La incertidumbre que generaba la crisis económica llevó a PwC a endurecer sus previsiones de pérdidas para Bankia en el año de su nacimiento en un rango estimado de 11.500 millones de euros. José María Sanz, socio de la firma, ha aprovechado su testifical en la Audiencia Nacional para insistir en que el trabajo que realizaron sobre la integración de las siete cajas recogía estimaciones sobre pérdida esperada que se trasladaron al expresidente de la entidad Rodrigo Rato. De esta forma ha querido dejar claro que las decisiones últimas en torno a los movimientos del banco dependieron exclusivamente de la cúpula de la entidad.
El informe por el que le ha preguntado la Fiscalía y que fue incorporado a la causa en el arranque de esta vista oral, endurecía las previsiones plasmadas en el plan de integración (PI) barajando una horquilla de ajuste estimado de entre 10.601 millones de euros y 13.440 millones. El motivo, de acuerdo con este testigo, se debe a que se sentían "más cómodos" si le daban un rango de probabilidad más alto, teniendo en cuenta que la cifra planteada por el plan era de 7.146 millones de euros y la del FROB de 6.372 millones. Con todo, la firma ha asegurado que en este tipo de trabajos "nunca hay una certeza absoluta" y es "imposible" hablar de "números cerrados".
El documento sobre el que se ha pronunciado Sanz es clave para la Fiscalía Anticorrupción puesto que considera que este empeoramiento del escenario vendría demostrar que las cajas ocultaron su verdadera situación de cara a poder sacar adelante el SIP del que nació Bankia. Sin embargo, el socio auditor ha insistido en que la finalidad del trabajo, que se llevó a cabo entre los meses de octubre y diciembre de 2010, era únicamente el de asesorar a la entidad. "Nosotros no decimos lo que hay que hacer, sino que damos unos rangos", ha expuesto al tiempo que ha reconocido que advirtieron en sus conclusiones acerca de una serie de complicaciones, destacando de entre todas ellas el problema que suponían los activos inmobiliarios.
De acuerdo con su versión, los socios al frente de esta encomienda se encargaban de dirigir y coordinar los equipos de trabajo que había en cada caja con el fin de asegurar que se llevara a cabo de forma homogénea. Sin embargo, ha destacado la parte relativa a Banco de Valencia asegurando que la información relativa al mismo se ofrecía desde Bancaja en tanto formaba parte de su grupo consolidado. De hecho, nunca llegaron a reunirse con la cúpula de la entidad valenciana porque no se les dio la oportunidad. Tampoco ha sabido determinar quienes eran sus interlocutores en Bankia aunque ha reconocido que el informe, que aumentaba las pérdidas en un 61% en comparación con las otras estimaciones, se entregó directamente a Rodrigo Rato.
Para justificar esta estimación, el estudio en cuestión se apoyó en una evaluación "más detallada" de los ajustes al valor residual en la inversión crediticia y también en la inclusión en sus estimaciones de la pérdida relativa a activos de riesgo los cuáles, según denunció, debía haber incluido el plan de integración elaborado por Afi y Deloitte. Igualmente puso el foco en los activos inmobiliarios de Bancaja Hábitat y, en concreto, en 65 de las 140 sociedades participadas por la entidad. Aunque el informe determinó que esta elevada cifra hacía muy complicado prever las pérdidas sí concluyó que la realización de estos activos iba a requerir una elevada financiación adicional (en concreto, unos 5.100 millones más).
Tanto Sanz como el también socio de PwC Justo Alcocer se han expresado en términos muy similares ante el tribunal que juzga a los 34 acusados por delito de falsedad contable y fraude de inversores. Igualmente los dos han negado que en todo este tiempo mantuvieran reunión alguna con el socio auditor de Deloitte Francisco Celma, si bien sí se encontraron con miembros del Banco de España aunque no recuerdan exactamente con quienes teniendo en cuenta que hace siete años de los hechos que ahora se juzgan en la Audiencia Nacional.
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