La crisis interna que ha estallado en Podemos también amenaza a algunos de los procesos judiciales en los que está inmerso el partido. Es lo que puede ocurrir con la acusación popular que ejerce la formación morada en el caso Tándem, que investiga la trama liderada por el excomisario José Manuel Villarejo. Un asunto del que estaba encargado internamente el también responsable de Protección de Datos José Manuel Calvente, tal y como ha podido saber La Información, y que ha sido cesado esta semana de su cargo. El mismo trabajador que ahora sale del partido por -según la versión de la también 'purgada' Mónica Carmona- haber denunciado graves irregularidades por parte de miembros de la dirección que podrían conllevar un reproche penal de la Justicia. Lo que ha provocado una situación problemática para los morados que coincide con las negociaciones para formar gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Podemos ocupa un lugar central en la causa abierta y bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional sobre las actividades bajo sospecha que realizó Villarejo valiéndose de su condición de miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Uno de los principales afectados por los trabajos para terceros que llevaba a cabo el policía, los cuales están siendo investigados por cohecho u organización criminal, es Pablo Iglesias. El líder de los morados está personado en el caso por el supuesto espionaje que la red del excomisario llevó a cabo sobre su persona, dentro de una pieza separada abierta por el magistrado Manuel García Castellón. Una situación que según el líder de Unidas Podemos respondía al interés de las "cloacas del Estado" en perjudicarle. Y ese era el argumento de acusación en el que estaba trabajando José Manuel Calvente, que era uno de los miembros destacados del equipo legal que lidera para el partido el letrado Alejandro Gámez.
El robo a Dina Bousselham
Los hechos que relacionan a la trama de Villarejo con Iglesias se remontan a 2015 y 2016. Ese año, una de las trabajadoras de Podemos más cercanas a Pablo Iglesias, Dina Bousselham, sufrió el robo de su teléfono móvil. Un terminal en el que había contenido de todo tipo sobre el futuro vicepresidente del Gobierno, desde conversaciones privadas o de grupos a los que ambos pertenecían. Todo porque esta politóloga y exalumna del que fuera posteriormente su jefe había sido su principal mano derecha cuando obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo en el año 2014. Ese material formaba parte del amplio archivo informático que poseía el policía, y que se le requisó durante su detención en el año 2017. Iglesias nunca llegó a denunciar este hecho, pero fuentes cercanas a Bousselham aseguraron al estallar toda la polvareda que ella sí lo hizo.
Semanas después de la sustracción del móvil, comenzaron a salir a la luz informaciones sobre chats privados en los que estaba Iglesias. Uno de ellos fue aquel en el que hacía alusión a la periodista Mariló Montero, a la que se refería en términos ofensivos. Pero también se publicaron aspectos sobre la organización interna del partido que nunca antes se habían conocido. Quien rechazó la publicación de lo que contenían la tarjeta y el teléfono de Bousselham fue el Grupo Zeta, que no lo consideró publicable. De hecho, su presidente de entonces, Antonio Asensio, fue quien entregó al líder de Podemos un pendrive con una copia de la tarjeta del teléfono de su asesora.
Esto también provocó dimisiones de personas que trabajaban en Zeta y que por aquel entonces estaban en el Gobierno de Pedro Sánchez. Es lo que hizo el exdirector de Interviú Alberto Pozas, que renunció a su cargo de número 2 de la Secretaría de Estado de Comunicación por su supuesta implicación en el tránsito de la tarjeta del móvil sustraído a la exasesora de Iglesias. Pozas admitió ante el juez que había entregado a Villarejo aquel pendrive con la información del móvil de la trabajadora de Podemos, tal y como señaló previamente el propio excomisario. Lo que le costó que García Castellón le imputara por un supuesto delito de revelación de secretos.
Las acusaciones de Carmona, el otro frente
Que José Manuel Calvente haya dejado Podemos forzosamente va a complicar la labor de acusación que ejercen contra Villarejo por el espionaje a Pablo Iglesias. Y es que este abogado, que también se encargó de la acusación del partido contra la familia Pujol, también tuvo tiempo de investigar e incluso destapar algunas prácticas internas que, a su juicio, pueden ser constitutivas de delitos. Y que, según la carta remitida al Consejo Ciudadano Estatal morado por la abogada Mónica Carmona, es lo que ha provocado que se haya llevado a cabo el cese de ambos de sus puestos en Protección de Datos y Control Normativo.
Siempre según la versión de Calvente y Carmona, entre los supuestos problemas que detectaron en sus indagaciones están las denuncias de retribuciones extra que percibirían miembros de la cúpula a través de complementos y dietas. Lo que supone incumplir el mandato económico de no percibir una remuneración superior a tres salarios mínimos, situada en la actualidad en los 2.700 euros netos. Una cuestión que ya llevaba tiempo denunciándose internamente, como ha podido saber este diario. Pero según señala la letrada en su carta a la dirección y ha declarado Calvente, habría muchos más temas que podrían poner en problemas a Iglesias y los suyos.
A lo que hay que sumar los despidos de trabajadores de la formación que se llevan produciendo desde hace tiempo, algunos de ellos aplicando la reforma laboral de Mariano Rajoy. Una legislación que permite indemnizar con tan solo 20 días por año trabajado si se alegan causas económicas. Que en el caso de los morados sería la pérdida de subvenciones por los últimos resultados de las urnas, muy alejados de los de 2015 o 2016. Caso aparte es la extinción de la vinculación laboral con la exescolta de Irene Montero, que ha denunciado en los tribunales que tuvo que desempeñar tareas ajenas a su puesto mientras trabajó con la portavoz parlamentaria.
Varias fuentes consultadas tanto en Unidas Podemos aseguran dar "credibilidad" a las denuncias que han realizado los ya exresponsables de Protección de Datos y Control Normativo. De hecho, aseguran que todos estos temas ya eran conocidos dentro del partido al menos "desde el pasado verano". "Algunas de estas cosas las hemos visto nosotros mismos", aseguran las mismas fuentes.
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