La causa Púnica lleva camino de batir récord en la Audiencia Nacional. Pese a que suma ya más de cuatro años de instrucción, el magistrado ha acordado prorrogarla cuarenta meses más, esto es, hasta marzo de 2022, debido a la extraordinaria complejidad del procedimiento en el que se investiga una presunta financiación irregular dentro del PP madrileño.
Así lo acuerda el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, en un auto al que ha tenido acceso La Información y con el que accede parcialmente a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Fiscal, de hecho, pidió al juez que la investigación no bajara de cinco años de plazo debido a que todavía faltan diligencias que practicar. En concreto, se refirieron a la lentitud con la que se estaban practicando las comisiones rogatorias en Suiza y a la "carga severísima" que suponía el expurgo de todo el material que obra en el sumario.
La reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece que el plazo medio de una investigación es de seis meses, si bien esta se puede declarar compleja y prorrogar 18 meses más. A su vez, si llegados a este punto todavía no se han terminado las pesquisas, la normativa permite acceder a otra prórroga de 18 meses. Agotados los tiempos, el instructor, previa audiencia de las demás partes, puede fijar un nuevo plazo máximo, aunque se trata de una medida a la que se recurre en casos excepcionales.
Los motivos aducidos por el instructor para eternizar de esta forma el caso Púnica son el carácter "de complejidad y excepcionalidad" del procedimiento debido, en gran parte, al número de piezas (hasta un total de 14) que se han ido formando desde el estallido del caso en octubre de 2014. Con todo, si hay algo que ha retrasado especialmente el avance de las pesquisas es la lentitud con la que se practican las comisiones rogatorias en el extranjero donde los acusados habrían ocultado importantes cantidades de dinero.
Al respecto, el Ministerio Público entregó un escrito al juzgad en octubre en el que recogió las conclusiones plasmadas por las autoridades suizas acerca del circuito bancario que establecieron el constructor David Marjaliza y su socio, el empresario José Luis Cápita. Los dos investigados pusieron en marcha un sistema que se apoyó en la creación de varias sociedades 'off shore' y con el que ocultaron fondos presuntamente ilícitos que obtuvieron de su participación en varios pelotazos urbanísticos de Valdemoro, localidad madrileña que se ha convertido en epicentro de la trama.
El magistrado tampoco pasa por alto "los problemas técnicos derivados del expurgo" de todo el material que obra en la causa. El hecho de que la Policía Judicial se haya incautado de tanto material durante estos años de investigación está provocando mucha dificultad de cara a excluir de todos los elementos tecnológicos aquello que afecta a la intimidad de los acusados.
A pesar de la decisión tomada, el juez entiende que es "excesivo" ampliar la instrucción cinco años más teniendo en cuenta que ya se ha pasado el ecuador de la misma. Ahora bien, en este plazo de tiempo extra acordado se tienen que practicar importantes diligencias. Al respecto, Anticorrupción expuso en su escrito que todavía están pendientes "un gran número de declaraciones" de testigos e investigados que aparecen mencionados en los informes de los investigadores. De hecho, el juez escuchará el próximo 13 de diciembre a Marjaliza después de la ingente documentación que ha aportado a la causa.
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