El Govern de Carles Puigdemont, que no se da por destituido, tiene previsto reunirse durante el día de hoy con diversas tareas sobre la mesa, entre ellas debatir la posibilidad de convocar unas elecciones "constituyentes" para finales de año, han explicado diversas fuentes soberanistas.
El ya expresident de la Generalitat ha comparecido en una declaración institucional grabada desde Girona y retransmitida por TV3. Puigdemont en un vídeo de tres minutos ha pedido una oposición democrática al artículo 155 y ha señalado que los Gobiernos se destituyen en los parlamentos. "Seguiremos trabajando por un país libre". Mientras este se emitía, él estaba tomando algo en un bar de Girona, donde fue recibido cariñosamente por sus vecinos.
El Gobierno ya advirtió antes de la declaración que aquéllos que no aceptaran su cese podrían incurrir en un delito de usurpación de funciones, cuya regulación está tipificada expresamente en el Código Penal.
Así, el artículo 402 define la usurpación de funciones públicas como "el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial". Y añade que "será castigado con la pena de prisión de uno a tres años". Ahora el Gobierno mantiene la postura de que hablen los jueces.
Puigdemont ha pedido hoy "paciencia, perseverancia y perspectiva" a los catalanes para "defender las conquistas conseguidas hasta hoy".
El expresidente catalán ha asegurado que Cataluña ha entrado en una etapa que los catalanes tienen que "continuar defendido con un incasable sentido cívico y compromiso pacífico": sin violencia, sin insultos, de manera inclusiva, respetando todos los símbolos y también las protestas contra la independencia.
Ha señalado que se trata de una etapa que Cataluña "no ha recorrido nunca", y se ha comprometido a hacer compatible aplicar lo que este viernes decidió el Parlament con buscar la máxima estabilidad y tranquilidad de la sociedad catalana.
Ayer, después de que el Parlament aprobase una resolución, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, en la que se declara un "Estado independiente en forma de república", el Govern de Carles Puigdemont ya se reunió por la tarde para tomar las primeras decisiones, pese a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ordenó su cese, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, disolvió el Parlament y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Los miembros del Govern no contemplan acatar su cese y preparan los siguientes pasos a dar para desarrollar el encargo recogido en la resolución aprobada ayer por el Parlament.
Sobre la mesa, según las fuentes soberanistas consultadas, figurará el análisis de los escenarios que se abren a partir de ahora, incluida la posibilidad de convocar elecciones "constituyentes" para antes de final de año.
En la resolución independentista votada ayer, el Parlament instaba al Govern a aprobar los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica -que creaba un marco legal catalán-, que suspendió el Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ultima su querella por un delito de rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada por el Parlament, una acción penal que afectará al menos a los miembros del Govern y a los de la Mesa del Parlament que permitieron la votación.
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