Los indicios que fundamentan la imputación de Salvador Victoria en la trama Púnica no solo persisten sino que se han "acrecentado" tras nuevas evidencias surgidas en el marco de la investigación sobre presuntos pagos en B a empresas de la red a cambio de campañas de mejora de imagen online para los exconsejeros del gobierno regional del PP. De esta manera, el magistrado al frente de la instrucción, Manuel García Castellón, pone el foco en la declaración que prestó en sede judicial el que fuera consejero delegado de Indra Javier de Andrés, en la que admitió que recibió "presiones" del entonces jefe del departamento de Presidencia de la Comunidad de Madrid para efectuar estos pagos.
En su auto, al que ha tenido acceso La Información, el instructor se apoya en la declaración del ex CEO de Indra para denegar la pretensión del político popular de que se le sobresea su imputación de manera provisional. De hecho, razona que existen "indicios serios" que evidencian su participación en esta causa que investiga la Audiencia Nacional desde 2014 y que, por el momento, "resulta material y jurídicamente imposible" determinar la responsabilidad penal que podría tener en esta práctica ilegal por lo menos hasta que la instrucción, que debe estar concluida en junio del próximo año, se aproxime a su fin.
El exconsejero de Presidencia bajo el gobierno de Ignacio González ha pedido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que le archive su causa en este macroprocedimiento alegando que no se cometieron irregularidades en los contratos de trabajo de reputación online con el 'conseguidor' de la Púnica, Alejandro de Pedro. De hecho, en el marco de esta concreta parte de la investigación, el magistrado ha sobreseído recientemente las actuaciones contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, a quien se le acusó de beneficiarse de estos encargos a De Pedro. Según expuso entonces, el supuesto fraude de que se costearon con dinero del gobierno regional, "no pasó de mera sospecha".
En este caso, el instructor pone el foco en el periodo en el que Victoria ejerció como consejero de Presidencia y dice que durante el mismo pudo haber "favorecido y propiciado" adjudicaciones de contratos a Eico, la empresa de De Pedro, y al también investigado José Antonio Conesa. Los trabajos que se prestaron de mejora de imagen a los entonces miembros del ejecutivo madrileño "generaron una deuda que fue reiteradamente reclamada" al propio Salvador Victoria, entre otros, de acuerdo con los investigadores, que sospechan que estos pagos se efectuaron con fondos de diferentes Consejerías y mediante la simulación de contratos que nunca existieron o que incluían abultados sobrecostes.
En su auto, el juez explica que el también exportavoz de la Comunidad de Madrid era "conocedor y partícipe" de esta práctica porque así lo demuestra la documentación aportada en su día por el exdirector de la agencia informática de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, así como la declaración que éste prestó en sede judicial. De acuerdo con su versión, Salvador Victoria llamó al exconsejero delegado de Indra -y marido de la exdirectiva el Canal de Isabel II María Fernanda Richmond- para pedirle que resolviera un pago a De Pedro que finalmente se materializó en la entrega de un sobre con 10.000 euros. Precisamente Indra es una de las empresas que están bajo la lupa en la investigación por haber rubricado con ICM contratos de altas cuantías para saldar las deudas con De Pedro.
No descarta volverle a interrogar
Aunque este presunto desvío de fondos públicos se lleva investigando desde el arranque de la investigación, todavía continúan practicándose diligencias en esta parte concreta del procedimiento, por lo que pronunciarse sobre la petición formulada por Victoria resulta "prematuro e improcedente" e incluso podría afectar a su derecho de defensa ante la posibilidad de que se le vuelva a interrogar para aclarar si se produjeron esas órdenes de pago y si se llegaron a efectuar. Lo mismo ocurre con la también exconsejera del gobierno madrileño Lucía Figar, a quien el juez ha denegado levantar la imputación.
En un auto del pasado febrero recogido por este diario, el magistrado tampoco descartaba la posibilidad de volverle a citar teniendo en cuenta que Anticorrupción denunció que desde la Consejería de Educación que ella misma dirigía se adjudicaron contratos a dedo "de forma reiterada" con las mercantiles de De Pedro. En el caso de la exconsejera, los servicios se prestaron con una frecuencia prácticamente mensual y consistían en enaltecer su trayectoria en vísperas a las elecciones con perfiles de redes sociales en su mayoría falsos. Las empresas del 'conseguidor' de la red neutralizaban las noticias negativas y posicionaban los seguidores ficticios con mensajes favorables.
Aunque en este caso concreto el magistrado no habla de cifras, sí que ha apuntado en otras ocasiones que los pagos que salían desde las arcas públicas estaban fraccionados en cuantías de unos 21.000 euros con el fin de ocultar la adjudicación directa a las mercantiles del informático De Pedro. Además, en la operativa se utilizaban también nombres de diferentes empresas para facturar los servicios aunque en realidad solo había una relación contractual y era con la mercantil Eico. Con todo,el informático de la red ha denunciado en determinadas ocasiones que hubo servicios que no le fueron reembolsados, por lo que la deuda contraída nunca llegó a ser abonada en su totalidad.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios