6 de junio de 2020. Esta es la fecha en la que una de las causas de corrupción más longevas del país, con permiso de la trama Gürtel, tendría que estar finiquitada. La Audiencia Nacional dio de plazo hasta dentro de apenas un mes para culminar una instrucción que, en palabras del magistrado que la dirige, es "extraordinariamente compleja y con una entidad sin precedente". Sin embargo, el procedimiento en el que se investiga si hubo una caja b en el PP madrileño no ha tocado a su fin. La crisis del coronavirus obligó a paralizar la actividad judicial del país y, como consecuencia, impuso un parón obligatorio en las investigaciones que tendrán que contar con más tiempo para que terminen de cerrarse.
El caso, que suma varios centenares de imputados y se divide en un total de 11 piezas, encauzaba su fase final. Aunque algunas de sus patas ya están terminadas -como ocurre con las piezas de León y Murcia sobre los contratos amañados al informático Alejandro de Pedro- otras se están atascando muchos más. Esto último pasa en investigaciones consideradas 'troncales' en la macrocausa como es la relativa al pelotazo de Valdemoro -que se tendrá que indagar por orden de la Sala de lo Penal pese al carpetazo acordado por el instructor- o la pieza sobre la financiación opaca en el PP madrileño. Una de las últimas diligencias que se ha acordado en plena pandemia ha sido el archivo de Javier Monzón, imputado en esta pieza novena del caso.
El futuro de Aguirre, en el aire
Sin embargo, esta parte suma otros protagonistas de gran calado como es el caso de las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. De hecho, las diligencias señaladas por el magistrado Manuel García Castellón y que se han quedado en el aire debido al parón judicial, serán determinantes en este sentido. Esto es así porque el instructor, a petición de Anticorrupción, había ordenado tomar declaración como testigos a una serie de figuras clave de la trama Gürtel ligados muy de cerca a Esperanza Aguirre. Se trata del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; su homólogo en Boadilla del Monte Arturo González Panero (conocido como 'el Albondiguilla') e Isabel Jordán, exempleada de una de las empresas de Francisco Correa.
Todos ellos tienen pendiente una comparecencia en la Audiencia Nacional que irá en la línea de lo manifestado en anteriores ocasiones, es decir, incluir a Aguirre en este circuito de facturas falsas que giraron empresarios muy cercanos a la trama a cambio de financiar de manera ilegal campañas electorales de la formación bajo su mandato o el de Ignacio González, también imputado en el caso. Esta tesis vendría a apuntalar la acusación del Ministerio Público, que pidió su imputación a principios de agosto al constatar, según sostiene, que fue una de las impulsoras de todo este tramado que se desarticuló con el estallido del caso, en octubre de 2014. Sin embargo, los interrogatorios practicados hasta la fecha no arrojan tanta luz al respecto.
Tanto algunos mandos cercanos a Aguirre como los testigos que propuso Cristina Cifuentes de la Asamblea de Madrid han defendido sus gestiones. En el caso de esta última, los nueve técnicos requeridos negaron irregularidades en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo del empresario Arturo Cantoblanco en los años 2009 y 2011. De ahí que las diligencias que resten de practicar en esta pieza novena sean determinantes para saber qué decisión toma el magistrado respecto el futuro procesal de las dos acusadas. Con todo, la trama Púnica es mucho más. Empresarios, concejales, ediles de más de una decena de municipios madrileños y altos cargos del entonces Ejecutivo regional, siguen bajo el foco de los investigadores por los hechos que se investigan en un total de 11 piezas.
Lío con los plazos procesales
El volumen de investigación del caso llevó a Anticorrupción a sumar un fiscal a medio año del plazo fijado para el fin de la instrucción. De este modo, Carmen García y Teresa Gálvez comenzaron a contar con el respaldo de Alejandro Cabaleiro, que ejerció la acusación contra los antiguos directivos del Banco de Valencia. No obstante, Anticorrupción siempre se ha manifestado a favor de contar con más tiempo para culminar una instrucción que va camino de sumar seis años. Tanto en así que en noviembre de 2018 pidió al juzgado un margen de cinco años más debido al 'atasco' de las comisiones rogatorias cursadas en el extranjero para averiguar el patrimonio fuera de nuestras fronteras de Francisco Granados y David Marjaliza, y también debido a la "carga severísima" que suponía el expurgo de todo el material obrante en el sumario.
