Vigilancias, seguimientos, filmaciones y sensores económicos (si fuera necesario). Así vendió a sus clientes José Manuel Villarejo su propuesta para espiar a los empresarios Javier e Ignacio Pérez-Dolset en plena pugna por el Grupo Zed, sociedad de la que eran dueños en un 45%. El comisario jubilado redactó en 2013 una propuesta de trabajo, que bautizó con el nombre de 'Proyecto Brod', de acuerdo con un oficio de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía del pasado mes de octubre en el que no identificaba al destinatario de esta oferta, aunque sí le ponía precio: 275.000 euros a abonar en los primeros cinco días de espionaje.
El informe policial, al que ha tenido acceso La Información, se emitió en el marco de la macrocausa Tándem que investiga todos los trabajos que realizó Villarejo desde el Grupo Cenyt mientras estaba en activo en la Policía Nacional. El desencriptado de más material incautado a su socio Rafael Redondo hizo que los agentes advirtieran al magistrado Manuel García Castellón de la existencia del mismo. El instructor, haciéndose eco de este nuevo hallazgo, abrió ese mismo mes una nueva pieza del procedimiento, la número 18, que mantuvo en un principio bajo secreto de sumario. En el marco de la misma declaró el propio Villarejo este miércoles.
Las fuentes consultadas por este diario explican que el policía se refirió en su interrogatorio a una serie de reuniones que mantuvo entonces con miembros del Grupo Planeta, el cual contaba en el momento de los hechos con un 20% del capital de Zed. El agente encubierto admitió contactos con protagonistas de este conflicto pero negó ante los investigadores que esa oferta de sus servicios se llegara a materializar o que incluso recibiera pago alguno por estos hechos. Sin embargo, la información incautada a su socio por la Policía demuestra que sí hubo una oferta sobre la mesa y que la misma tenía como objetivo proteger a su cliente (al que siempre se refería con la letra 'K').
"Estrategia de acoso y desgaste"
De acuerdo con lo expuesto en este documento, los receptores del mismo habrían sufrido una "premeditada estrategia de acoso y desgaste" de los hermanos Javier y Pérez Dolset hace ahora siete años, si bien los empresarios niegan estos extremos y apuntan, muy al contrario, que han sido víctimas de una trama de espionaje orquestada en su contra para hacerse con el capital del Grupo Zed. Sea como fuere, los agentes explican que el cliente solicitó "formalmente" a Villarejo su "colaboración profesional", lo que le llevó a realizar un informe preliminar (Brod-IF1-1.3.13) de doce páginas y dividido en nueve apartados (como son circunstancias, capacidades, contencioso, imagen, alertas, plan de acción y conclusiones).
"Se dice el encargo que, como consecuencia de desavenencias mercantiles que pudieran terminar en los tribunales, 'K' ha sufrido una premeditada estrategia de acoso y desgaste, lo que unido al riesgo que por parte de DOL, se activará una campaña de ataques desde todos los frentes, que, aunque cuando en un principio se puede limitar solo a la empresa, podría alcanzar a sus principales directivos desde el punto de vista personal", reza el magistrado en el auto del pasado octubre por el cual abre esta nueva pieza de investigación. En el mismo añade que, para solventar estos problemas y con el fin de anticiparse a las actuaciones de los hermanos Pérez-Dolset, el cliente acudió al entramado del Grupo Cenyt, al que acusa de actuar apoyándose en "una estructura paralela a la estatal".
El germen del 'Proyecto Brod' se puso en marcha apenas meses después de que los empresarios madrileños pusieran punto y final a un litigio con el Banco Santander que se alargó doce años. De acuerdo con las pesquisas recogidas por Villarejo, la multinacional líder en la producción de videojuegos y contenidos digitales facturaba unos 600 millones de euros de media y tenía el capital dividido de la siguiente forma: el 45% era de los hermanos Pérez Dolset; el 20% pertenecía a Planeta; el 10% a una sociedad de inversión de Juan Abelló; el 10% al fondo estadounidense Veronis, y el resto al Santander.
La versión de Villarejo
El origen del pleito con el banco que preside Ana Botín arrancó en el año 2000 cuando el Grupo intentó salir a bolsa y el entonces Banco Santander Central Hispano (BSCH) negó su compromiso de comprar el 30% del capital (cuantía que ascendería a los 30 millones de euros). Tras doce años de litigios en los tribunales, la Justicia dio la razón a los empresarios madrileños, los cuáles alcanzaron un acuerdo extrajudicial menos perjudicial para la entidad. El mismo consistió en que el banco aportaría los 30 millones pero a un valor superior al acordado por la Ley, lo que les permitía quedarse con un 4% de la multinacional tecnológica y no con el 1% estipulado inicialmente.
Sea como fuere, la explicación que dio Villarejo ante los fiscales Anticorrupción y el magistrado del caso Tándem este miércoles arrojó algo más de luz a este asunto. Aunque insistió en que todas estas propuestas no se hicieron efectivas, sí admitió reuniones a varias bandas para tratar este asunto con el presidente de La Razón, Mauricio Casals, o José Creuheras, presidente de Planeta, en tanto, según dijo, estaban interesados en obtener información de los Pérez-Dolset. Además de esta pieza decimoctava, el procedimiento penal que sigue García Castellón suma otra pieza más (que sigue bajo secreto de sumario) sobre un posible espionaje a los dueños de Zed. Con todo, el mismo magistrado indaga en unas diligencias separadas la adjudicación de presuntas subvenciones irregulares al conglomerado, que acabó solicitando concurso de acreedores.
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