"Lo que le diría al presidente del Gobierno, que aseguró que ningún ciudadano se quedaría atrás debido a la crisis que ha creado la pandemia, es que eso es mentira. Nos dejan desprotegidos, desamparados... Yo me quedé en el paro días antes de decretarse el estado de alarma. Luego, encontré un trabajo de apenas nueve días, por el que ni siquiera me pagaron, a finales de mayo en una empresa tecnológica. Ahora, cobro 430 euros de subsidio y tengo que pagar 429 euros de hipoteca por mi piso de protección oficial. Ahora que se ha derogado la moratoria hipotecaria, ¿qué hago? ¿Cómo pago mi piso? ¿Pago al banco y no como o como y me quedo aquí sentada, en el sofá de casa, esperando a que me desahucien?
El testimonio de Teresa Guerrero, que vive en Alcorcón (Madrid), una de las ciudades de la comunidad confinadas, junto a la capital, a partir de este sábado, es desgarrador. Y Teresa sentencia: "Y hablo desde el conocimiento porque soy licenciada en Derecho y hasta la anterior crisis, la del 2008 trabajé en banca, era comercial de hipotecas, precisamente". Y sentencia: "Yo estoy sola y bueno... pero, ¿qué hacen las familias con hijos, por ejemplo? Hay una cosa clara, los desahucios van a subir como la espuma en los próximos meses. Va a ser una hecatombe".
Teresa está viviendo la situación en carne propia, pero su percepción no es muy diferente a la del Banco de España, que la pasada semana, en un artículo de análisis de la coyuntura económica, advertía que "si no se introducen nuevas medidas, los impagos podrían dispararse una vez decaigan las moratorias aprobadas, como en el caso de las hipotecas". Una moratoria hipotecaria que terminó a finales de septiembre y cuyo fin "podría desencadenar en un incremento de la tasa de mora concentrado en los primeros meses en forma de impagos de los préstamos para vivienda", según el regulador.
Y es que, tomando los datos emanados del propio Banco de España, del fin del mes de agosto, hasta entonces se habían realizado 269.012 solicitudes de la moratoria legal (la auspiciada por el Gobierno), de las cuales se había dado curso a 226.644. El saldo vivo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos superaba los 20.300 millones de euros. Y en el caso de las solicitudes de moratoria sectoriales (las que se acuerdan entre el banco y el hipotecado) eran 731.667, habiéndose aprobado 666.699, con un saldo pendiente de 25.700 millones de euros.
Lo cierto es que el paulatino desmantelamiento, en plena segunda ola de la pandemia, del ‘escudo social’ que creó el Gobierno en marzo, ese por el que que se aseguró que "nadie se va a quedar atrás", ha creado zozobra y malestar entre los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. El Ejecutivo ha puesto freno esta semana a la ampliación de la moratoria de las hipotecas y ha levantado el veto al corte de suministros básicos como luz, agua y gas, medidas que se pusieron en marcha en marzo. Así, el 'escudo social' diseñado por el Gobierno quedará ampliado parcialmente ya que sí se decidió prorrogar hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios y subidas "abusivas" en el alquiler de vivienda.
En este sentido, Facua-Consumidores en Acción considera especialmente grave que el Gobierno no amplíe una moratoria hipotecaria a la que "han accedido pocas familias ya que los requisitos de vulnerabilidad económica que se exigían eran excesivos". En su día, esta organización de consumidores ya advirtió de que la mayoría de las entidades financieras intentaban "eludir" la moratoria de las hipotecas con los numerosos consumidores que la solicitaban. Sin embargo, el Gobierno, critica la asociación, "cedió ante las presiones de la banca para acotar enormemente los beneficiarios de la medida". Y es que ante las distintas interpretaciones que generaba el Real Decreto que reguló la moratoria en las hipotecas, el Ejecutivo impuso reunir conjuntamente los cuatro supuestos de vulnerabilidad económica y no sólo uno, "con lo que se vio enormemente reducido el número de familias que podían acceder a ella".
Así, la asociación señala que al no ampliar el plazo de solicitud de la moratoria hipotecaria más allá del 30 de septiembre se está "desprotegiendo a las familias más vulnerables que, tras el estado de alarma, continúan con una situación económica mermada y grave debido, entre otras situaciones, a la extensión en el tiempo de los ERTE".
