Altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy están empezando a encontrar destino profesional en diferentes empresas. Un secretario de Estado, dos máximos responsables del Ministerio de Defensa, jefes de gabinete... y hasta la secretaria personal del expresidente del Gobierno, que ha recuperado su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola, han recibido ya la autorización de Hacienda para poder desempeñar actividades laborales en entidades privadas. Este es, hasta el día de hoy, el 'club de las puertas giratorias' del antiguo Ejecutivo del PP.
Mientras los populares se encuentran inmersos en el proceso congresual del que saldrá su nuevo presidente o presidenta, hasta ocho destacados miembros del Gobierno saliente ya han encontrado un nuevo destino profesional. Entre todos los recolocados destaca Valle Ordóñez Carvajal, que ha sido desde hace una década y media la mano derecha de Rajoy tanto en el PP como en La Moncloa. Su penúltimo destino era el de coordinadora para asuntos relacionados con la Presidencia del Gobierno, cargo del que cesó el pasado día 8 de junio. Ese mismo día se reincorporó al Grupo Parlamentario Popular.
Otro importante cargo del Gobierno de Rajoy que ha pasado a la empresa privada es el antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante Fernando García Sánchez. Cesó en marzo de 2017 y este mes de agosto acaba de fichar por la Fundación Iberdrola como nuevo presidente, abandonando el ámbito de las Fuerzas Armadas para ingresar en el de las labores sociales de la energética.
También se une a la empresa privada Julio Gómez-Pomar, que fue secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda durante los mandatos en Fomento tanto de Ana Pastor como de Íñigo de la Serna. Gómez-Pomar tuvo un papel destacado en los últimos meses en el ministerio al pasar a depender de él empresas públicas como Renfe, Enaire, Adif y Puertos del Estado. Su destino es el Instituto de Empresa, donde ya trabajó antes de pasar a formar parte del Gobierno del PP. Su compañero en Fomento, Ángel Fernández Díaz, que fue el jefe de gabinete del ministro De la Serna, pasa a formar parte de la plantilla de abogados de Génova.
Lo mismo ocurre con Begoña Cristeto, que fue secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y más tarde de Economía durante las etapas de José Manuel Soria, primero, y Luis de Guindos y Román Escolano, tras los ajustes del Consejo de Ministros. Su nuevo destino es KPMG. Por su parte, Antonio Dorado Picón, que fue nombrado secretario general de la Administración de Justicia durante los últimos meses de Rafael Catalá al frente del ministerio, acaba de ingresar como profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
Juan Antonio Carrasco, que fue jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, ha sido contratado por la multinacional aeronaútica Airbus Defense y Space. Y, por último, José Luis Ortiz, antiguo jefe de gabinete de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, acaba de incorporarse al Grupo Parlamentario Popular.
Estos ocho nombres son los primeros a los que la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda ha autorizado para fichar por la empresa privada. Su destino acaba de ser comunicado al Portal de Transparencia. La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece en su artículo 15 cuáles son las condiciones por la que los altos responsables del Gobierno central pueden pasar a formar parte de empresas privadas. En ella se puede leer que "los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado".
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