Carles Puigdemont, expresident de Cataluña, ha declarado esta tarde ante el juez en Neumünster, en el norte de Alemania. Durante poco más de tres horas el catalán ha estado exponiendo sus argumentos ante el juez acompañado de un abogado alemán.
A la salida de la prisión, su abogado Cuevillas, ha afirmado que durante la tarde no había podido hablar con su cliente. Minutos después se ha podido conocer que la Fiscalía alemana había decidido mantener en prisión provisional a Puigdemont hasta que se estudie la extradición.
El juez de Neumünster debía decidir si Puigdemont quedaba en libertad, o si continuaba en prisión provisional hasta que se tramitase su entrega. Finalmente, se ha decidido por esta última opción.
El proceso de extradición duraría unos 60 días que podrían dilatarse hasta los 90 en casos excepcionales. En el caso de que Puigdemont hubiese aceptado la extradición el proceso hubiese durado unos diez días.
Al oponerse, la Fiscalía General de Schleswig-Holstein, Estado alemán en el que se encuentra la prisión de Neumünster, deberá comenzar un procedimiento para analizar si existen o no motivos suficientes para que Puigdemont sea entregado a España.
El expresidente fue detenido este domingo cuando hacía el trayecto entre Finlandia y Bélgica en coche. La policía alemana le dio el alto en Schuby, una pequeña localidad a solo 35 kilómetros de la frontera con Dinamarca.
Su detención fue posible gracias a la cooperación entre la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania, la Policía Nacional y el CNI.
Christophe Marchand, uno de los abogados en Bélgica de los políticos independentistas reclamados por la justicia española, ha dicho este lunes a Efe que la defensa de Puigdemont no contempla "en este momento" que pida asilo político en Alemania.
Merchand, que "formalmente" defiende en Bélgica a los exconsejeros regionales de ERC Toni Comín y Meritxell Serret, participa en la "defensa común" de Puigdemont y de los políticos independentistas de JxCat reclamados por la justicia española que huyeron el pasado octubre junto a Puigdemont, Lluís Puig y Clara Ponsatí.
"Hay una organización general de la defensa (...). Como argumentamos que hay problemas muy importantes a nivel de derechos fundamentales de la Unión Europea, compartimos el trabajo", señaló Marchand, quien no ve motivos para creer que la detención de Puigdemont en Alemania sea negativa para sus intereses.
Su razonamiento es jurídico y no político
Explicó que su razonamiento es jurídico y no político, y que se basa en su opinión de que el desafío independentista del 1-0 fue un acto político no violento y en que a su juicio la justicia española no garantiza los derechos humanos de sus clientes a través de un juicio justo.
"Según nuestra posición, cualquier país de Europa va a rechazar la euroorden. Es lo que esperamos", comentó el abogado. "A nivel de los problemas de la unidad de España, es una palabra fuerte pero, hay 'histeria judicial'. Eso significa que los jueces han perdido la razón, la racionalidad", ha opinado.
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