Teresa es también ejemplo vivo de lo complicado que fue acceder a la medida, tras muchas vueltas, idas y venidas: "Después de denegármela en principio y ‘quitarme’ de la cuenta 900 euros que luego tuvieron que devolverme, me aprobó la moratoria hipotecaria legal, la del Gobierno, ya que antes me la habían denegado aduciendo que me quedé en paro antes del estado de alarma, pero esto se acabó el 12 de agosto y desde entonces estoy a merced del banco, que sólo me ofrece la moratoria sectorial, pero con unas cláusulas totalmente abusivas. Estoy a la intemperie, desprotegida, a merced del banco, una de cuyas trabajadoras tuvo incluso la ‘indecencia’ de decirme: ‘tienes un futuro muy negro’".
Desde Asufin (Asociación de Usuarios de productos Financieros), organización presidida por Patricia Suárez, se aboga por que "se vuelva a proteger de alguna manera a los usuarios, a las personas hipotecadas que lo están pasando mal con ERTEs, sus empresas cerradas y en paro...". De cualquier modo, desde esta organización siempre se denunció, en su día, que el marco de cumplimiento para acceder al aplazamiento (que no condonación) del pago de la hipoteca durante el parón económico de estos meses era "excluyente y como consecuencia dejaba como única alternativa a los afectados las soluciones individuales que planteen los bancos, como refinanciaciones o préstamos con intereses adicionales cuando no productos vinculados. Por ello, apelamos a la buena praxis y responsabilidad de las entidades en la articulación de estas alternativas".
Miquel Riera, experto en hipotecas del comparador financiero HelpMyCash.com, considera que el fin de la moratoria "es una mala noticia para las familias más afectadas por la crisis económica que ha provocado la pandemia, que ya no podrán acogerse ni a la moratoria del Gobierno ni a la sectorial de la banca. De todos modos, hay que decir que los colectivos vulnerables todavía cuentan con diversas protecciones. Una de ellas es la suspensión de los desahucios, que el Gobierno ha decidido prorrogar hasta el 31 de enero. Y otra, más amplia, es el aún vigente Código de Buenas Prácticas Bancarias, que consiste en un paquete de medidas a las que los hogares con problemas económicos pueden acogerse para reestructurar su deuda hipotecaria: carencia de capital durante cinco años, extensión del plazo y rebaja del interés. Además, en caso de que estas soluciones sean insuficientes, el Código permite pedir una quita parcial de la deuda y, en última instancia, la dación en pago con permanencia en la vivienda con un contrato de alquiler de dos años. El banco está obligado a conceder estas medidas si se cumplen una serie de requisitos. Y aquellos deudores que no cumplan los requisitos para acogerse al Código de Buenas Prácticas también tienen la opción de negociar directamente con su banco, aunque este no está obligado a aceptar una refinanciación. Por ejemplo, se puede intentar acordar un plazo más largo para que las cuotas se rebajen, una carencia parcial o total, etc."
A Sergio (45 años) y Noemí (44), padres de Juan (9) y Víctor (7) no les han quedado "ganas de pagar más con los bancos y una vez que se nos ha acabado la moratoria legal, el pasado 22 de septiembre, y ya no hay posibilidad de pedir más prórrogas, trataremos de seguir pagando la hipoteca de 612 euros como podamos, aunque nos hubiera venido bien ampliar unos meses más la moratoria para ver si nuestra situación económica mejoraba". Cuenta este matrimonio madrileño que en marzo él, cocinero, se quedó en paro justo antes de la pandemia cuando se encontraba en pleno cambio de trabajo y sin haber firmado aún el contrato en su nuevo empleo. Su esposa, que trabajaba en una empresa de servicios a través de una ETT, también se vio en la calle, sin paro, sin ERTE... Vivieron durante semanas "de la devolución de la renta, que nos llegó en abril". Pudieron negociar y acogerse a la moratoria hipotecaria legal y de los suministros de luz, agua, gas... "Lo que fue un verdadero alivio".
Por fortuna, "también encontramos trabajo en una comunidad costera del norte y allí que nos fuimos toda la familia, pero ahora eso se acabó, empieza el cole... Y al acabarse la moratoria tendremos que comenzar a pagar todo otra vez. ¿Era muy complicado haber ampliado esa moratoria hasta diciembre, por ejemplo? Nosotros tenemos dinero para seguir pagando un par de meses más. Si para entonces no encontramos trabajo, ¿qué hacemos? ¿Dónde llevamos a mis hijos? ¿Debajo de un puente?”. Y Teresa Guerrero, haciendo honor a su apellido, remacha: "El escudo social está hecho añicos. Ya no protege nada ni a nadie".
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