Miércoles, 29.01.2020 - 07:29 h
Imputada como persona jurídica

Indra, en la Púnica: la clave es si había controles antifraude... y quién los vulneró

Los actuales gestores se desmarcan de sus predecesores, pero reconocen que la compañía tenía "sistemas de prevención legal".

Indra
¿Había controles antifraude en Indra? Las tesis del juez, la empresa y los imputados. / EP

Indra, la consultora que hoy capitanea Fernando Abril-Martorell, fue tras la llegada del Gobierno de Esperanza Aguirre a la Comunidad de Madrid pieza indispensable para el desarrollo del entramado que pusieron en marcha los cabecillas de la Púnica en aras a conseguir una financiación paralela para las campañas electorales del PP de 2007 y 2011. Tras el auto del magistrado de la Audiencia Nacional para la imputación de la firma como persona jurídica y de sus directivos a título personal, y con la respuesta de Indra sobre la mesa, surge una pregunta: ¿Había controles antifraude en la compañía?

El auto de Manuel García Castellón al que ha tenido acceso La Información señala que Indra "nunca activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos", lo cual no quiere decir que no los hubiese. En este sentido, el magistrado continúa diciendo que se llevó a cabo la "participación activa" de Javier de Andrés, CEO de la sociedad, y Santiago Roura, Director General de operaciones, "y también de quien presidía en la fecha de los hechos su máximo órgano de administración, con funciones de supervisión y control de los órganos ejecutivos y equipo de dirección", Javier Monzón. 

En cambio, desde Indra, enviaron dos comunicados, uno a los medios de comunicación y otro a sus trabajadores, en los que se señalaba la existencia de "un sistema de prevención penal" desde el año 2011. La fecha no es casual. En 2010, entró en vigor la reforma del código penal que introducía en el ordenamiento jurídico español la responsabilidad de las personas jurídicas en temas de corrupción y que obligaba a las compañías a dotarse de este tipo de medios. 

Si existía, tal y como se señala en las misivas enviadas por la propia compañía, se vulneró, según las palabras del magistrado, ya que además de los ya mencionados investigados, también otros, como Santiago Roura, Diego Mora o Cristina Bombín, "ejecutarían las decisiones que se tomaban o aprobaban en el seno de la mercantil". 

Indra señala además que desde el año 2015 "ha actualizado y reforzado su sistema de prevención de la comisión de ilícitos por parte de sus administradores y empleados" gracias a que, según sus palabras, ha añadido robustez al Código Ético y de Cumplimiento y al Modelo de Prevención Penal, se ha dotado de independencia y medios a la Unidad de Cumplimiento y a la función de auditoría interna, y se han adoptado medidas sancionadoras y disciplinarias cuando se ha detectado "alguna actuación irregular".

Pese a ello, Abril-Martorell mantuvo en el cargo a Javier de Andrés como CEO hasta diciembre de 2017, aunque su imputación por parte del magistrado de la Audiencia Nacional se había producido en abril de 2015. De esta manera, el consejero delegado se mantuvo durante dos años y medio en el cargo pese al aumento de las medidas anticorrupción que, según el propio presidente, fueron endurecidas en 2015.

Los tres métodos de la trama

La trama que se llevó a cabo alrededor de la financiación irregular del PP,  utilizaba al menos tres métodos para mover el dinero, según el auto del magistrado de la Audiencia Nacional: la adjudicación de un contrato de cobertura desde Indra a EICO -la empresa de Alejandro de Pedro-, la emisión de facturas falsas y la entrega de dinero en efectivo. El método a través del que se desvió más dinero fue, según la misma documentación, las facturas falsas. En este sentido, las cantidades serían trasvasadas gracias a "presupuestos inflados" de los contratos adjudicados a Indra desde ICM, entidad de la Comunidad de Madrid.

Por ejemplo, Indra pagó en 2008, a petición de los responsables de la campaña electoral del PP de Madrid en 2007, dos facturas falsas a Swat -compañía vinculada a Juan Miguel Madoz Echevarría, colaborador habitual en la financiación del PP autonómico- por valor de 100.000 euros que no se recogieron en la contabilidad oficial del partido. Pero esta solo fue una pequeña parte del total de más de 500.000 euros que el magistrado recoge que se pagaron mediante este método. 

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