El PSOE y el PP han mantenido los primeros contactos para renovar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según han confirmado fuentes de los dos partidos. El presidente del organismo supervisor, Fernando Marti, acabó su mandato de seis años el pasado 28 de diciembre. Otros tres consejeros cumplen en febrero. La renovación de cuatro de los cinco consejeros del CSN es fundamental para el plan de cierre de centrales que diseña el Gobierno de Pedro Sánchez, pendiente de concreción.
La negociación política del CSN coincide con el choque de intereses empresariales entre Endesa, Iberdrola y Naturgy en la central extremeña de Almaraz. A finales de mes, las eléctricas volverán a debatir el plazo para el que solicitarán la prórroga de explotación. Iberdrola y Naturgy -con matices- quieren cuatro años más de actividad, hasta 2023, cuando Almaraz cumple 40 años-. Endesa quiere 10 años más. Si no hay acuerdo, la renovación de Almaraz, o lo que es lo mismo, la fecha de su cierre, se dirimirá en la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, según indican fuentes empresariales.
Para Almaraz y para lo que viene después -las siete instalaciones cumplen los 40 años entre 2020 y 2028- la composición del CSN es clave. Del Consejo y sus informes técnicos dependerá el ritmo de cierre de las centrales. La negociación recién iniciada entre PP y PSOE corre a cargo de la diputada y exconsejera de la junta de Extremadura, Pilar Lucio (PSOE) y del diputado canario y portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal.
Fuentes de los dos partidos, al tanto de la negociación, señalan que aún no hay nombres sobre la mesa, aunque ambas partes han mostrado voluntad de llegar a un acuerdo para un organismo que, en febrero, sólo tendrá un consejero con mandato en vigor: el de Javier Díes, nombrado en 2015 a instancias del PP.
Voluntad de acuerdo
La voluntad de acuerdo puede estar clara. Pero los plazos de la negociación no son los mismos para socialistas y populares. Las fuentes del PP, al tanto de los contactos, aseguran que por su parte, no hay prisa. La prioridad es cerrar el pacto de Gobierno en Andalucía. Las mismas fuentes atribuyen al PSOE la necesidad de alcanzar un acuerdo en el Consejo para cubrir lo que consideran un cambio en el discurso del Gobierno -no tanto de la ministra Ribera-: de plantear el cierre total del parque nuclear en 2028 a considerar plazos más largos de funcionamiento para algunas de las instalaciones.
El proceso de designación de candidatos para el CSN es largo: intervienen los partidos, el Gobierno y la Comisión de Transición Ecológica del Congreso. Esta debe examinar y dar el definitivo visto bueno -tres quintos- a los nuevos consejeros propuestos. En caso de desacuerdo sobre los candidatos, y aunque no cuenten con el respaldo político requerido, el Gobierno puede aprobar los nombramientos por decreto del Consejo de Ministros. Así sucedió en 2015 con el consejero superviviente Javier Díes.
En paralelo a las negociaciones, el Ministerio de Transición Ecológica está creando grupos de trabajo especializados para atender un futuro plan de cierre de instalaciones, según confirman fuentes de las empresas. Es un asunto sensible en múltiples niveles. Las cuestiones pendientes en el sector inquietan, entre otros colectivos, a los trabajadores de las plantas nucleares. Sólo en Almaraz, según el ayuntamiento de la localidad, están en juego 800 empleos directos y 24 millones en sueldos.
La Coordinadora estatal de Comités de Empresa de las Centrales Nucleares (CECECN) ha manifestado al CSN su preocupación por la "incertidumbre" y el clima laboral "enrarecido" que provocan las informaciones sobre el futuro de las instalaciones. La coordinadora demanda "una posición clara y unánime de las empresas propietarias" para ampliar la vida de las centrales a 60 años y garantizar el empleo.
El futuro del parque nuclear, con todo lo que conlleva, es vital para los sesenta municipios situados en el entorno de las centrales que reciben compensaciones y programas de apoyo tanto de las Adminsitraciones como de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
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