Los grupos parlamentarios en el Congreso del PSOE y Unidas Podemos se han mostrado a favor de que se cree una comisión de investigación para aclarar la participación que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy tuvo en las actuaciones de la llamada 'policía patriótica' dentro del caso Kitchen que investiga la Audiencia Nacional, sobre el presunto espionaje al tesorero del PP, Luis Bárcenas, para detectar si tenía información comprometedora sobre la financiación del partido. Prácticamente todos los grupos de la oposición al Gobierno, salvo el propio PP y Vox, se mostraron a favor este lunes de dar pie a esa comisión, de forma que, de llevarse a cabo la iniciativa en el Parlamento, es seguro que saldrá y que por sus sesiones tendrán que desfilar el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su secretario de estado entonces, Francisco Martínez, y hasta el propio Mariano Rajoy.
La Fiscalía Anticorrupción vincula principalmente a tres figuras de la antigua dirección del Partido Popular. Además de los ya citados Fernández Díaz y Francisco Martínez, también señalan a la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Las fuentes internas de la formación consultadas por este medio se muestran prudentes con las acusaciones –habida cuenta de que todavía no han sido imputadas– y reclaman presunción de inocencia. De todas formas, apuntan también que el actual presidente del partido, Pablo Casado, y su equipo están situados muy lejos del antiguo ministro del Interior hasta el punto de haberle cerrado la puerta en dos ocasiones. La primera, cuando pidió encabezar la lista por Barcelona para el Congreso de los Diputados en las elecciones del 28 de abril del 2019. La segunda, cuando trató de concurrir a los comicios europeos.
El caso de María Dolores de Cospesal es algo distinto. La exsecretaria general del partido apoyo a Casado en la carrera por las primarias del PP en 2018 –un apoyo que le aseguró el triunfo frente a Soraya Sáenz de Santamaría–, por lo que se trata de una figura más cercana al líder popular. Por otra parte, en cuanto a Francisco Martínez, las fuentes consultadas se limitan a evidenciar la distancia que lo separa con la formación: "No es un hombre de partido; no tiene ni el carné". Fue Jorge Fernández Díaz quien llevó a Martínez a la secretaría de Estado de Seguridad. Primero ocupó el puesto de jefe de gabinete, pero con la dimisión por motivos personales del entonces secretario de Estado Ignacio Ulloa, ascendió al puesto de dirección. Hoy, la Fiscalía lo señala por haber sido quien supuestamente autorizó los pagos de fondos reservados para la 'operación Kitchen'.
Un pen drive encontrado en el domicilio de Villarejo
'Kitchen' es el enésimo giro del caso Villarejo. Es, más concretamente, el nombre de un pen drive que la Policía encontró en casa del excomsiario y que contiene información acerca de un "operativo policial denominado Kitchen o Cocina [...], que tendría por objeto la localización de documentos y el descubrimiento de actividad de interés policial-judicial" relacionada con Bárcenas, en palabras de la propia Fiscalía, que ha solicitado la imputación de la cúpula policial de entonces, además de la de los cargos políticos ya citados en el texto.
A Cospedal se le achaca un posible "interés particular" en dicha información, habida cuenta de que podría contener datos comprometedores para ella. Por su parte, Jorge Fernández Díaz era el máximo responsable de Interior en la fecha en la que se habrían llevado a cabo los actos ilícitos y, para el organismo, los "indicios" de su participación son "numerosos y concluyentes", toda vez que se destinaron "fondos reservados de su departamento bajo la supervisión de su número dos".
Se materializa la amenaza de Lastra
Adriana Lastra, la portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, pidió este martes que sea "el Partido Popular actual" quien rinda cuentas por la 'operación Kitchen'. La socialista aseveró que se trata de un asunto de "extrema gravedad" y por eso insiste en que Pablo Casado y su equipo deben dar explicaciones. Las intenciones de Lastra se han materializado ahora, cuando su grupo y el de Unidas Podemos han apoyado la creación de una comisión de investigación para esclarecer la participación del Gobierno de Rajoy en el caso. Las fuentes internas consultadas por La Información en el seno del PP critican que en ningún momento se haya respetado la presunción de inocencia y recuerdan otros casos en los que "se hizo mucho ruido mediático" y, finalmente, terminaron por no demostrarse.
Entre otros, desde el PP hablan del "caso de los martillazos en los ordenadores de Luis Bárcenas" o del "caso de la alcaldesa de Valencia". En definitiva, las aguas revueltas que trae el presunto espionaje de Bárcenas enmarcado en el caso Villarejo irrumpe de lleno en la actualidad de la política española y del Partido Popular en plena ruptura por las negociaciones por el CGPJ y en los albores de un nuevo debate sobre los Presupuestos Generales del Estado.
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