Moncloa ha activado la 'Operación Presupuestos'. El Gobierno ha efectuado varios movimientos estratégicos en las últimas horas encaminados a la iniciar la negociación de la considerada clave de bóveda del proyecto de la coalición: la aprobación de las cuentas públicas de 2021. La estrategia la llevan al unísono Moncloa y el Ministerio de Hacienda para que la ley salga del consejo de ministros camino del Congreso en la última semana de octubre. De hecho, ya han comenzado a contactar con una parte del bloque de la investidura para, si todo marcha como pretenden, tener el proyecto de ley aprobado antes del 31 de enero. El Ejecutivo quiere pisar el acelerador y augura un calendario de alto ritmo en los próximos tres meses.
La fecha límite marcada por el Gobierno es ese 31-E. Hacienda quiere tener publicados en el BOE los PGE del próximo año antes de esa fecha y por eso ya ha activado una maquinaria con varios frentes abiertos. Todo ello sin tener aún cerrado el borrador que van a firmar y presentar al alimón Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en cuestión de días. Se está ultimando tanto el documento como el acto. ¿Qué falta? El visto bueno final del presidente y vicepresidente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han avanzado con cierta sintonía, pero faltan "flecos" que solo pueden cerrar sus líderes.
Está en el aire, por ejemplo, determinados aspectos de la reforma fiscal, entre ellos la subida del IVA a la educación y sanidad privada, acabando con determinadas exenciones. Es un asunto que sigue sobre la mesa y que se despejará en las próximas jornadas. También hay asuntos sociales en los que no termina de haber sintonía total, pero se está limando las diferencias para caminar hacia un acuerdo conjunto.
El equipo de Montero ha iniciado ya el cortejo a los grupos parlamentarios y lo ha hecho de forma tímida, sin, de momento, ir de la mano de Unidas Podemos. Hay que recordar que esa actitud ya generó algún roce en la coalición a la vuelta del verano y tuvo que ser solventada por Sánchez e Iglesias activando a sus dos negociadores para que trabajaran juntos. La titular de Hacienda ya ha mantenido conversaciones "informales", según el Ministerio, con ERC, uno de los partidos que será determinante en el trámite parlamentario. El objetivo es "acelerar al máximo", en palabras de Hacienda, y por eso ya están allanando el terreno.
Han sido meros tanteos con el partido dirigido por Oriol Junqueras, tanto presenciales como por whatsapp, a modo de sondeo preliminar, para ir configurando los equipos negociadores, hablar de los fondos europeos (se repartirán más de 27.000 millones en el proyecto de ley de 2021) y, según ERC, dejar claro a Hacienda que su presencia en esa suma es incompatible con la de Cs. "Somos el agua y el aceite", insiste desde el grupo dirigido por Gabriel Rufián. En Esquerra cuentan también con reactivar la Mesa bilateral con el Govern, tal y como acordaron en el pacto de investidura.
En cualquier caso el calendario fijado por Moncloa constituye un caramelo envenenado para ERC. Esencialmente por el calendario. La votación de PGE se desarrollará antes de las elecciones catalanas anunciadas por Roger Torrent para el 14 de febrero pero aún no convocadas. El escenario podría exigir a los republicanos 'mojarse' en el Congreso a escasas jornadas de la cita con las autonómicas y podría llevar al Gobierno a tener que mirar a otro lado del arco parlamentario. Por eso Cs y JxCAT también están en terna negociadora.
Moncloa también ha dado orden de activar la negociación política con la primera reunión semipública, a pesar de que no haya sido cerrado aún el citado borrador de PGE, con uno de los socios que le llevaron a La Moncloa. Tendrá lugar este miércoles en el Congreso. El gabinete de la ministra Montero contactó con Íñigo Errejón (Más País) y Joan Baldoví (Compromís) para convocar una cita tras la sesión de control al Gobierno. ¿Objetivo? Tantear el terreno, aunque aún no haya papeles que intercambiar. Aseguran que no estará la ministra, sino personal de su gabinete y que el objetivo es conocer "qué ideas tienen" los miembros del Grupo Plural. También acudirá un técnico del área de Unidas Podemos en el Ejecutivo de coalición.
Ciudadanos: negociación abierta y canal directo con Moncloa
Con Cs el PSOE mantiene una negociación abierta. La protagonizan Félix Bolaños, secretario general de Presidencia, con Carlos Cuadrado, vicesecretario del partido con sede en la calle Alcalá. También hay relación a través de los grupos parlamentarios y Sánchez y Arrimadas también tienen una vía de comunicación que no se ha cerrado. La intención de la formación naranja es sentarse dialogar con el Gobierno, con el ala socialista, hasta el final. Ni el cambio de la ley para renovar el CGPJ les va a levantar de la mesa.
Otro movimiento que ha efectuado el Gobierno en las últimas horas ha sido llevar al Congreso la votación sobre la suspensión de las reglas fiscales que anunció Montero la semana pasada. En concreto, la Junta de Portavoces incluyó en el orden del día del Pleno de la próxima semana el debate y votación de esta iniciativa para que las diferentes instituciones puedan superar los límites de déficit y de deuda pública establecidos. Ello implicará, de forma paralela, el visto bueno de la Cámara Baja al mayor techo de gasto de la historia. Lo hará a través de la modificación del artículo 135.4 de la Constitución que contempla que en caso de "catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria" pueda suspenderse dicha situación. PSOE y Unidas Podemos necesitan mayoría absoluta en una votación que tendrá lugar horas antes de la moción de censura de Vox.
El Gobierno, en definitiva, ha empezado a pisar el acelerador de los PGE para tenerlos listos a lo largo del mes de enero, en tres meses. En Hacienda dicen que "da tiempo" pero para eso hay que exprimir el 'timing'. Los grupos parlamentarios en el Congreso ya están en preaviso. El calendario de tramitación lo va a fijar la Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces y ahí PSOE y UP tienen mayoría. En el proyecto de ley de 2019 que finalmente tumbó ERC, por ejemplo, la Mesa fijó un periodo de dos meses entre la entrada de los PGE y la aprobación por el Pleno del Dictamen de la Comisión.
A continuación las cuentas públicas irían al Senado, donde se seguiría un procedimiento que tiene una duración máxima de un mes, tal y como establece su propio Reglamento. El calendario en el Palacio de la calle Bailén, por tanto, es más ágil. En caso de que se produjera cualquier modificación en el texto remitido por la Cámara Baja, o si se aprueba un veto a los Presupuestos, éstos tendrían que volver al Pleno del Congreso, para que decida si mantiene o revoca los cambios o, en su caso, levanta el veto. Pero si la Cámara Alta no incluye modificaciones, los PGE quedarían aprobados y listos para ser publicados en el Boletín Oficial del Estado y entrar en vigor.
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