PSOE pide cláusula general competencial y derechos sobre transparencia local

Madrid, 25 jun.- El PSOE propone al Gobierno establecer una cláusula general de competencias de las administraciones, el reconocimiento expreso de aquellas propias de los ayuntamientos, la catalogación de derechos en materia de transparencia en la vida local y fomentar la "cooperación voluntaria" entre consistorios.

Estos son algunos de los principales puntos del documento, al que ha tenido acceso Efe, remitido por el PSOE al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el marco de las negociaciones de la futura ley sobre el gobierno local.

Este texto de los socialistas ha sido pactado por el secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, con los miembros del PSOE en la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), los representantes locales en el Consejo Territorial y los portavoces parlamentarios en la materia.

El PSOE ha enviado a Montoro esta propuesta al considerar "precaria" la reforma planteada por el Gobierno, que se traduce "en la modificación puntual de 14 artículos y la adición de una disposición transitoria".

Para los socialistas, la propuesta del Ejecutivo no clarifica ni ordena competencias y lo que hace, a partir de una posible derogación del articulo 28 de la actual ley, es eliminar la posibilidad de que los ayuntamientos desarrollen políticas de atención directa (empleo, becas de comedor, apoyo a las víctimas de violencia de género, ayuda a dependientes, escuelas infantiles...)

Los socialistas apuestan por una reforma "integral y completa" de la normativa del mundo local, acompañada "de un nuevo modelo de financiación local".

Apuesta el PSOE por la existencia de un reconocimiento expreso de una cláusula general de competencias, en la que se reconozca al municipio su capacidad para la gestión de los intereses que son propios.

Esto supondría una novedad, recuerdan los socialistas, pues este tipo de cláusula nunca ha sido expresada "hasta ahora en nuestro Derecho positivo".

También piden una catalogación "urgente" de un conjunto de derechos, en materia de transparencia en la vida local, referidos a la participación en procedimientos de elaboración de planes, acceso a la información urbanística y municipal, la participación pública y la asistencia municipal en situaciones de necesidad grave o urgencia.

También incluyen derechos como poder ejercer, en caso de inactividad municipal, las acciones que sean necesarias para defender los bienes y derechos municipales, y a acceder al uso y disfrute de todos los servicios públicos locales.

En este sentido, piden que se generalice la aprobación de Cartas de Derechos y Deberes de los vecinos y se garantice el acceso por vía electrónica de todos los ciudadanos a las administraciones.

El documento especifica el listado de competencias propias municipales y arroga a los ayuntamientos, para la gestión de sus intereses, "la competencia en todas las materias no atribuidas expresamente por leyes al Estado o las comunidades autónomas".

El PSOE atribuye como competencias propias la organización de la administración municipal, la gestión de los recursos financieros propios, el padrón municipal y la regulación y prestación de los usuarios finales de los servicios públicos de abastecimiento domiciliario de agua.

Corresponden en el texto a los consistorios la regulación del tráfico de personas y vehículos, la promoción en la integración de los inmigrantes, el control de la sanidad en edificios abiertos al público y la regulación y gestión de mercados y lonjas municipales.

También serían competencias propias las relacionadas con los cementerios.

En los términos que fijen la regulación estatutaria o legal de cada autonomías, se atribuyen a los ayuntamientos las medidas de fomento de la innovación tecnológica y del desarrollo económico y la ordenación y ejecución urbanística en el marco de la ordenación territorial.

Otra competencia es la gestión de viviendas accesibles a precio razonable y la regulación de establecimientos abiertos al público.

En el apartado competencial, entran también la gestión de los servicios de asistencia social primaria y la gestión, junto con la administración educativa, de la utilización de las instalaciones de los centros públicos docentes, fuera del horario escolar.

Las leyes autonómicas deberían regular la forma de colaboración de las entidades locales supramunicipales en el ejercicio de estas competencias en los supuestos que consideren necesarios.

En el documento remitido al Gobierno el PSOE vuelve a mostrar su preocupación por el futuro de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, ya que, a su juicio, el hecho de que presten sus servicios las diputaciones puede derivar en la "privatización" de los mismos.

Asimismo, se apuesta por fomentar "la cooperación voluntaria de municipios para la mejor prestación de los servicios de su competencia".