La mujer que interpuso la primera querella por delito de terrorismo de Estado contra nueve miembros de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia sirias ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que solicita que sea el Pleno de la Sala de lo Penal el que resuelva el recurso presentado por la Fiscalía contra la admisión de esta querella.
El escrito presentado ante la Sala y al que ha tenido acceso Europa Press considera fundamental la unidad de criterio para calificar jurídicamente qué hechos son crímenes internacionales así como el concepto material de víctima y añade que estas cuestiones deben ser resueltas en este caso debido la extraordinaria gravedad del asunto y la desprotección de las víctimas sirias.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la admisión a trámite de la querella por parte del magistrado Eloy Velasco al entender que este no es el órgano competente para investigar la denuncia de Amal Hag-Hamdo Anfalis. Expone que ésta no es víctima directa española y que los hechos en cuestión constituyen delito de lesa humanidad, torturas y desaparición forzada, delitos que, a su juicio, España carece de jurisdicción.
La mujer se querelló contra nueve miembros de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia sirias por torturar y ejecutar a su hermano en el año 2013 tra ser llevado a un centro de detención ilegal en Damasco. En su declaración en calidad de testigo ante el magistrado instructor descartó que la víctima perteneciera a la disidencia o estuviera metido en política.
PENDIENTE DE LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS
Su representación procesal recoge en el escrito que se trata de un hecho sin precedentes ya que es la primera acción penal de justicia transnacional ante tribunales europeos para enjuiciar a miembros del gobierno sirio de Basar al Assad.
Tras aceptar la competencia de la investigación y tomar declaración a la querellante, el titular del Juzgado Central del Instrucción número 6 ha citado para el próximo 26 de junio a cuatro testigos de la investigación, entre ellos el periodista español Javier Espinosa.
Con la reforma de la justicia universal de 2009 se limitó la actuación de la Audiencia Nacional a supuestos en los que existiera víctimas españolas o en los que los responsables del delito cometido, en caso de ser extranjeros, se encontraran en España. La modificación acometida en 2014 reducía aún más esa posibilidad de actuar a través de denuncia o acusación particular.
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