El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparecido finalmente esta tarde para anunciar que no convocará elecciones y que será la mayoría (del Parlament) quien determine" cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Mi deber como presidente y mi responsabilidad es agotar todas las vías para encontrar salida a un conflicto que es político. Estaba dispuesto a convocar elecciones siempre que se dieran garantías de que se iban a celebrar con normalidad", ha dicho, a lo que ha añadido que no la convocatoria no conseguiría frenar el 155, el que ha calificado de "injusto".
"He intentado obtener las garantías para hacer estas elecciones pero esto no ha obtenido una respuesta responsable del PP que ha aprovechado para añadir tensión. Nadie puede reprochar que no hemos intentado dialogar, que no he estado dispuesto a hacer sacrificios. La aplicación del 155 es abusiva y busca erradicar el soberanismo, no acepto estas medidas porque esconden casi sin disimular la intención vengativa de un Estado que fue derrotado el día 1", ha añadido.
Puigdemont ha insistido en que su responsabilidad era agotar todas las opciones que tenía en la mano, practicando la paz y el civismo. "Pues bien, durante las próximas horas estos compromisos deben mantenerse firmes. Solo así podremos acabar ganando", ha concluido.
Alegaciones en el Senado
El Senado ha recibido por burofax alegaciones de la Generalitat de Cataluña contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución, según han informado fuentes de la Cámara Alta a Europa Press, a pesar de que pasadas las diez de la mañana habían asegurado que no había entrado ningún documento, cuando concluía el plazo que se dio a la institución autonómica.
En esas mismas alegaciones, la Generalitat ha acusado al Gobierno de haber "sobrepasado ampliamente" y "sin justificación" los límites de las medidas que permite el artículo 155 de la Constitución, porque van más allá de buscar el cese de las actuaciones del Govern relacionadas con el proceso independentista.
Según el Govern el "límite ha sido ampliamente sobrepasado y sin justificación con su adecuada proporcionalidad y gradualidad", ya que según dice, se trata de un conjunto de medidas que no se dirigen solo a que la Generalitat de Cataluña revoque la declaración de independencia sino que "despojan prácticamente las instituciones de sus principales atribuciones".
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