El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se da apenas doce meses para derogar los aspectos que considera más lesivos de la reforma laboral de 2012, la que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. El PSOE se compromete en su programa electoral para las elecciones del 10 de noviembre a liquidar parte de la legislación actual durante el primer año de legislatura, esto es, antes de que finalice 2020. Los socialistas redoblan así su apuesta en materia laboral y declaran la guerra a los empresarios, que ya han advertido de que la situación económica actual no es la ideal para abordar estos cambios. La economía ha entrado de lleno en la fase de desaceleración y en la patronal temen que la reversión de la reforma laboral que permitió a muchas empresas sobrevivir a la anterior crisis acabe por perjudicar a la creación de empleo.
Por eso la CEOE rechaza cualquier cambio en la legislación laboral, así como el encarecimiento de las cotizaciones sociales o subidas de impuestos. De momento, eso sí, en el programa del PSOE no hay ni rastro de la subida del Impuesto de Sociedades que hasta ahora venían prometiendo. De hecho, este mismo martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó en el Congreso de la Empresa Familiar que es necesario que el "tipo real" que pagan las grandes empresas se vaya aproximando al nominal, aunque sin llegar a reiterar la promesa electoral del PSOE de fijar un 15% como mínimo. Se respira, por tanto, cierta tregua en el ámbito fiscal.
En lo laboral, sin embargo, la guerra con los empresarios está abierta. La propuesta es ambiciosa por lo ajustado del calendario y fuentes de la patronal estiman incluso que "quizá demasiado". En la versión definitiva del programa electoral que acaban de hacer público, los socialistas aseguran que abrirán el proceso de diálogo con los agentes sociales "de forma inmediata". Un diálogo que acumula tiempo estancado, coincidiendo con el 'impasse' político que atraviesa el país desde las elecciones del 28 de abril, pues tanto desde las centrales sindicales CCOO y UGT como desde las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme admiten que hace semanas que no se reúnen.
Por eso, Sánchez se ha propuesto, de seguir gobernando tras el 10-N, darle un impulso al diálogo entre los interlocutores sociales. Lo más cerca que estuvieron de alcanzar el entendimiento sobre la derogación de ciertos aspectos de la reforma laboral del PP para, entre otros asuntos, recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos o la prevalencia del sectorial sobre el de empresa, fue en diciembre de 2018, cuando de hecho se llegó a anunciar un preacuerdo entre los sindicatos y el Gobierno, sin la CEOE. Un movimiento que indignó a los empresarios.
Tal y como lleva anunciando meses, el PSOE también plantea impulsar, con los agentes sociales, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que incentive la actividad económica y la creación de empleo digno, de calidad y estable, de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceder al empleo.
Asimismo, se comprometen a reforzar los medios para seguir avanzando en la Estrategia para el Trabajo Digno, revisando la normativa sobre el empleo a tiempo parcial, para prevenir su uso fraudulento y los falsos autónomos; así como la legislación sobre subcontratación laboral. Además, insisten en revisar la regulación del despido para "reforzar la protección de los trabajadores". En este punto, fuentes del PSOE confirman su intención de eliminar el despido objetivo por absentismo, una modalidad regulada en la reforma laboral de 2012 que acaba de avalar el Tribunal Constitucional.
El SMI y las pensiones
En cuanto a sus propósitos respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el PSOE no plantea grandes novedades sobre lo ya anunciado. Su intención sigue siendo la de subir el SMI hasta que represente el 60% del salario medio a final de legislatura. Un planteamiento en línea con las aspiraciones de los sindicatos. La patronal, por su parte, ya ha definido su posicionamiento y no apoyará nuevas subidas del salario mínimo en plena desaceleración económica y con la inflación en registros tan bajos, tal y como reveló La Información.
En materia de pensiones, el PSOE reitera que planteará a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, actualizándolas conforme al IPC real, y aumentando el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. Hasta que se alcance dicho Pacto, el partido de Pedro Sánchez asegura que seguirá actualizando las pensiones en función del IPC.
Si bien en su programa electoral los socialistas han evitado cuantificar el incremento de las pensiones en 2020. Se limitan a hacer referencia al "IPC real", mientras en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas el pasado 15 de octubre el Ejecutivo informó a las autoridades comunitarias de que pretende incrementar las prestaciones un 0,9% el próximo año. Fuentes del PSOE recuerdan que el Gobierno también se ha comprometido a abonar una 'paguilla' a los pensionistas en caso de que la inflación se desvíe por encima de lo previsto. En cualquier caso, Sánchez todavía no ha aclarado si aprobará la subida por real decreto ley antes de que acabe el año si continúa en funciones o lo hará cuando logre formar Gobierno.
Autónomos y funcionarios
El PSOE reitera en su programa su compromiso de impulsar la equiparación gradual de los derechos de los trabajadores autónomos con los de los trabajadores por cuenta ajena, así como de establecer una cotización acorde con sus ingresos reales. Asimismo, incentivará el emprendimiento fomentando el apoyo a autónomos y emprendedores.
En el caso de los funcionarios, el PSOE recuerda que el Gobierno subirá sus salarios un 2% en 2020, tal y como acordó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los sindicatos. E insiste en su compromiso de desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, fomentando la evaluación del desempeño y la carrera profesional, y de evitar el uso abusivo de la interinidad. Reitera además su intención de cumplir también en 2020 el acuerdo firmado por el Gobierno, los sindicatos y asociaciones profesionales de la Policía y la Guardia Civil para alcanzar la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos.
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