Panamá, 19 jun.- Las protestas callejeras opositoras obligaron hoy al presidente panameño, Ricardo Martinelli, a retirar del Parlamento sus propuestas para vender acciones del Estado en las empresas de servicios y designar a tres magistrados del Supremo.
La oposición política, agrupada en el recién creado Frente por la Democracia, celebró como una victoria la decisión del presidente, aunque anunció que se mantendrá "alerta" y continuará con el cronograma de manifestaciones públicas contra el Gobierno de Martinelli al que tacha de "corrupto" y "autoritario".
Flanqueado por su gabinete en pleno, el gobernante anunció desde el palacio presidencial que retiraba de la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de ley para legalizar la venta de las acciones públicas en las empresas telefónica y eléctricas, y otro para la ratificación de tres magistrados de la nueva Sala V del Supremo.
Ello, en aras de "velar por la conservación del orden público y la tranquilidad social" y "para propiciar un amplio debate y un consenso" en torno a ambos temas en la mesa de la Concertación Nacional, que aglutina a representantes de los sectores vivos del país, entre ellos los gremios, la academia y los sindicatos.
Martinelli invitó "a todos los sectores" a participar a partir de mañana en ese debate, con la mediación de la Iglesia católica.
El gobernante y magnate de supermercados también ordenó la suspensión de las sesiones extraordinarias legislativas, que convocó del 21 de mayo al 29 de junio, en las cuales la mayoría oficialista aprobó la creación de un Fondo de Ahorro que llevó aparejada una polémica alza del límite del déficit fiscal para este año.
Martinelli hizo esos anuncios después de que simpatizantes de la oposición, grupos sindicalistas y estudiantes quemaran neumáticos y lanzaran piedras contra la Policía que custodia desde esta mañana la sede de la Asamblea Nacional, en el centro de la capital panameña.
Los incidentes incluyeron enfrentamientos entre agentes antidisturbios y diputados opositores, mientras que dentro del Legislativo y por segundo día consecutivo, los parlamentarios de ambos bandos se intercambiaron insultos y se amenazaron con golpes en la continuación de una accidentada sesión que debió suspenderse ayer por la irrupción en el hemiciclo de grupos opositores.
La situación en las afueras del Parlamento amenazó con salirse de control, ya que grupúsculos de jóvenes con piedras y palos intentaron cometer actos vandálicos contra algunos comercios, que se vieron obligados a cerrar, aunque los incidentes no pasaron a mayores.
Juan Carlos Varela, vicepresidente del país, aplaudió la decisión del que fuera su aliado político en los comicios que llevó a ambos al poder en 2009, y la calificó de un triunfo del pueblo.
"Que el presidente entienda que se debe gobernar por consenso, respetando las instituciones del país, la separación de los poderes, y sobre todo, que comprenda que el patrimonio del pueblo le pertenece el pueblo", dijo Varela, líder del Partido Panameñista, en la oposición desde la ruptura de la coalición de Gobierno, hace casi un año.
El Partido Panameñista, el Revolucionario Democrático (PRD) y el Popular conformaron el pasado viernes el Frente por la Democracia, para enfrentar la amenaza a la "institucionalidad" y la "democracia" que, según ellos, representa el Gobierno de Martinelli.
Varela sostuvo que la venta del 49 % de las acciones de la telefónica Cable & Wireless y de las empresas de generación y distribución eléctrica que posee el Estado constituiría un "asalto al patrimonio del pueblo".
La designación de los magistrados de la Sala V del Supremo también es un asalto, pero a la "institucionalidad del país", añadió el vicepresidente y aspirante a ser candidato presidencial por el panameñismo en las elecciones de 2014.
La mayoría oficialista pretendía ratificar durante las sesiones extraordinarias la designación de los tres magistrados de la Sala V de la Corte Suprema, creada durante el Gobierno del Ernesto Pérez Balladares (1990-1994), pero para cuya instalación quedó pendiente el nombramiento de sus tres jueces.
La iniciativa de Martinelli de "resucitar" esta Sala es rechazada por la oposición porque, según sus dirigentes, permitirá a Martinelli "controlar" el Supremo al haber nombrado siete de los doce magistrados que la integrarán, lo que permite la ley.
Según la oposición, el gobernante puede utilizar esa situación para preparar su supuesta reelección inmediata, prohibida por la Constitución, o favorecer al candidato de su partido en las elecciones de 2014.
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