Uno de los puntos más controvertidos del acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para poner en marcha los Presupuestos de 2020 en Murcia es el pin parental defendido por la formación de Abascal. Se trata de un instrumento para que los padres tengan la libertad de decidir si sus hijos asisten o no a cualquier charla o asignatura complementaria "que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que pueda resultar intrusiva para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos", según su página web.
El objetivo es que los padres puedan "conocer y analizar de antemano" la clase ofertada y decidir si su hijo participará o no en ella. La medida "impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias a la participación de sus hijos en actividades complementarias, establecido a tal efecto por la consejería de Educación y Cultura, en base a los preceptos consagrados en la Constitución”. A continuación, el documento que deben completar los padres para poner en marcha el pin de sus hijos.
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El mecanismo permitiría que los padres decidan si sus hijos asisten a esos cursos que los políticos de Vox clasifican como "ideología de género". Los miembros del partido han protagonizado encontronazos con políticos de otras formaciones por intentar frenarlos con medidas como pedir a los Ayuntamientos listas con nombres y apellidos de los profesionales que se dedican a impartir talleres sobre el colectivo LGTBI en la Comunidad de Madrid.
La medida no ha sido bien recibida por todas las instituciones. La ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha mostrado en contra de la iniciativa en numerosas ocasiones al señalar que supondría una "objeción de conciencia encubierta" que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española. Además, la titular de la cartera ha señalado que son los docentes quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes. El ministerio ya sentenció que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa dirigida a imponer el pin, al considerarlo "una censura previa".
En la misma línea, el Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes. Los colectivos LGTBI lo ven como un impedimento para fomentar la formación de los menores en tolerancia y su derecho a conocer la realidad.
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