Qué es y para qué sirve el Senado

El artículo 69.1 de la Constitución Española define al Senado como 'la Cámara de representación territorial', y es que es precisamente en el ámbito territorial y autonómico donde el Senado encuentra su principal marco de actuación.

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Así, el Senado se encarga de:

Autorizar los acuerdos de cooperación entre las distintas Comunidades Autónomas.

Dotar, distribuir y regular el Fondo de Compensación Interterritorial.

Adoptar las medidas necesarias para obligar a las Comunidades Autónomas a cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales.

El Senado también es responsable de prevenir cualquier actuación de cualquier Comunidad Autónoma que pueda perjudicar el interés general de España.

Discernir la necesidad de dictar leyes de armonización de las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas.

Otra de las funciones del Senado es la legislativa, función que comparte con la Cámara Baja, es decir, con el Congreso de los Diputados. Ambas instancias toman parte en el procedimiento legislativo aunque, por lo general, el Senado lo hace en una posición de inferioridad en relación a la Cámara Baja.

Esto es así porque, en España, los textos legislativos surgen siempre del Congreso de los Diputados y pasan a continuación al Senado para ser deliberados y discutidos. El plazo de tiempo para esta deliberación es, además, bastante reducido: dos meses por norma general. Solamente hay un caso en el que el Senado interviene antes que el Congreso de los Diputados en la elaboración de los textos legislativos: cuando se trata de proyectos relacionados con el Fondo de Compensación Interterritorial.

Por otra parte, hay que decir que el Senado puede vetar o interponer enmiendas a los textos legislativos que le sean remitidos desde el Congreso de los Diputados.

La tercera función del Senado es de control e impulso político. En virtud de esta función, el Senado ejerce una función de control sobre el Gobierno solicitando información al mismo cuando así lo estime conveniente, sometiendo a debate su actuación e instando al mismo a orientar su línea política en una u otra dirección.Función de control de la política exterior

El Senado cumple un papel muy importante en lo referido al control de la política exterior, hasta tal punto que tiene la facultad de autorizar o denegar la ratificación de tratados internacionales. En cualquier caso, para que éstos tratados puedan salir adelante, tienen que ser autorizados por las dos cámaras que integran el Parlamento: el Senado y el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, existen dos situaciones en las que la opinión, y más todavía, la mayoría en el Senado resulta decisiva. Por un lado, la reforma constitucional, por otro, la intervención de una Comunidad Autónoma.

En cuanto a la reforma de la Constitución se pueden dar dos tipos de procedimientos: el 'simple' y el 'agravado'. El 'simple' es el que se ha aplicado en las dos reformas constitucionales que se han realizado en España desde 1978 y que se aplica en la reforma de cualquier parte de la Constitución, excepto el Título Preliminar (España es indivisible y democrática), el capítulo segundo, Sección 1ª del Título I (derechos fundamentales y libertades públicas), o el Título II (La Corona).

La propuesta de reforma precisa ser aprobada por mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado. Si no se consigue, sería necesario formar una comisión de Congreso y Senado que propongan un texto nuevo. Por último, si no hubiera acuerdo, todavía se podría aprobar la reforma, mas se necesita la mayoría absoluta en el Senado y mayoría de dos tercios en el Congreso.

En caso de que la reforma de la Constitución sea 'agravada', tendría que aprobarse por mayoría de dos tercios en Congreso y Senado y, tras unas nuevas elecciones, el nuevo Congreso y Senado tendrían que aprobar de nuevo con una mayoría de dos tercios la reforma para que los ciudadanos antes de que los ciudadanos la aprueben en referéndum.

Además de la reforma constitucional, el Senado tiene la última palabra en la aplicación del artículo 155 que permitiría al Gobierno intervenir en Cataluña, quitarle competencias al Parlament si desobedece leyes e incluso al Gobierno de la Generalitat.