El PP ha presentado en el Congreso una proposición de ley para cambiar la Ley Eléctrica de 2013 y modificar el procedimiento de autorización de cierre de centrales eléctricas, incluidas, por supuesto, las nucleares. Son sólo siete folios, pero han actuado como el palo en el hormiguero, porque la proposición amplía la capacidad del Gobierno -léase el Ministerio de Energía de Álvaro Nadal- para intervenir en el mercado y, sobre todo, porque elude a los órganos consultivos antes de tomar la medida.
La iniciativa ha elevado el tono del PSOE contra Nadal. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural socialista, Hugo Morán, califica el plan de Nadal de "aberración" y el portavoz de En Comú-Podem, Josep Vendrell, de "anomalía legislativa". Por su parte, Ciudadanos recuerda que ya calificó en plan de Nadal de "intervencionista y autoritario", con un Real Decreto "que contenía diversos preceptos que casan difícilmente con la libre competencia, y que suponía ir por el camino de la inseguridad jurídica y el conflicto en el sector". Ninguno de los partidos consultados ha mantenido contactos con el PP para debatir sobre la norma.
La polémica está servida porque es el segundo intento de ampliar las razones por las que el Gobierno puede impedir el cierre de centrales. Donde antes -Ley Eléctrica- sólo se consideraba la seguridad de suministro ahora se contemplan también razones económicas, de impacto en los precios de la electricidad o cuestiones medioambientales.
Primer intento
El primer intento de Nadal salió mal. Consistió en un borrador de decreto que no pasó el filtro de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). En su informe -preceptivo tratándose de un decreto- la CNMC cuestionó el rango legal de la iniciativa, criticó el margen de discrecionalidad a la Administración, adelantó que creaba inseguridad jurídica a las nuevas inversiones y llegó a sostener que atentaba contra la libertad de empresa.
El segundo intento de Nadal trata de esquivar otro alud de críticas. Por eso se ha elegido la vía de la proposición de ley y no la del proyecto de ley de Gobierno, que obligaría a pasar por los órganos consultivos -CNMC, Consejo de Estado- y a someter el plan a información pública y audiencia. La proposición de ley no es formalmente una iniciativa del Ejecutivo y basta con exponer los motivos y mencionar antecedentes legislativos para iniciar el trámite en el Congreso.
La iniciativa es del Grupo Parlamentario Popular y está contenida en siete folios, con dos antecedentes legislativos: tres artículos de la Constitución (38, 128 y 149.1) y la propia Ley del sector eléctrico que quiere reformar. Para el Ministerio de Energía no hay anomalía alguna. Fuentes del departamento sostienen que la presentación de la proposición de ley responde, precisamente, a las recomendaciones de la CNMC que cuestionó la vía del decreto.
La proposición, señala el ministerio "está en línea con la intención manifestada por el Gobierno de regular un procedimiento para establecer un cierre ordenado de las centrales, de forma que una decisión empresarial de cerrar una central eléctrica, tenga que ser compatible con los objetivos de planificación energética".
Vida útil de las centrales
El PSOE rechaza de plano la explicación. Su secretario de Medio Ambiente Hugo Morán considera que la proposición responde al deseo del Gobierno de ampliar la vida útil de las centrales nucleares a los 50 e incluso 60 años. Como las empresas -caso de Iberdrola- han cuestionado la rentabilidad del negocio, el Gobierno, según Morán, "busca tener en sus manos un instrumento que impida los cierres, lo que es una perversión de los mecanismos de mercado, eludiendo la incorporación de informes de los órganos consultivos y los trámites de información pública y audiencia".
En Comú-Podem reclama la presentación de la Ley de Cambio Climático para conocer "el plan de transición energética" del Gobierno, antes de debatir una proposición que considera una "anomalía legislativa".
Pero el Gobierno, sin apoyos aparentes, no cede. Espera debatir en la Comisión de Energía del Congreso y se acoge a la Constitución y a las sentencias del Tribunal Constitucional -año 1983- para defender su derecho a impedir el cierre descontrolado de instalaciones. En la proposición de ley recuerda al respecto que para el Constitucional "la libertad de empresa queda bajo el primado del interés general, su ejercicio se protege de acuerdo con las exigencias de la economía general y la planificación ha de ser compatible con la iniciativa económica pública". Hay debate.
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