El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, afronta su primera querella en el Tribunal Supremo por el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en plena investigación judicial por el 8-M. El escrito, que lo firma Ramón Trillo (hijo del expresidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo) arremete duramente contra el responsable del Interior por encubrir, presuntamente, los motivos reales de la destitución "perpetrada con nocturnidad y alevosía" del alto mando, además de por ordenar ocultar el documento reservado sobre su cese.
De acuerdo con el escrito, al que ha tenido acceso La Información, estos hechos que provocaron una verdadera crisis en su departamento, serían constitutivos de los delitos de encubrimiento y abandono de destino. El querellante apunta al ministro por camuflar la decisión adoptada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y trasladada al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. A éstos les atribuye delito de conspiración para cometer relevación de secretos y proposición para cometer infidelidad en la custodia de documentos, si bien no actúa contra ellos porque no están aforados y, por tanto, el Supremo no es competente para su investigación.
delitos penados con prisión
- El encubrimiento lleva aparejado penas de cárcel entre los seis meses y tres años. El abandono de destino de uno a cuatro años.
Según se desprende del relato de los hechos, ambos altos cargos serían los responsables del fulminante cese el domingo 24 de mayo del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, por negarse a ofrecer detalles de la investigación penal que seguían los juzgados de Plaza Castilla contra el delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco. Es por ello que, además de pedir que abra investigación penal contra el ministro, reclama que declaren como testigos estos dos cargos, el propio De los Cobos y sus superiores, el general José Antonio Berrocal y el teniente Fernando Santafé. Estos dos últimos fueron los que, siguiendo la cadena de mandos establecida, le llamaron en primer lugar aquel domingo para interesarse por el atestado del caso que estaban elaborando sus subordinados en funciones de Policía Judicial.
"Ilícito concierto de voluntades"
La querella, de 23 páginas, hace un recorrido de los hechos desde el mismo momento en que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel incoa diligencias en marzo y designa a los agentes de esta comandancia. Ya entonces advirtió de la necesidad de mantener en secreto las diligencias, como luego insistió en otros oficios remitidos incluso al Ministerio del Interior. El querellante explica que Marlaska ocultó las verdaderas razones del cese de De los Cobos y que, prueba de ello, es el documento de carácter reservado que desveló el diario El Confidencial y según el cual las razones para apartarle de su puesto se debían a "pérdida de confianza" por no informar "del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil", en alusión indirecta al caso del 8-M.
El escrito recalca que la directora de la Guardia Civil era plenamente consciente de la orden judicial "directa expresa y concreta" de la magistrada a los agentes acerca del secreto de las actuaciones y, pese a ello, le exigió aquel domingo información detallada del informe que carga contra el Gobierno por su gestión de la crisis. De acuerdo con el relato de los hechos, se respetó la cadena de mando de manera que primero le llamó Berrocal, el cual únicamente "se limitó a interesar" si sus subordinados habían terminado el atestado. Al no obtener respuesta del coronel, que dijo desconocer en qué punto se encontraban las pesquisas, le llamó el teniente general Santafé. El entonces número tres de la Guardia Civil pidió detalles del caso teniendo de nuevo la misma respuesta. Ello motivó que la tercera llamada fuera de María Gámez.
Asunto "muy sensible" para el Gobierno
La directora de la Guardia Civil le aclaró que era un asunto "muy sensible" para el Gobierno si bien, la imposibilidad a la que aludió De los Cobos para informarle derivó en que Gámez le comunicara su cese que ya había firmado minutos antes. A partir de ahí, y siempre según el escrito, Marlaska, desplegó "toda una serie de actuaciones conducentes a encubrir los delitos que le constaban habían sido cometidos y dejarlos impunes". Las mismas consistieron, por un lado, en tapar "los verdaderos motivos del cese" a la opinión pública, y por otro, en ordenar ocultar la nota interna de Interior que acabó filtrándose en prensa. De hecho, recoge el querellante que el ministro cambió de versión hasta en tres ocasiones entre los días 26 de mayo y 3 de junio durante sus comparecencias en el Consejo de Ministros, Congreso y Senado.
"Para entonces, el querellado conocía con exactitud todos los pormenores que habían llevado al cese en su destino del coronel, toda vez que había sido debidamente instruido por el secretario de Estado de Seguridad", reza el escrito, el cual se ampara en la Ley 29/2014 de Régimen Personal de la Guardia Civil según la cual el cometido de su directora es informar al ministro sobre la ejecución de la política de personal; hechos entre los que se enmarca la destitución de De los Cobos. Al respecto explica Trillo que, aunque en un primer momento achacó el ministro este movimiento a la "reconstitución de nuevos equipos", luego ofreció una segunda versión en sede parlamentaria dudando de la imparcialidad del coronel y una tercera tras conocerse la nota secreta de su salida.
En esta tercera explicación aludió a filtraciones en prensa del atestado que la Policía Judicial entregó a la juez el jueves 21 de mayo. Al respecto precisa la querella que la primera aparición del atestado como tal en los medios de comunicación se produjo el 26 de mayo; es decir, un día después de la destitución del coronel. "Pareciera que el querellado se encuentra empleando medios desproporcionados, en claro abuso de poder, de los que casi ilimitadamente dispone el Ministerio que dirige, abriendo 'ex post' una investigación que justifique una mentira", sentencia el escrito.
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