El magistrado dio de plazo hasta 2022 pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional redujo el margen y puso coto a la causa: el 6 de junio tenía que estar terminada. Ahora, con el decreto aprobado por Justicia para evitar el colapso en la Administración, los plazos procesales arrancarán de cero toda vez que se reanude por completo la actividad judicial. Mientras la Fiscalía General del Estado interpreta esta norma como un reinicio de los plazos y no como una reanudación, desde el Juzgado Central de Instrucción número 6 no tienen intención de prolongar mucho más este procedimiento. Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que la idea principal es prorrogar la investigación en principio los meses que se ha visto afectada por la declaración del estado de alarma.
Dilaciones indebidas
Igualmente, los actores del procedimiento se preparan ya para cuando llegue este momento. Abogados de los acusados consultados por este periódico se acogen al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para acreditar que los plazos de instrucción de una causa quedan fuera de esta interpretación y están dictados por ley. En el caso de Púnica, la investigación se ha ido prorrogando sucesivamente toda vez se declaró causa compleja debido al volumen de asuntos que la integran. Este hecho, pues, puede derivar en una avalancha de escritos tanto de acusaciones como de las defensas, que consideran que se les vulneran sus derechos fundamentales puesto que aseguran que irán a juicio más de seis años después del estallido de la causa.
De hecho, y según las fuentes consultadas, esto dará pie a que muchos letrados planteen, ya en fase de vista oral, atenuantes por dilaciones indebidas. Hasta la fecha solo una pieza ha ido a juicio. Se trata de la primera de ellas, relativa al 'chivatazo' que le dio a Francisco Granados un agente de la Guardia Civil meses antes de su detención acerca de que la UCO le seguía la pista por su implicación en una presunta trama de amaño de adjudicaciones. Por estos hechos Granados fue condenado a dos años de cárcel que ya ha confirmado el Tribunal Supremo. Sin embargo, las 10 piezas restantes siguen en fase de espera. Todo apunta que los próximos juicios serán las derivadas de la red en León y Murcia, si bien la Sala tiene que pronunciarse antes acerca del futuro procesal del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez.
¿Qué pasa con Pedro Antonio Sánchez?
Aunque el magistrado le archivó la causa el pasado año amparándose en el criterio seguido por el Tribunal Supremo sobre Pilar Barreiro, Anticorrupción y las acusaciones recurrieron y consiguieron que se abriera de nuevo. Sin embargo, García Castellón insiste en mantener que no cometió delito con los trabajos de mejora de imagen 'online' encargados a la empresa del 'conseguidor' Alejandro de Pedro. Por ese motivo, archivó las diligencias otra vez y ahora tendrá que ser la Sala la que se pronuncie definitivamente sobre el asunto. También están avanzadas las investigaciones sobre la empresa escolar de la red, Alfedel (sobre presuntos amaños en la adjudicación de construcción de colegios), la pieza de las adjudicaciones de Cofely (que suma 57 imputados y salpica a una decena de municipios madrileños) o las investigaciones a Francisco Granados por su etapa como consejero de la Comunidad de Madrid.
En esta pieza figuran como imputados también Javier López Madrid y Juan Miguel Villar Mir por presuntas irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero (Madrid) en el año 2007. La Fiscalía sostiene que el exdirigente madrileño y sus socios llegaron a desviar seis millones de euros de mordidas que canalizaron a través de sociedades pantalla. Los hechos salpican también a antiguos responsables de dos entes públicos muy ligados a la red: Arpegio y Mintra. Desde este último ente se gestionaron muchos de los contratos que se otorgaron 'a dedo' a personas cercanas a la trama, tal y como ha confesado en alguna ocasión en sede judicial David Marjaliza en el marco de su decisión de colaborar con la Justicia.
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