La excúpula del BBVA se desligó en sede judicial de los conceptos presuntamente inflados que recogerían las facturas giradas a Villarejo desde la entidad pero los albaranes aportados a la causa y que obran en el sumario de esta pieza del caso Tándem demuestran cómo se llegaron a pagar más de 2 millones de euros por primas de éxito y honorarios que vendrían a ocultar una retribución 'paralela' a las empresas del agente encubierto las cuáles facturaron un total de 10,3 millones en los 13 años de relación laboral que mantuvieron ambas partes.
Tal es así que se autorizaron pagos por primas de éxito que oscilan entre los 28.000 euros y los 2.130.299 euros de acuerdo con la documentación que integra el sumario de la causa y al que ha tenido acceso parcialmente La Información. También se pagaron servicios a las empresas del comisario jubilado por provisiones de fondos así como honorarios "por asesoramiento continuado en el análisis de información, localización de patrimonios y servicios de inteligencia comercial y corporativa" de acuerdo con los contratos firmados entre el banco y el agente encubierto entre los años 2004 y 2017 y que, según la Fiscalía Anticorrupción, serían constitutivos de delito por encontrarse Villarejo en activo en la Policía Nacional.
No obstante, las facturas aportadas al macroproceso Tándem también recogerían otros servicios como, por ejemplo, "vigilancia y protección de personal de alta dirección de BBVA" por 211.000 euros o evaluación de amenaza yihadista por 175.000 euros. Con todo, la Fiscalía Anticorrupción se hizo eco del informe 'forensic' elaborado por PwC el 11 de junio de 2019, sobre el proceso de facturación al entramado empresarial de Villarejo y el cual viene a determinar que no se llevó a cabo siguiendo el cauce legal establecido por el sistema de 'compliance' de la entidad.
Los departamentos 'puente' con Cenyt
De hecho, el Ministerio Público se apoya en las conclusiones recogidas por el auditor en julio de 2019 para sustentar su petición de imputación al que fuera presidente de la entidad, Francisco González, así como otros directivos tales como Juan Asúa o el exresponsable del control interno del banco, Eduardo Arbizu. "En el informe de PwC se corrobora lo manifestado por Antonio Béjar González en sus declaraciones sobre cómo las facturas que se abonaron por esos contratos de investigación patrimonial eran 'facturas financieras', es decir, sin un pedido previo y sin que se siguieran los cauces normados y automatizados en los sistemas", reza el escrito de Anticorrupción.
Como ejemplo explica el escrito que se emitieron tres facturas financieras en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y ese mismo mes de 2015 por un importe total de 100.000 euros, las cuáles habrían sido verificadas por el entonces director de Riesgos del Grupo, Manuel Castro, y su homólogo en España y Portugal, Ignacio Pérez Caballero, ambos investigados en esta parte concreta del caso Tándem. Igualmente, dichos documentos fueron autorizados por los también imputados Ricardo Gómez Barrero y Beatriz Aguiriano, perteneciente esta última al departamento de contabilidad.
La primera batería de imputaciones acordada en la pieza novena por el magistrado Manuel García Castellón a petición de la Fiscalía se produjo precisamente para los responsables de los departamentos desde donde salieron los pagos por importe total de 10,3 millones de euros. Sin embargo, el avance de las diligencias, la documentación aportada a la causa por el BBVA y los interrogatorios prestados por el directivo 'díscolo' Antonio Béjar, llevaron a los investigadores a estrechar el cerco en la figura del que fuera consejero delegado de la entidad Ángel Cano y el expresidente Francisco González.
Proyectos Fish, Summer y King
Precisamente, preguntado por el asunto de las primas, el banquero negó en sede judicial el pasado 18 de noviembre tener conocimiento alguno de las retribuciones pactadas con Cenyt y se limitó a delegar este tipo de acuerdos comerciales al departamento de Seguridad de la entidad, a cuyo frente se encontraba el comisario jubilado Julio Corrochano. El avance de las pesquisas llevó al Ministerio Fiscal a incorporar el documento "seguimientos-proyectos" según el cual se habrían pagado los proyectos 'Fish, Summer y King' al entramado empresarial de Villarejo con conceptos tales como provisión de fondos y primas de éxito por localización de bienes.
Dichos importes, según la tesis de Anticorrupción, se corresponderían con las liquidaciones efectuadas por las respectivas áreas de Riesgos y de Servicios Jurídicos y con las facturas abonadas. De hecho, esta misma tesis la mantuvo el exdirector de Riesgos del banco, Antonio Béjar, en sus interrogatorios en la Audiencia Nacional. El expresidente de Distrito Castellana Norte se desvinculó del resto de directivos imputados y mostró desde un primer momento su intención de colaborar con la Justicia apuntando que desde el departamento que dirigía se ordenó en muchas ocasiones cambiar los conceptos de investigaciones patrimoniales así como que la decisión de pasar de trabajar con Kroll a contratar a Villarejo vino de la cúpula de la entidad; en concreto de Francisco González y de Arbizu.
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