El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha advertido este martes de que el artículo 155 de la Constitución se puede aplicar en Cataluña con un Gobierno en funciones y ha recalcado que si el autogobierno se sitúa "fuera de la legalidad" es obligación del Gobierno de España restituirlo.
Qué establece el artículo 155
El artículo 155 de la Constitución tiene que ver con las vías del Gobierno del Estado para controlar la actividad de las Comunidades Autónomas.
Contempla los mecanismos excepcionales que tiene el Estado para establecer dispositivos de control subsidiario, de carácter excepcional o extremo y alcance coercitivo, de tal forma que se obligue a la regional "cumplimiento forzoso" de sus deberes.
Según la redacción del artículo, se establecen dos casos en los que el Gobierno de España podría aplicarlo:
1º - Si la comunidad no cumple "las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan".
2.- En el caso en el que actúe "de forma que atente gravemente el interés general de España".
Cómo se pone en práctica
Antes de nada, el Gobierno central deberá enviar "requerimiento" al presidente de la Comunidad Autónoma en cuestión para que cumpla con sus obligaciones o deje de actuar como lo esté haciendo.
En el escrito debe incluirse justificante oportuno de haber realizado el correspondiente requerimiento al presidente autonómico implicado, así como las pruebas que demuestren el incumplimiento por parte de este.
El senado deberá aprobar el informe
El informe deberá ser estudiado por la Mesa del Senado que, a su vez, dará traslado del mismo a la Comisión de las Comunidades Autónomas o, si lo considerara oportuno, procederá a constituir una comisión especial.
La comisión debe analizar la petición del Gobierno y dar una respuesta razonada sobre si procede o no aprobar su solicitud. El debate se cerrará con la votación de la propuesta, siendo necesario para su aprobación el voto a favor de la mayoría absoluta de los senadores.
Qué pasa si no responde al requerimiento
En caso de no ser atendido el requerimiento, el Gobierno "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar" a la comunidad al "cumplimiento forzoso" de dichas obligaciones eludidas. Para ello, deberá contar "con la aprobación por mayoría absoluta del Senado".
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