Carles Puigdemont fue detenido el pasado jueves por la noche nada más pisar el aeropuerto de Alghero, en Cerdeña. La Policía italiana detectó una alerta del Servicio de Información Schengen (SIS), que informaba que el expresidente de la Generalitat de Cataluña está reclamado por las autoridades españolas desde el 14 de octubre de 2019, mismo día en el que se dio a conocer la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista de Cataluña. Desde el arresto, la defensa del exdirigente catalán trabaja intensamente para intentar frenar el proceso de extradición, por lo que ha sacado toda la artillería legal para poner en duda la legalidad de la euroorden lanzada por el alto tribunal español.
El juez del alto tribunal que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena, reactivó la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra Puigdemont tras conocer que la Sala de lo Penal del Supremo había determinado que los hechos que rodearon a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre, que quedó en suspenso, eran constitutivos de un delito de sedición. En este sentido, el magistrado explicó en un auto de 58 páginas que la euroorden debía ser puesta en marcha de nuevo -fue retirada después de que un tribunal alemán acordara su extradición solo por el delito de malversación- porque si su imputación como principal responsable del 'procés' propició la huida a Bélgica, las condenas de sus compañeros en el proyecto independentistas podrían "reforzar su huida" y propiciar que se refugiara en países fuera de la Unión Europea que impedirían su entrega.
Los abogados del expresidente catalán no pudieron impedir el pasado jueves su detención, si bien sí han conseguido ganar tiempo. La primera prueba de fuego ha sido la vistilla que ha tenido lugar este viernes, en la que el ex 'president' ha comparecido, de manera telemática desde la prisión de Balcani, ante la Corte de Apelación de Sassari. Tras esta comparecencia, el tribunal sardo ha acordado dejarle en libertad sin medidas cautelares, ya que la Fiscalía no ha solicitado ninguna en su contra al entender que éstas pueden ser incompatibles con la actividad de eurodiputado. Por ello, el juez ha permitido al dirigente independentista que abandone la isla si así lo desea. Eso sí, el asunto no ha quedado zanjado por el momento, pues se ha señalado la próxima cita judicial el próximo 4 de octubre.
Ésta será la primera vista del proceso de extradición que ahora se inicia, que se rodea de un debate jurídico complejo. La Corte de Apelación no sólo tiene que estudiar si se cumple el principio de doble incriminación, es decir comprobar que los hechos delictivos por los que se reclama a Puigdemont, en este caso sedición y malversación de caudales públicos, se contemplan tanto en las leyes italianas como en las españolas. También tiene que valorar si la OEDE cursada contra Puigdemont tiene vigencia en estos momentos.
Y esta es la principal discusión a la que se enfrentan los magistrados de Cerdeña. El Tribunal Supremo defiende a capa y espada que la orden de detención nunca fue desactivada y por tanto dirigente catalán debe ser entregado. Así lo ha manifestado el juez Pablo Llarena en un oficio enviado este mismo viernes a las autoridades italianas para aclarar que la OEDE está "actualmente en vigor" y que "el procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía". Asimismo, ha destacado que la cuestión prejudicial que elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado mes de marzo "no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE".
La cuestión prejudicial al TJUE
En concreto, el magistrado del alto tribunal preguntó sobre el alcance que tienen las euroórdenes, después de que las autoridades belgas denegaran la entrega del exconseller Lluís Puig. No obstante, para los abogados del líder independentista, la clave por la que no se puede acceder en estos momentos a la petición del Supremo es dicha cuestión prejudicial. La defensa se aferra a que el Tribunal General de la Unión de la Europea (TGUE) ya determinó que la orden de detención estaba suspendida hasta que el TJUE se pronunciara al respecto.
Así, a juicio de la representación legal de Puigdemont, coordinada por el abogado Gonzalo Boye y ejercida en Italia por el letrado Agostino Marras, el auto dictado por el vicepresidente del TGUE el pasado 30 de julio marcó el criterio en el caso de que el expresidente de la Generalitat, o alguno de los exconsejeros huidos que también adquirieron el acta de eurodiputados, fuera detenido tras perder la inmunidad parlamentaria. En esta resolución, el tribunal con sede en Luxemburgo avaló la retirada de la inmunidad de los eurodiputados catalanes procesados por el Tribunal Supremo al rechazar suspender cautelarmente la aprobación por parte del Parlamento Europeo del suplicatorio solicitado por el alto tribunal para poder actuar penalmente contra ellos.
Ahora bien, el TGUE indicó que no existía riesgo de que los políticos catalanes fueran detenidos al entender que "la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de este permanece jurídicamente intacta". En ese argumento se ampara también la defensa de Puigdemont, que cuestiona la legalidad de la detención, ya que, según asegura, el viaje a Cerdeña es con motivo de su actividad parlamentaria para asistir a un festival de difusión del folclore catalán. Además, subraya que este no es el único desplazamiento que Puigdemont ha hecho a un país europeo y que en ningún caso se ha encontrado con impedimento policial o judicial alguno.
Otras vías para frenar la extradición
No obstante, para evitar posibles sorpresas, los abogados de Puigdemont han abierto una vía judicial paralela para recuperar el privilegio que perdió. Para ello, el equipo jurídico del expresidente de la Generalitat ha solicitado al tribunal que confirmó la retirada de su inmunidad parlamentaria que se la vuelva a conceder de manera cautelar y poder frenar el proceso de extradición. Así lo ha anunciado el abogado Gonzalo Boye, que confía en recibir una respuesta "entre 24 y 72 horas", aunque ha precisado que el reglamento del TGUE no establece plazos para resolver este tipo de cuestiones.
Todo ello acogiéndose a otro de los puntos plasmados en la resolución del TGUE que abría la puerta a pedir medidas cautelarísimas. En concreto el punto 54 de su auto indica que las autoridades españolas "manifestaron expresamente" lo contrario a lo que el juez Llarena ha destacado en su escrito remitido a Italia. El tribunal europeo asegura que la Abogacía del Estado trasladó en sus alegaciones que la cuestión prejudicial al TJUE "pedía la suspensión de las órdenes de detención nacionales dictadas contra los demandantes y la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución de la orden de detención europea que pudiera haberse iniciado". "También afirmaron que ningún tribunal de la Unión Europea podía ejecutar las órdenes de detención europeas en litigio" hasta que el TJUE dictara sentencia, reza el auto.
Todos estos argumentos que giran entorno a la vigencia de la OEDE son los que se encuentran ahora mismo encima de la mesa de la Corte de Apelación de Sassari, que es el órgano competente para decidir si Puigdemont debe ser entregado a España para ser juzgado por el proceso independentista que lideró y por qué delitos, o por el contrario entiende que la euroorden no puede ser atendida en estos momentos.
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