PSOE y Unidas Podemos acaban de presentar en el registro del Congreso de los Diputados la petición de constituir una Comisión de Investigación sobre la supuesta utilización del Ministerio del Interior en la época del Gobierno del PP para espiar a Luis Bárcenas, informan fuentes socialistas a La Información. Los socios del Gobierno de coalición abre así la puerta a la comparecencia de altos cargos del Ejecutivo popular, incluido el expresidente Mariano Rajoy o los exministros de Interior y Defensa, Jorge Fernánez Díaz y María Dolores de Cospedal.
Según el escrito dirigido a la Mesa del Congreso, PSOE y UP "solicitan la creación de una comisión de investigación relativa a la la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular". Plantean que su duración sea de tres meses.
En su exposición de motivos para plantear la creación de esta comisión de investigación, socialistas y morados afirman que "el levantamiento del secreto de sumario de la investigación denominada operación Kitchen -cuyo sumario está siendo publicado en estas páginas- ha sacado a la luz hechos muy graves de utilización ilegal y partidista de los recursos del Ministerio del Interior durante el Gobierno del Partido Popular entre los años 2013 y 2015".
"En el informe de la Fiscalía hay contundentes indicios de la presunta puesta en marcha de una trama 'parapolicial' dirigida por el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez y el antiguo máximo responsable de la Policía, Eugenio Pino. Esta operación irregular, pagada presuntamente con fondos reservados, tenía como finalidad obtener 'material comprometedor para altos dirigentes del PP'. Algunas de las pruebas aportadas en el informe apuntan al presunto conocimiento de la trama por parte de Mariano Rajoy, siendo entonces presidente del Gobierno", añaden los socios de la coalición.
El documento conjunto señala concluye que "a gravedad de los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción revela que el Partido Popular habría utilizado presuntamente las instituciones del Estado durante el gobierno de Mariano Rajoy para desarrollar operaciones policiales ilegales, persiguiendo ilícitamente a personas, malversando fondos públicos, todo ello para interés y beneficio propio". Y añade: "Esta inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya misión es precisamente garantizar los derechos y libertades de la población, es claramente un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales del Estado de derecho y de la democracia".
La propuesta de creación de la comisión de investigación contempla que esté compuesta por cuatro representantes de los grupos parlamentarios que cuenten con más de cien miembros, tres de cada grupo parlamentario con más de cincuenta miembros, dos de cada grupo parlamentario con más de diez miembros y un representante de cada uno de los restantes grupos. En las votaciones se atenderá al criterio del voto ponderado
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