El plan general de vacunación aprobado por el Consejo Interterritorial de Sanidad obliga a la comunidad de Castilla y León a volver a la senda de las vacunaciones con AstraZeneca y deja sin efecto el acuerdo por el que el Ejecutivo regional lo había paralizado, aunque para ello haya que pasar un proceso administrativo que puede suponer entre incluso un litigio con la Administración central. Aunque puedan surgir dudas, la mayor parte de los expertos en derecho administrativo consultados aseguran que la comunidad no puede evadirse del acuerdo vinculante del Consejo Interterritorial, si bien su negativa a aplicar la vacuna puede provocar un recurso del Estado cuya resolución ofrece el margen suficiente como para conocer mejor los efectos secundarios de la dosis británica y a qué colectivos es mejor aplicarla. Incluso con un solo día de paralización, la duda sobre la legalidad de su decisión se ha puesto encima de la mesa, y aunque sea poco, ha servido para tener el tiempo suficiente de replantearse como y donde aplicar la vacuna 'maldita'.
Tanto el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, como la consejera de Sanidad, Verónica Casado, son médicos de profesión y han sorprendido al resto de autonomías y al Gobierno con su decisión de no vacunar con AstraZeneca. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) avivó la polémica al admitir que puede haber un “posible vínculo” en la administración de esta vacuna con los trombos que se han producido en algunos casos aislados, a modo de “efectos secundarios muy raros”. El Consejo Interterritorial celebrado a última hora de este miércoles recomendaba usar la vacuna solo en mayores de 60 años, algo que parecía contentar al propio Igea, según puso en su cuenta de Twitter, y augura 8na vuelta a la senda de la vacunación con la dosis británica en la comunidad.
Aún así, la decisión castellanoleonesa levanta la incógnita de hasta donde puede una autonomía saltarse o dejar sin efecto las recomendaciones generales del 'café para todos' del consejo, fundamentado en su supuesta autonomía de gestión sanitaria. La opción de paralizar una vacunación, como ha hecho Castilla y León, choca directamente con las competencias del Estado sobre “las bases y la coordinación general de la sanidad”, según establece la Ley General de Sanidad (LGS). Frente a ello, se puede argüir que las comunidades autónomas tienen la facultad de disponer sobre la administración de los medicamentos en su territorio en virtud del artículo 24 de la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Para ello, deberían pedir a la Agencia Española de Medicamentos “sujetar a reservas singulares” la aplicación de determinados medicamentos “por razones sanitarias objetivas y debidamente motivadas”.
La reserva al Estado de la coordinación general del sistema sanitario, pese a estar transferida su gestión a las CCAA, ha sido reconocida en varias sentencias del Tribunal Constitucional y ofrece pocas dudas. Sobre los posibles enfrentamientos por este tipo de cuestiones siempre se entiende, como regla general, que las decisiones y actuaciones públicas previstas en la ley que no se hayan reservado expresamente al Estado, se entenderán atribuidas a las comunidades autónomas. La clave está en interpretar bien el alcance de esa coordinación estatal, sobre todo con un estado de alarma vigente y en plena pandemia.
En el juego jurídico que se puede establecer también entraría en liza la Ley de cohesión del sistema sanitario y, aunque no sea algo del todo pacífico, la mayor parte de los expertos consultados advierten que, en la situación excepcional que se vive y con la autoridad delegada en el Consejo Interterritorial, lo normal es que Castilla y León se avenga a cumplir con lo que marque el Estado cuanto antes. Ese periplo legal se puede abortar en cualquier momento si el Ejecutivo castellanoleonés anula su orden y decide volver a utilizar la vacuna de AstraZeneca ‘motu proprio’, como parece que va a ocurrir en esta ocasión.
Desde el Estado, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, avisó a Castilla y León de que las decisiones sobre "qué vacunas y con qué criterio sanitario" se administran las toma el Consejo Interterritorial de Salud, y ya "está decidido". Por ese motivo, la vicepresidenta del Gobierno se reafirmó en que "no está previsto que las Comunidades Autónomas ni nadie, utilicen criterios sanitarios de salud de carácter estrictamente técnico para hacer confrontación política, a pesar de que algunos se empeñen en ello", sentenció.
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