Procuraduría colombiana impugna medida que restituyó al alcalde de Bogotá

Bogotá, 25 abr.- El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, impugnó hoy el recurso de amparo que restituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y pidió a la Corte Suprema de Justicia que lo suspenda de manera inmediata.

La impugnación fue presentada ante la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que concedió la tutela (recurso de amparo), y que deberá remitirla a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

En la impugnación, la Procuraduría presenta los argumentos jurídicos y constitucionales por los que, a su juicio, se debe revocar la decisión judicial que ordenó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, devolverle el cargo a Petro acatando las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Antes de radicar el documento, Ordóñez había dicho a periodistas que el fallo "indujo al error" al presidente Santos el pasado martes al ordenarle la restitución de Petro.

Santos firmó el pasado 19 de marzo la destitución del alcalde, al acatar una orden de la Procuraduría que el 9 de diciembre de 2013 argumentó que el burgomaestre había cometido graves fallas durante la implantación del nuevo modelo de recolección de basuras un año antes.

Según la Constitución colombiana, la Procuraduría protege los derecho humanos y asegura su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo, ejerce el Ministerio Público y el control disciplinario de los funcionarios del Estado, inclusive los de elección popular, y representa a la sociedad, sin competencia penal.

Ordóñez presentó la impugnación por considerar que existen "indebidas e incorrectas" interpretaciones del ordenamiento jurídico colombiano en el fallo favorable a Petro.

De acuerdo con el procurador, la Sala Civil de Restitución de Tierras interpreta de manera "incorrecta" la legislación interamericana porque lo que el país está obligado a acatar es el Pacto de San José, pero no el reglamento interno de la CIDH, del cual forman parte las medidas cautelares.

Asimismo, Ordóñez sustenta que la Procuraduría sí tiene competencia en materia disciplinaria sobre los funcionarios públicos, "incluidos los de elección popular", como Petro.

Finalmente, el procurador general colombiano argumenta que la decisión de la CIDH reconoce derechos o ampara derechos políticos del alcalde de Bogotá, no de sus electores, y la tutela fallada a favor de Petro fue presentada por un ciudadano.