La Policía Nacional acreditó ante la Audiencia Nacional la existencia de un proyecto bautizado como 'Pin' y que habría encargado el BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo para investigar al presidente de Ausbanc Luis Pineda. Así consta en un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía que recoge toda la documentación incautada a los principales acusados de esta trama de espionaje y entre la que se encuentran numerosos correos intercambiados entre el banco y el entramado de Villarejo sobre un espionaje a Luis Pineda.
La documentación que obra en el sumario cuyo secreto se acaba de levantar y a la que ha tenido acceso La Información, precisa cómo los agentes recopilaron en un total de tres CDs todo el material incautado a Villarejo sobre este encargo que se conocía con el nombre de 'Proyecto Pin' y por el que el banco presidido entonces por Francisco González habría abonado 500.000 euros semestrales. De hecho, el informe de la Policía, con fecha de enero de 2019, se produce a requerimiento del primer instructor de la causa, el magistrado Diego de Egea, que por auto de diciembre de 2018 recoge la denuncia interpuesta por Pineda así como un informe de la Fiscalía Anticorrupción relativos a presuntos indicios sobre un espionaje al empresario.
El magistrado se hace eco de la denuncia presentada y determina que la contratación "habría tenido por objeto que Villarejo espiara a Luis Pineda a cambio de recibir del BBVA unos 500.000 euros anuales durante varios semestres mientras Villarejo era funcionario policial en activo", reza el auto, el cual además explica que la finalidad de este encargo sería la de "destruir su reputación y la de Ausbanc y, posteriormente, "servirse de la UDEF para presentar una denuncia anónima que diera lugar a su detención", según el escrito.
Tráfico de comunicaciones y seguimientos
El instructor De Egea consideró que todas estas denuncias que Pineda presentó ante la Audiencia Nacional y Anticorrupción tendrían que integrarse dentro de la macrocausa Tándem y que engloba todos los encargos que gestionó Villarejo desde el negocio que pilotaba con su socio, el abogado Rafael Redondo. Es por ello que acumuló el asunto en la pieza sobre la investigación al BBVA y ordenó a la Policía que informara acerca de toda la documentación que se requisó en los domicilios de Boadilla del Monte y Galapagar tras la detención de Villarejo por presunta organización criminal en noviembre de 2017.
Así fue como la Policía encontró una serie de documentos entre los que se encuentran correos intercambiados entre Redondo y el exjefe de seguridad de la entidad, Julio Corrochano, tales como uno con fecha de 18 de junio de 2013 el cual, bajo el título 'Ausbanc entra en barrena' da cuenta del vehículo utilizado por 'Pin' para sus desplazamientos. Igualmente recoge muchas más comunicaciones y carpetas todas ellas con el nombre de 'Proyecto Pin' y 'Pen'. Además, encontraron material en formato excel sobre todas las llamadas mantenidas desde dos teléfonos vinculados al grupo empresarial de la asociación de consumidores. Las intercepciones se habrían realizado entre septiembre y octubre de 2012, varios años antes de la presunta denuncia anónima presentada por la UDEF contra Ausbanc y Manos Limpias.
La Policía Judicial concluye de esta forma que el encargo habría arrancado en el año 2012 pero que los informes hallados desvelarían que la relación laboral sobre este asunto concreto se prorrogó hasta el año 2013. Sobre las cuantías abonadas, aunque la denuncia recogía que se habría acordado la entrega de medio millón de euros anuales, en este caso no estaba claro el importe completo abonado por el banco, al menos en enero de 2019. No obstante, el presupuesto inicial adjunto al informe del 29 de octubre de 2012 preveía el pago de una provisión de fondos por importe de 150.000 euros.
Un año de investigación secreta
El magistrado al frente de la causa, Manuel García Castellón, levantó este mismo lunes el secreto de sumario. En su auto, el instructor expuso que la entidad que preside en la actualidad Carlos Torres habría abonado cerca de 10,3 millones de euros por todos los encargos que efectuó con el comisario ya jubilado entre los años 2004 y 2017. En su escrito apuntó que esta relación laboral con el policía supuso la comisión de una "reiterada injerencia en los derechos fundamentales" de las personas que fueron objeto de los espionajes de Villarejo puesto que las diligencias practicadas evidenciarían un acceso ilegal a sus comunicaciones, y documentación bancaria además de la práctica de seguimientos personales.
El banco por su parte, insiste en que mantiene su intención de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos y que, en el marco de ese compromiso, ha trasladado a la causa "de manera proactiva" toda la documentación relevante obtenida en la investigación interna. La entidad, que está imputada como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares, declaró ante el instructor y los fiscales Anticorrupción del caso durante más de 17 horas en más de tres sesiones separadas. El representante legal se acogió al sistema de 'compliance' y trazó una línea con la comisión de conductas individuales que achacó principalmente a Julio Corrochano y al exdirectivo de riesgos Antonio Béjar.
Pineda, por su parte, se enfrenta al juicio que acoge la Audiencia Nacional por presunta extorsión cometida desde Ausbanc y Manos Limpias. En la primera sesión de vista oral, celebrada la pasada semana, las defensas de los 11 acusados pidieron la suspensión del juicio al menos hasta que se levantara el secreto de sumario de la pieza del BBVA por afectarles su contenido directamente. El banco, por su parte, lideró la acusación de este procedimiento -bautizado como Néstor- pero el pasado verano se retiró de la causa tras el estallido de los encargos al agente encubierto.
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