Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, tiene claro que Bruselas no va a extraditar a su defendido porque "es un juego político que puede dar una decisión política". El pleno del Parlamento Europeo retiró este martes la inmunidad de los eurodiputados de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí como solicitó la Justicia española a principios de 2020, lo cual permitirá reactivar las euroórdenes en su contra. Le llama la atención que casi la mitad del Parlamento se ha opuesto a la decisión de levantar la inmunidad y "no a la razón a España de forma rotunda" y respecto a la parte jurídica "estamos tranquilos y preparados. Aquí hay un jaque mate y hay que saber en cuantas jugadas quieren que se lo demos".
Lo primero que harán será leer las resoluciones y "acabar de escribir cosas que ya estábamos preparando y no lo adelanto para jugar las cartas de la mejor manera posible". Lo que sí asegura es que recurrirá al Tribunal General de la Unión Europea que es con quien corresponde las demandas de anulación por las decisiones del Parlamento como un primer paso.
Al pedirle la valoración política en su entrevista en 'La Hora de La 1" "creo que hay que ver las cifras de los votos porque hay gente del grupo conservador y socialista que han votado en contra de levantar el suplicatorio". Recuerda que 300 entre abstenciones y oposiciones "esa una cifra muy significativa, esto no ha sido un paseo militar".
Por otro lado, preguntado por dónde ha de vivir a partir de ahora el expresidente, reside en Waterloo a 20 kilómetros de Bruselas en un barrio residencial, ha apuntado que de momento seguirá en su domicilio y que una vez se resuelva el suplicatorio "habrá que tomar decisiones". "Pero ahora hay una situación de facto que debe abordar y con eso él vive", ha añadido.
En cuanto a la decisión del juez instructor de la causa del 'procès' Pablo Llarena, que planteó a las partes la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine el alcance de las euroórdenes emitidas contra el ex president de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los ex consellers Clara Ponsatí, Antoni Comín y Lluis Puig, después de que los jueces belgas se negaran a entregar a este último, Boye ha explicado que llevaban dos años esperando ese paso de Llarena.
Pero ha advertido que eso que Llarena eleva a consulta -y que ya ha tenido una respuesta positiva por parte de la Fiscalía del Supremo- es algo que ya está resuelto por lo que no esperan "nada distinto" a lo que vienen sosteniendo. "La decisión de la Cámara de Apelaciones de Bélgica del día 7 de enero se basa en jurisprudencia de TJUE, entiendo la posición del juez Llarena, la respeto, es una contienda jurídica pero la tiene perdida, sin duda", ha apostillado.
Por lo demás, Boye ha incidido que ahora toca ver en qué términos va a conceder el suplicatorio el parlamento europeo, pero avanza que están "bastante tranquilos" y que son conscientes de que Llarena pidió suplicatorio "para solo un tipo de actuación, no para todo y por lo tanto parlamento nunca va a poder acordar algo mas allá de lo que solicitó el juez". "El presidente Puigdemont podrá ir a Estrasburgo y volver, e iremos viendo los espacios de libertad que se vayan gestionando a partir de los recursos que se vayan interponiendo", ha concluido.
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