Sábado, 07.12.2019 - 09:43 h
Pide la pena más alta, 25 años de cárcel, para Junqueras

La Fiscalía avisa: el procés puso en riesgo la estabilidad económica de toda España

Acusa al exgobierno de Puigdemont de poner en marcha un "levantamiento" salpicado de "actos de fuerza, agresión y violencia".

Junqueras llega a la Audiencia Nacional (archivo)
La Fiscalía ha pedido 25 años de cárcel por rebelión.

La deriva independentista en Cataluña no solo tuvo consecuencias políticas sino que también supuso un "enorme riesgo" para la estabilidad económica de toda España, de acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales que la Fiscalía ha dado a conocer este viernes para todos los acusados por el 'procés'.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que se produjo "un levantamiento generalizado salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia" pide penas de cárcel que alcanzan los 25 años, como es el caso del exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras, a quien atribuye delito de rebelión y malversación de caudales públicos. Le considera promotor de la deriva secesionista catalana junto con Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Los fiscales de la causa del 'procés' consideran que 9 de los 18 líderes independentistas cometieron delito de rebelión con la convocatoria del referéndum ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia. Así, tras imponer la pena más alta para el que fuera número 'dos' de Carles Puigdemont; solicita 17 años de prisión para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, al frente de las entidades soberanistas ANC y Òmnium, respectivamente, en el momento de los hechos. 

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell también afronta 17 años de cárcel. Uno menos pide la Fiscalía para Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa, todos ellos exmiembros del gobierno de Puigdemont. El resto de exconsejeros, como Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila, se enfrentan a una pena de siete años de prisión por delito de malversación de caudales y desobediencia grave. 

Por contra, no solicita cárcel para los exmiembros de la Mesa del Parlament, esto es para Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet, aunque sí multa de 30.000 euros por delito continuado de desobediencia grave. Les acusa de "incumplir" la prohibición expresa del Tribunal Constitucional y admitir a trámite las propuestas referidas al referéndum del 1-O y del proceso constituyente. 

Finalmente pide multa también de 30.000 para Mireia Boya, en calidad de portavoz del grupo parlamentario de la CUP en el momento de los hechos. Recuerda que, después de la aprobación de las conocidas como leyes de desconexión, los grupos parlamentarios de Junts Pel Sí y la CUP "en un acto solemne" firmaron la declaración independentista que daría lugar a una "república catalana".

Burla al control de las cuentas con gastos de 250.000 euros

Según describen los representantes del Ministerio Público, los preparativos del 'procés' se hicieron "burlando el control estatal de las cuentas de la Generalitat". Recuerdan que la delicada situación de Cataluña se remonta a 2015 cuando se hizo público el impago a las farmacias y otros servicios, lo que propició la aplicación de medidas tales como restricciones al pago de las facturas a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Pese al creciente control sobre las cuentas catalanas, plasmado en el Acuerdo de 15 de septiembre de 2017, el gobierno procesado, con Junqueras a la cabeza, autorizó a los distintos departamentos a que realizaran las contrataciones que fueran necesarias para garantizar la realización del referéndum. Las cuantías de muchas partidas ascendieron en muchos casos a los 250.000 euros.

Así, se gastaron 900.906 euros en el alquiler de más de 2.000 locales; más de 266.496 euros en publicidad a favor del referéndum o 979.661 euros en lo que respecta al suministro de papeletas y censo electoral. También recoge la Fiscalía el gasto destinado a la creación de toda la logística como páginas web, aplicaciones y plataformas aunque no determina la cuantía final.

"Pretendían orillar la aplicación de la legalidad"

De acuerdo con el relato de los hechos que hace el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones, el plan secesionista de los líderes independentistas contemplaba "la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban".

Además va más allá y asegura que la actuación de todos ellos "pretendía orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria", declarar la independencia de Cataluña y obligar al Estado a aceptar la separación de este territorio. Todos ellos hechos que "estuvieron a punto de lograr" con la fallida DUI del 27 de octubre.

Destaca especialmente el papel que jugaron los procesados en movilizar a la ciudadanía a votar en el referéndum y ello pese a la advertencia de los Mossos d'Esquadra, a cuyo mando se encontraba Josep Lluis Trapero, de que el ambiente de tensión que se respiraba hacía "altamente probable que se produjera una escalada de violencia con brotes importantes de enfrentamiento" durante la jornada de votación.

El escrito del Ministerio Público se produce tras la apertura de juicio oral por parte del Tribunal Supremo el pasado 25 de octubre contra 18 procesados en esta causa. De esta manera, se daba por buena la instrucción de la causa que ha realizado el magistrado Pablo Llarena y se activaba el plazo para que las partes presentaran sus alegaciones.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo el magistrado instructor procesó a un total 25 personas si bien la Sala de lo Penal solo ha abierto juicio oral para 18 de ellas puesto que el resto se encuentran en rebeldía. Se trata del expresidente catalán Carles Puigdemont, los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluis Puig y las exdiputadas Anna Gabriel (CUP) y Marta Rovira (ERC).

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios
NOTRACKING