PSOE y PP sueltan lastre de Santander y BBVA tras cerrar los 'créditos políticos'

Hubo un tiempo, no muchos años, que PSOE y PP solicitaban créditos electorales y se les concedían sin problemas. El principal financiador de los partidos políticos era el Banco Popular, que, en una oficina situada a escasos metros del Congreso de los Diputados, recibía a los representantes de las entonces dos únicas grandes formaciones. Fue una iniciativa del histórico presidente de la firma, Luis Valls-Taberner. Pero la adquisición de la entidad por parte del Santander dio por finiquitado ese modo de proceder, generando a los partidos problemas económicos para encontrar ingresos. Socialistas y populares se han visto obligados a marcar distancias con los bancos y en 2020 experimentaron la mayor amortización de estos 'préstamos políticos'.

Santander, BBVA, CaixaBank (y Bankia), Sabadell, Unicaja, Liberbank... Todas las grandes entidades financieras han participidado en los últimos años en la financiación de las campañas electorales de PSOE y PP. La relación era fluida y no se ponían apenas pegar a la concesión de créditos ya que eran devueltos sin problemas por los partidos políticos una vez cobraban las subvenciones obtenidas por sus resultados en los comicios.

Sin embargo, ese grifo se ha cerrado de golpe y ahora los dos grandes partidos tienen que ir amortizando progresivamente sus deudas pasadas. Aún siguen siendo cuantiosas pero año a año se van reduciendo. De esa forma, la formación liderada por Pedro Sánchez aún debe 26,4 millones de euros (dato a cierre de 2020) a diferentes bancos tanto en concepto de deudas a corto como a largo plazo, según las cuentas económicas aprobadas en el Comité Federal del pasado fin de semana. Se trata de una cantidad significativamente menor a la del año anterior, cuando los socialistas aún debían un total de 46,2 millones. En 2015 esa cifra ascencía a 75,07 millones. Este es el detalle de esas cuentas.

El partido presidido por Pablo Casado acumulaba, por su parte, una deuda heredada con entidades financieras de 22,6 millones a cierre del año pasado. Los populares, que pasaron momento financieros complicados tras la moción de censura y después de haber reducido su representación en el Congreso, Senado y los diferentes parlamentos autonómicos, acumulaban a finales de 2019 una deuda de 37,8 millones, por lo que la amortización de estos 'créditos políticos' también ha sido significativa. Estos son los créditos electorales que aún tiene que amortizar la dirección del PP.

Ciudadanos, por su parte, no debía a cierre del año 2019 (última información que facilita el partido de Inés Arrimadas) ni un euro a los bancos, mientras que Unidas Podemos y Vox no recurren a este tipo de financiación.

El PSOE cuenta, eso sí, con varios avales contraidos con diferentes bancos. No es lo mismo que los créditos, ya que estos intrumentos suelen servir para que el partido pueda ejercer acusaciones en procedimientos judiciales, por ejemplo. De esta forma, los socialistas aún cuentan con avales de Santander, BBVA o Abanca (por 1,4 millones). Lo mismo ocurre en el caso del PP, que aún tiene avales de Santander o Abanca también. En total son 3,1 millones.

Esta de situación de endeudamiento de los dos principales partidos políticos contrasta con el músculo financiero que exhibe Vox. El partido presidido por Santiago Abascal acumulaba a cierre de 2020 un patrimonio neto de más de 12 millones de euros, una cifra que se acerca a doblar el que tenía un año antes. Esto se debe a su entrada progresiva en los diferentes parlamentos y al ritmo de afiliaciones. El pasado 2020 se cerró con 62.000 afiliados, 10.000 más que un año antes, que aportaron más de 4,6 millones a las arcas del partido. Ciudadanos y Unidas Podemos, por su parte, aún no han presentado sus resultados económicos del año pasado.

La polémica financiación del ICO a PSOE y PP

El hecho de que Santander y el resto de bancos cerraran el grifo de los 'préstamos políticos' obligó al bipartidismo a buscar otras vías para poder pagar sus mítines. De esta forma, en 2019 recurrieron por primera vez al Instituto de Crédito Oficial (ICO) que, en una polémica decisión, decidió facilitar hasta seis líneas de préstamos rápidos para que Pedro Sánchez y Pablo Casado pudieran sufragar sus actos electorales. En concreto, el organismo prestó 20 millones de euros a ambos partidos, lo que fue criticado por el resto de formaciones en liza. 

Estos seis créditos del ICO al bipartidismo se concedieron en las sucesivas campañas, tanto para las municipales, autonómicas y europeas de mayo, como para las generales de noviembre de 2019, a un interés del 2,75%. La situación de PSOE y PP era de dificultad para poder obtener financiación de cara a las citas con las urnas y por eso decidieron llamar a la puerta del organismo que preside José Carlos García de Quevedo. Hubo una negociación y el ICO les puso dos condiciones: que fueran créditos 'rápidos', es decir, a devolver en doce meses, una vez que los partidos cobraran la subvención por resultados electorales, y que el solicitante, en este caso Ferraz o Génova, dispusiera también de la financiación de una entidad privada. Así ocurrió y esa deuda ya había sido saldada por ambas formaciones a finales de 2020.