El juicio que acogerá la Audiencia Provincial de Madrid contra el exnúmero dos de la Policía Nacional Eugenio Pino y su subordinado, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, por intentar introducir presuntas pruebas falsas en la causa que sigue la Audiencia Nacional contra el clan Pujol Ferrusola, contará con la testifical de más de una docena de altos mandos policiales, entre ellas la de José Manuel Villarejo. La vista, de la que solo falta que se señale fecha para su celebración, buscará dirimir si los dos altos mandos están detrás de la entrega en el órgano judicial del pendrive que incluía información del patrimonio familiar de los Pujol obtenida de manera ilegal.
De este modo, en un auto al que ha tenido acceso La Información, la Sección 23 de la Audiencia de Madrid admite las pruebas propuestas tanto por Pino y Díez Sevillano como por las acusaciones del procedimiento, entre las que se encuentra la particular que ejerce Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, y el partido político Podemos. De hecho, cabe recordar que este procedimiento ha avanzado gracias a la acusación ejercida por ambas partes puesto que la Fiscalía nunca vio delito en el proceder de la Policía y, por ello, pidió el archivo de las actuaciones que siguió el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid.
Entre las pruebas admitidas por los magistrados destaca la testifical de más de una decena de altos cargos de la Policía Nacional relacionados de manera directa con el presunto recorrido del pendrive cuyo origen real se desconoce y que llegó a manos de miembros de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). De hecho, de acuerdo con el relato del Ministerio Público, Pino entregó a Díez Sevillano una memoria de USB para que se la hiciera llegar a Manuel Vázquez López (exjefe de la UDEF), quien a su vez se la hizo llegar a José Manuel Álvarez Luna (inspector jefe de esta unidad).
Guerra de comisarios
El avance de esta investigación, que nace por orden del magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, evidenció que el pendrive llegó finalmente a manos del Grupo 12 y se extravió hasta que en febrero de 2017 lo encontró Álvarez Luna y se lo entregó a su superior José Manuel García Catalán. Todos ellos comparecerán en el juicio como testigos en aras a esclarecer qué información concreta contenía esta memoria externa y, sobre todo, de dónde salieron las órdenes de hacer llegar al Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga por blanqueo al clan Pujol, todo este material sobre la familia del expresidente catalán.
A este listado de altos cargos se suma también la declaración de los policías Álvaro Ibáñez Alfaro y Juan Checa Domíngez; del comisario Daniel Gallego; del inspector Rubén Eladio López, y del comisario jubilado y actual director de Relaciones Institucionales de Prosegur, José Santiago Sánchez Aparicio. Sin embargo, una de las declaraciones más importantes que se escuchará en este juicio será la del que fuera comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, cuya testifical ha sido propuesta por el hijo del expresidente Jordi Pujol. Ello es así porque el propio Pino apuntó a Martín Blas como la persona que le mostró un pendrive que parecía provenir de la agencia de espías Método 3.
'Operación Cataluña'
Precisamente y de acuerdo con el auto de los magistrados, el juicio también contará con la versión del director general de Método 3, Francisco Marco, y los exdetectives Julián Peribáñez y Antonio Tamarit, estos últimos implicados en la bautizada como 'Operación Cataluña', desarrollada contra líderes independentistas catalanes durante los años en los que Jorge Fernández Díaz estuvo al frente del Ministerio del Interior. Todos ellos deberán aclarar si, efectivamente, facilitaron a Martín Blas el pendrive sobre información de los Pujol Ferrusola tal y como expuso Pino. Con todo, las declaraciones efectuadas durante la fase de instrucción de esta causa pusieron de manifiesto innumerables contradicciones entre sus protagonistas, de las que se hizo eco el magistrado instructor de esta causa, Juan Javier Pérez.
Al 'enredo' en las versiones prestadas en sede judicial se le suma la manifiesta enemistad que mantienen algunos de los principales protagonistas del caso, como ocurre entre Marcelino Martín-Blas con Pino y el propio Villarejo. De hecho, la conocida como 'guerra de comisarios' ha trascendido de esta causa penal abierta en un primer momento por el magistrado instructor José de la Mata y que derivó en los juzgados de Plaza de Castilla. Tanto es así que los tres exmandos policiales también aparecen en otras diligencias, como las relativas al caso del 'pequeño Nicolás' o en el procedimiento Tándem, cuyo principal investigado es Villarejo. Al respecto, tanto Martín Blas como Eugenio Pino están investigados en la pieza 'Kitchen' relativa al espionaje costeado con fondos reservados del Estado al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Penas de diez años de cárcel
Con todo, el primero de los asuntos en juzgarse será el relativo al del pendrive por el cual tanto Eugenio Pino como Bonifacio Díez Sevillano se enfrentan a una petición de diez años y medio de prisión por los delitos de estafa, falso testimonio y revelación de secretos. De acuerdo con el escrito de acusación de Podemos, el ánimo de los acusados al indicar un origen falso de la documentación a los agentes de la UDEF fue "crear una apariencia de legitimidad" para que esta información pasara a incorporarse en forma de informe policial a las diligencias que sigue De la Mata contra la familia Pujol Ferrusola por blanqueo y organización criminal.
Tras recibir toda esta documentación, el magistrado de la Audiencia Nacional vio indicios del origen incierto del pendrive y, por ese motivo, incoó pieza separada en este macroprocedimiento para evitar contaminar las investigaciones realizadas hasta el momento. Las diligencias practicadas determinaron finalmente que la DAO sí entregó a la UDEF el famoso dispositivo y que, la documentación recogida en el mismo no provenía de ninguna diligencia practicada por el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona, el mismo que comenzó investigando el presunto origen ilícito del patrimonio familiar de los Pujol Ferrusola.
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