PSOE y PNV quieren que se mantenga la financiación similar a la ley de 2007

Madrid, 3 abr.- El PSOE y el PNV han presentado sendas enmiendas al proyecto de ley de reforma de la ley de financiación de partidos políticos para que se mantengan unas cantidades similares a las consignadas en la norma de 2007, y que no se deje la cantidad consignada al criterio del Gobierno de turno.

En su proyecto de reforma, el Gobierno había reducido hasta los 65.883.000,58 euros la cantidad asignada para el funcionamiento de los partidos, más otros 3.382.000,75 euros en concepto de gastos de seguridad.

Y lo había hecho con el argumento de que el importe fijado en la ley de 2007 se había ido revalorizando cada año hasta llegar al 20 por ciento de aumento, pese al actual contexto de crisis.

Los socialistas han presentado sólo dos enmiendas, en una de las cuales piden la modificación de la disposición transitoria tercera del proyecto legislativo para que se mantenga la subvención prevista a los partidos para 2012.

Así, su propuesta es que para el ejercicio actual la subvención estatal para gastos de funcionamiento de los partidos políticos y la asignación anual para sufragar gastos de seguridad se fijen, respectivamente, en 78.100.000,00 euros y 4.010.000,00 euros, como en la ley de 2007.

En cambio, el PNV propone 74.118.375,65 euros de subvención anual para gastos de funcionamiento de los partidos y 3.804.750,84 euros para sufragar la seguridad, lo que significa una reducción del 10 por ciento.

Otra de las enmiendas del PSOE es para que se suprima el artículo primero del proyecto de ley, que fija que los presupuestos generales de cada ejercicio establezcan el importe global de la consignación.

Para los socialistas, eso generaría una situación de incertidumbre, pues en los PGE se podría incluir cualquier cantidad, tanto al alza como a la baja, sin tener en cuenta ninguna otra consideración que no sea el libre criterio del Gobierno o la voluntad del grupo parlamentario mayoritario.

También el PNV ha solicitado la supresión del artículo primero, lo que justifica en la necesidad de planificar la actividad política por parte de los partidos, para lo cual considera oportuno poder contar con una previsión aproximada de ingresos sin que estos estén "al albur de decisiones coyunturales anuales".

El grupo parlamentario de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) plantea que el reparto de las subvenciones a los partidos se haga con arreglo exclusivamente a los votos obtenidos y no según los escaños logrados como hasta ahora.

Los diputados, recuerda, ya tienen su financiación a través de los grupos parlamentarios.

Este grupo reclama por otra parte que la reducción de las subvenciones no sea lineal para todos los partidos, sino progresiva, de forma que aquellas formaciones que tienen más ingresos sufran de un mayor recorte.

Izquierda Plural también quiere que las fundaciones vinculadas a partidos tengan los mismos límites que éstos para su financiación, es decir, que no puedan recibir donaciones anónimas y que las que obtengan de una misma persona física o jurídica no sean superiores a 100.000 euros, enmienda similar a otra de UPyD.

Por otra parte, IU-ICV-CHA reclama que se supriman las subvenciones a los partidos si no han cumplido con los requisitos de transparencia que exige el Tribunal de Cuentas, así como que se deduzca de sus subvenciones las cuantías en las que se excedan en gasto electoral.

Además, apuesta porque los partidos que reclamen una condonación de deuda a una entidad bancaria cuenten con un informe preceptivo previo del Tribunal de Cuentas.

ERC quiere elevar a 150.000 euros (desde los 100.000 que marca la ley) el límite de una donación privada a un partido.

Además señala que las donaciones de personas jurídicas superiores a 120.000 euros deberán ir acompañada de un documento público por parte de la entidad donante.

Esquerra también quiere reformar el Código Penal para que los partidos respondan subsidiariamente a la responsabilidad civil de los delitos o faltas que hayan cometido sus representantes públicos.

Además pretende que los propios partidos fiscalicen a los cargos públicos elegidos en su nombre y estén obligados a informar ante el Tribunal de Cuentas cualquier indicio de delito que descubran.

CiU no ha presentado ninguna alegación y UPyD ha registrado hasta 18, en las que, además de apostar por mayor una transparencia, sugiere penas de prisión de uno a cuatro años para los administradores de los partidos que falseen las cuentas.

También quiere que los partidos no acepten, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas.

UPyD desea que las cuentas anuales consolidadas de los partidos sean publicadas para general conocimiento de los ciudadanos.