Viernes, 20.09.2019 - 00:06 h
Por la compra de Inassa

El PSOE excluye a Gallardón del banquillo y pide que declare como testigo en 'Lezo'

El partido, que ejerce la acusación en el procedimiento, solicita siete años de cárcel para Juan Bravo y Pedro Calvo, en sintonía con Anticorrupción.

Fotografía Gallardón
El juez exculpó a Gallardón al considerar que no conocía los detalles de la compra. / EFE. 

El PSOE, que ejerce la acusación popular en el procedimiento sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, ha remitido a la Audiencia Nacional su escrito de acusación por la compra presuntamente fraudulenta de la colombiana Inassa en 2001. En sintonía con lo expuesto por la Fiscalía Anticorrupción, la formación socialista dirige su acusación contra un total de 22 personas, entre las que no se encuentra el expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, del cual, no obstante, solicitan que declare como testigo en la vista oral. 

El escrito, recogido por este diario, explica, no obstante, que la calificación tiene carácter provisional puesto que todavía están a la espera de que el órgano judicial se pronuncie sobre el recurso interpuesto pidiendo la paralización de los plazos al no haber podido acceder a todas las actuaciones del sumario, por lo que advierten que podrían modificar las peticiones de conocerse nuevos hechos relacionados con esta investigación. Con todo, siguen la estela marcada por Anticorrupción y piden para los acusados penas que no superan los siete años por delito de malversación de caudales públicos aunque, algunas situaciones las ven constitutivas además del delito de prevaricación.

Eso ocurre en el caso de los exconsejeros del Gobierno de Gallardón Juan Bravo y Pedro Calvo. Para ambos la acusación popular pide siete años por esta compra que costó al Canal 73 millones de dólares aunque conllevó un sobreprecio que oscilaría entre los 23 y los 35,4 millones de dólares. Igualmente también impone siete años de prisión para el expresidente de la Cámara de Cuentas de Madrid Arturo Canalda y dos exdirectivos de Canal que, según relata, ocultaron los verdaderos detalles de la compra a los consejeros de la empresa pública de aguas que dieron el visto bueno a la operativa a finales de 2001.

'Roto' al Canal de 21 millones

Una de las claves para las acusaciones de este proyecto reside en el papel que tuvo la sociedad interpuesta Aguas de América en todo este proceso de expansión del Canal. En primer lugar porque consideran que ni los consejeros de la empresa madrileña ni del Gobierno de Gallardón eran realmente conscientes de que la compra del 75% de Inassa se iba a hacer con una sociedad interpuesta. Y, en segundo lugar, porque esta sociedad pantalla estaba participada en gran parte por antiguos altos cargos de Agbar (Aguas de Barcelona), la cual era propietaria inicialmente de Inassa. 

"Ya sea por imposición de los vendedores o por acuerdo con estos, la formalización de la operación a través de un paraíso fiscal dio lugar a la imposibilidad de aplicar la deducción fiscal, hasta de un 25% de la inversión, 21.250.000 euros en este caso. Por tanto, causó un daño patrimonial de esa cantidad", reza el escrito, el cual añade que de los sobrecostes repartidos, 10 millones fueron a parar a los exempleados de Agbar (acusados en el procedimiento). Igualmente apunta que los exdirectivos del Canal Juan Pablo López Heras y José Antonio de Cachavera "enmascararon" los riesgos que entrañaba la operativa así como la mediación de la empresa panameña a cambio "de alguna clase de atractivo".

Testificales de Cobo, Gallardón y Oreja

También expone que no encargaron las 'due diligences' necesarias en una inversión de este calibre y añade que, a este respecto, se valieron de la "colaboración imprescindible" de Arturo Canalda, entonces director gerente del Canal. Precisan que el expresidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, "conociendo las circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación" facilitó su tramitación y la presentó a los Consejos de Administración, desde el ámbito de sus competencias. Así fue como tras aprobarse por unanimidad el proyecto en el Canal, éste se remitió al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.

Aunque esta acusación entiende que no hay pruebas suficientes como para pedir responsabilidades penales al expresidente madrileño, sí han solicitado a la Audiencia Nacional que comparezca en calidad de testigo para dar su versión de estos hechos, los cuáles, según explicó en la fase de instrucción, se llevaron a cabo siguiendo siempre el criterio expuesto por los técnicos. Del mismo modo reclaman también la testifical de otros consejeros de su equipo de Gobierno regional que figuraron como imputados tales como Carlos Mayor Oreja o Manuel Cobo, entre otros.

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