Psoe y pp aplazan la renovación del constitucional a la próxima legislatura

No habrá renovación del Tribunal Constitucional esta legislatura. Tanto el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero como el Partido Popular de Mariano Rajoy han asumido que será imposible ponerse de acuerdo para nombrar a cuatro magistrados a propuesta del Congreso hasta después de las elecciones generales.
Así lo reconoció en una entrevista a Servimedia el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien considera que no se podrá sustituir hasta al menos 2012 a los cuatro vocales del Constitucional que tienen su mandato agotado desde el pasado mes de noviembre, entre los que se encuentra el fallecido Roberto García-Calvo.
El principal escollo de la negociación es el juez Enrique López, propuesto por el Partido Popular y al que el Partido Socialista se opone de forma tajante con el argumento de que no cumple los requisitos necesarios para ingresar en el Tribunal Constitucional.
PP y PSOE han tardado tres años en alcanzar un acuerdo para renovar a los cuatro magistrados del Senado que finalizaron en 2007 el periodo para el que fueron nombrados y que, sin embargo, no han sido sustituidos hasta enero de 2011 tras un largo culebrón de negociaciones.
La historia va camino de repetirse ahora con los cuatro jueces que debe nombrar el Congreso de los Diputados. Socialistas y populares asumen que las conversaciones están "completamente rotas" desde hace tres semanas, cuando el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los nombres de los cuatro nuevos jueces del Constitucional propuestos por el Senado.
Desde entonces, no ha vuelto a haber contactos para intentar buscar otro acuerdo que permita nombrar en el Congreso a su cupo de magistrados del Tribunal Constitucional. La ley exige el consenso entre los dos grandes partidos pero las posiciones son irreconciliables en estos momentos.
En sus declaraciones a Servimedia, el ministro Ramón Jáuregui explicó que "en principio" ve posible un acuerdo después de las elecciones generales, cuando la tensión política se haya calmado y el resultado de las urnas cambie las posturas actuales de ambas formaciones.
"No oculto que esa es una asignatura pendiente que tenemos los grupos políticos. Tenemos un deber de producir un acuerdo en esa materia. También tenemos otros órganos pendientes de ese consenso y sería bueno que trabajáramos en un clima y en un terreno de aproximación para producir una renovación institucional que diera normalidad a esos órganos", dijo.
Jáuregui recordó que, además del Tribunal Constitucional, otras instituciones del Estado como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas están a la espera de un acuerdo entre PSOE y PP para proceder al nombramiento de nuevos responsables.
No obstante, defendió que las leyes españoles "prevén la continuidad y por tanto la normalidad" de estos órganos mientras se procede a su renovación, sin que por ello pierdan "ni legitimidad ni validez ni eficacia", como el Gobierno sostuvo con el Tribunal Constitucional cuando se publicó la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.
AL PP NO LE IMPORTA ESPERAR
El Partido Popular también ha asumido que será prácticamente imposible renovar el Tribunal Constitucional antes de las próximas elecciones generales, según reconoció a Servimedia el coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP, Federillo Trillo.
En su caso, cree que es el PSOE quien impide el acuerdo. Por un lado, porque se basa en razones "personales" para vetar el nombramiento de Enrique López. Por otro, porque los nombramientos del Congreso reducirían el predominio progresista en el Constitucional, ya que el sillón vacío del fallecido García-Calvo pasaría a estar ocupado por un juez conservador.
Trillo considera que el Gobierno no cambiará de postura mientras José Luis Rodríguez Zapatero siga en La Moncloa y José Antonio Alonso sea el portavoz del PSOE en el Congreso. Por eso, cree que habrá que esperar a después de las generales para alcanzar un acuerdo en esta materia.
La minoría con la que actualmente cuenta el sector conservador lleva al PP a pensar que el Gobierno quiere aprovechar la mayoría progresista para tumbar todos y cada uno de los recursos que el principal partido de la oposición tiene planteados ante el Constitucional.
Entre ellos destacan los recursos contra el matrimonio homosexual y la ampliación del aborto, que el PP da prácticamente por perdidos por la superioridad numérica de magistrados afines al Gobierno y la reciente elección como presidente del Tribunal Constitucional de Pascual Sala, quien ya fue presidente del Tribunal Supremo durante los gobiernos socialistas de Felipe González.
Con este panorama, tanto Gobierno como PP dan por hecho que el acuerdo es imposible y, por lo tanto, no merece la pena volver a intentarlo hasta la próxima legislatura. La única posibilidad, considerada como remota según fuentes socialistas y populares, es que la negociación se desbloquease para renovar al mismo tiempo otros órganos institucionales o que el repentino fallecimiento de alguno de los magistrados actuales obligase a mover ficha a las partes, cosa que ninguna de ellas desea.