para ellos innegociable. "Pacta sunt servanda", insisten.
La negociación presupuestaria ya ha comenzado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ya se vieron este lunes y van a volver a encontrarse el jueves. De esta segunda reunión saldrá la primera foto de unidad. Pero las posturas iniciales no están cercanas. Al contrario. La Ley de Vivienda y la reforma fiscal son para Unidas Podemos una prioridad. El PSOE lo sabe y por eso asume que la negociación paralela al proyecto de ley que garantizaría a Sánchez completar la legislatura con comodidad no va a ser sencilla.
Para Unidas Podemos la Ley de Vivienda es, en efecto, una prioridad. O una línea roja, según se mire. Y saben que en la negociación presupuestaria tienen una 'bala de plata'. Ya ocurrió el año pasado. Sánchez e Iglesias tuvieron sus más y sus menos para cerrar el proyecto de ley y a última hora, con la colaboración de Iván Redondo y Juanma del Olmo, sus escuderos entonces, alcanzaron el pacto para aprobar la Ley de Vivienda y mejorar el Ingreso Mínimo Vital. Ha pasado casi un año de aquello y las negociaciones han entrado en barrena. En Unidas Podemos, en definitiva, presionan al PSOE para cumplir con ese pacto que ofrecería un mecanismo a comunidades autónomas y ayuntamientos para bajar los alquileres en zonas de mercado tensionadas.
Para Unidas Podemos la Ley de Vivienda es una prioridad, una línea roja
El principal problema de la Ley de Vivienda sigue estando en esa regulación de los alquileres. El último intercambio de papeles acabó mal. El Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, trasladó a sus socios de Unidas Podemos una propuesta en la que planteaban dos novedades: un mecanismo, sin concretar, para poder bajar los precios de los arrendamientos y, a su vez, la posibilidad de subir un 10% determinados contratos. Este segundo punto provocó una crisis con los morados que ha reclamado eliminarlo de la negociación.
Desde entonces no ha habido ningún avance. Y desde ese contacto ha pasado ya casi un mes. La nueva ministra Sánchez recibió este miércoles a Belarra en la sede de su departamento. Antes ambas se habían encontrado en los Consejos de Ministros. Incluso en el primer cónclave hablaron brevemente sobre la posibilidad de retomar la negociación donde la dejó Ábalos y avanzar. Y ahora llega el primer contacto, de momento sin novedades.
La ministra de Transportes, además, ha decidido confirmar al equipo de Ábalos que negociaba la Ley de Vivienda. Continúa David Lucas como secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, el hombre clave de todas las conversaciones. Y Sánchez hereda también a Ricardo Mar, jefe de gabinete del exministro. Se espera continuidad, por tanto, por parte de los socialistas. Una fuente añade: "Que Sánchez, en su etapa de alcaldesa de Gavá, declarara el municipio como área de mercado tensionada y reguló el precio de los alquileres no significa que la negociación se vaya a desbloquear de forma inmediata". Así está siendo, al menos hasta ahora.
La Ley de Vivienda no es el único motivo de división en la coalición de cara a la negociación presupuestaria. Los impuestos también enfrentan al PSOE, que prefiere esperar a las conclusiones del Comité de Expertos de Hacienda, cuyos trabajos no finalizarán hasta el próximo año, y Unidas Podemos, que plantea introducir en esas cuentas de 2022 subidas fiscales a las rentas más altas y a las grandes empresas. Fijar, por tanto, las bases de una reforma fiscal más ampliar para próximos años. Con ese objetivo, el área gubernamental dirigida por Yolanda Díaz va a intentar introducir en el pacto presupuestario el compromiso al que se ha llegado en la OCDE sobre un Impuesto de Sociedades global de un mínimo del 15%. Álvarez peleará por esa medida que ya pudo introducir en el pacto de Gobierno. Punto 10.2: "Se reformará [Sociedades] garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos".
Tampoco hay buena sintonía a la hora de hablar sobre el Salario Mínimo. Lo ocurrido en las últimas horas es sintomático. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, venía defendiendo que la subida, si llegaba, se ejecutaría en 2022. Pero este martes, coincidiendo con la presentación del nuevo cuadro macroeconómico hubo un cambio de discurso, abriéndose a una negociación en septiembre. El giro, según ha podido saber La Información, es fruto de una negociación privada que llevan manteniendo desde hace varias semanas Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Ellos también tendrán la última palabra sobre los PGE de 2022.
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