La declaración del auditor de PwC Javier López Andreo en la Audiencia Nacional, lejos de disipar algunas dudas acerca de los encargos que desde BBVA se hicieron a las empresas de José Manuel Villarejo, provocó algunas sorpresas sobre determinados espionajes que habría encargado la entidad. Uno de ellos es el relativo a los seguimientos que se hicieron desde Cenyt al bautizado como 'Grupo Hostil', en referencia a la constructora Sacyr. El experto aseguró sobre este asunto concreto que, en un primer momento, el banco ordenó que no se hiciera informe de todos los resultados encontrados vinculados a Villarejo porque podría retrasar el 'forensic' hasta dos años. Sin embargo, al ser preguntado por el tiempo que hubiera tardado él en hacerlo, respondió: entre tres semanas y mes y medio.
El socio responsable de forensic en España de PwC, que compareció el pasado jueves en la Audiencia Nacional para explicar los pormenores de la investigación interna encargada por el banco, expuso la metodología de trabajo que aplica en sus análisis. Preguntado sobre este aspecto, aseguró que detectaron un total de 1,2 millones de ítems a revisar entre ficheros, archivos, correos y documentos relacionados con los encargos al grupo Cenyt, si bien se les dijo que se redujera esos hallazgos en un primer momento a alrededor de 200.000. De esta forma, se excluyó de un estudio inicial los espionajes al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y a empresarios, políticos y periodistas relacionados con la operación Trampa, relativa al intento de asalto de Sacyr al capital del banco.
Según explican fuentes jurídicas consultadas por este diario, López Andreo explicó en su primera comparecencia ante los investigadores del caso Tándem en qué consistió su trabajo para BBVA, el cual todavía sigue abierto. Al respecto expuso que se empleó una técnica bautizada como 'mapa de calor' consistente en la identificación de puntos clave de las búsquedas. Así fue como se concluyó que había que revisar un total de 2,3 millones de 'hits' (según detalla la propia entidad) relacionados todos ellos con los trabajos a Villarejo por los que el banco pagó un total de 10,3 millones de euros. De hecho, horas después de su primera declaración en sede judicial, fuentes del banco explicaron que este 'expurgo' tenía como finalidad priorizar la información relevante para trasladarla a la defensa legal de la entidad, que lleva el despacho Garrigues. De lo contrario, sostienen, la investigación podría demorarse dos años.
Operación Trampa
Sin embargo, el perito no habló en sede judicial de dos años de tiempo según fuentes jurídicas consultadas por La Información. Las mismas explican que, cuando el experto explicó que se excluyó estudiar esta parte de los encargos, la defensa de Del Rivero, que ejerce el letrado Carlos Gómez-Jara, se interesó en saber los motivos por los cuáles PwC no puso el foco en este espionaje concreto por el que se pagaron 1,1 millones de euros. El perito respondió que fueron órdenes del banco y por una cuestión de tiempo, lo que llevó a este letrado a volver a hacer uso de la palabra para preguntarle cuánto hubiera tardado en hacer un informe sobre lo relativo al 'Grupo Hostil'. En su respuesta, el experto explicó que no más de 45 días.
El banco explica en su página web que el trabajo de investigación encargado a 'Price' se lleva a cabo mediante la selección de palabras clave con el fin de identificar los documentos más relevantes. Sobre esta técnica se hizo eco la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía en un oficio aportado a la causa el pasado mes de septiembre. En el mismo recogió las fórmulas de búsqueda empleadas por el auditor y la respuesta de la entidad a los requerimientos de mayor documentación. Por ese motivo, y en aras a agilizar la entrega de la documental a la investigación penal, los agentes de la Policía Judicial ofrecieron a la defensa del banco en una reunión celebrada en Garrigues ayudar 'in situ' en la búsqueda de toda esta documentación, si bien la defensa legal de la entidad declinó la propuesta.
Líneas de investigación abiertas
Como ya expusiera en sus escritos al juez, la entidad insiste en que el sistema de selección de palabras clave se hace con el fin de no dejar nada en el tintero, lo que provoca que al final existan muchos resultados, de los cuáles gran parte no serían de importancia en este caso penal que indaga las contrataciones con Villarejo por ser constitutivas de un posible delito de corrupción entre particulares, cohecho y revelación de secretos. Sin embargo, esta depuración de las búsquedas, implicó que, en un primer momento, se quedaran fuera del análisis dos de las principales 'víctimas' del entramado empresarial de Villarejo por los presuntos seguimientos que se le habrían hecho desde Cenyt por encargo de la entidad que preside Carlos Torres.
Con todo, el banco mantiene que sigue colaborando con la investigación abierta en octubre de 2018 y, prueba de ello, es que liberó al auditor de PwC para que pudiera declarar en la Audiencia Nacional por su trabajo. Según sostiene la entidad, esta pieza novena de la macrocausa Tándem indaga "malas prácticas de algunos miembros o exmiembros de la policía" si bien el magistrado Manuel García Castellón acordó la citación de la entidad como persona jurídica por la emisión de las facturas a Cenyt y el pago que salió desde las cuentas vinculadas al banco. Según sostiene BBVA, las líneas originales de estas pesquisas se finalizaron en julio de 2019 aunque se abrieron otras 'a posteriori' que también han terminado, sin descartarse que, a futuro, puedan abrirse nuevas líneas mientras la causa penal siga en curso.
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