El nombramiento de Dolores Delgado es insólito por ser la primera vez que el Gobierno designa a un exministro de Justicia para dirigir la Fiscalía General del Estado, aunque no es el primer integrante del un ejecutivo que llega después a ostentar este cargo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha lanzado la propuesta para que se formalice el cargo en los próximos días.
El primer paso será aprobar su designación en el Consejo de Ministros, cuya próxima y primera sesión tendrá lugar este martes. Después, la exministra deberá comparecer ante la comisión de Justicia del Congreso de Diputados y, finalmente, debe recibir un dictamen del Consejo General del Poder Judicial con el que podrá ser nombrada por el Rey fiscal general del Estado.
Según establece la Constitución, cuando asuma el cargo, Delgado se responsabilizará de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados" y de "velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".
La Fiscalía es una entidad que actúa con independencia del Ejecutivo, según el ordenamiento jurídico, pero miembros de distintos partidos la han puesto en entredicho en varias ocasiones. La oposición criticó al presidente del Gobierno cuando dijo en una entrevista que la Fiscalía General dependía del Gobierno, al ser preguntado cómo tenía previsto traer de vuelta a España al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Por esto, el nombramiento ha saltado las alarmas, y líderes como el popular Pablo Casado por ser un movimiento "equivocado". El mandatario popular ha explicado que esto "ataca directamente" la separación de poderes y al propio Estado de Derecho. A su entender, se convertirá en la "ministra 23" del Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez.
El Gobierno le puede pedir que lleve a cabo acciones ante los tribunales en defensa del interés público, si bien los fiscales se guían por "el principio de imparcialidad" y actúan "con plena objetividad e independencia", según establece su Estatuto. Estas comunicaciones se canalizan a través del ministro de Justicia, aunque el presidente del Gobierno también puede dirigirse directamente al fiscal si lo estima necesario.
Delgado tendrá ahora ante sí ese reto de conseguir la vuelta de Puigdemont, que está pendiente de la euroorden emitida a Bélgica por el Tribunal Supremo, así como el de establecer la posición de la Fiscalía frente a los continuos recursos de los condenados por el "procés". Hasta ahora la Fiscalía se ha mantenido firme en su postura frente a los independentistas catalanes a los que pidió condenar por un delito de rebelión frente al de sedición que defendió la Abogacía del Estado.
Ahora, con la llegada de Delgado a la Fiscalía General, en la que tendrá bajo su mandato al que fuera su jefe en la Audiencia Nacional y que fue uno de los fiscales en el juicio del "procés" -Javier Zaragoza-, está por ver si esa postura cambia, incógnita que podría empezar despejarse en el juicio de Trapero, si finalmente ordena retirar la acusación por rebelión.
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