Un acto de homenaje en el campo de concentración de Mauthausen (Austria) ha levantado ampollas. La mención que la directora general de Memoria Histórica Democrática de la Generalitat, Gemma Domenech, hizo de Raül Romeva -juzgado estos días en el Tribunal Supremo- como "preso político" provocó que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, abandonara el encuentro. Domènech afirmó que la situación penal del exconseller significaba una noticia "triste para la democracia".
Gemma Domènech accedió a su puesto de la Generalitat en sustitución de Carme Garcia en enero y recibió el encargo de "culminar" el proyecto de ley integral para aglutinar todas las normas sobre memoria histórica aprobadas por el parlamento autonómico catalán: memorial democrático (2007), fosas (2009) y de reparación jurídica (2017), que facultarían al Govern a retirar simbología franquista del espacio público, anular condecoraciones y suprimir nombres de calles.
Domènech, que es Doctora en Historia del Arte por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha orientado su trabajo de los últimos 15 años en la investigación y difusión de la memoria del exilio, la represión del franquismo y la salvaguarda del patrimonio artístico de la Guerra Civil.
La directora también impulsa la denominada Comisión de la Verdad, encargada de cuantificar "los crímenes de guerra, genocidios y asesinatos masivos para informar a los familiares de las víctimas y asistirlos en su derecho a la justicia", según su propia definición.
Antes de ser nombrada para dirigir este departamento autonómico, trabajó como investigadora en el Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) y es, además, profesora asociada del Departamento de Historia e Historia del Arte de la Universitat de Girona (UdG), donde ha impartido asignaturas de Patrimonio Cultural y Museología.
Al frente de la Dirección General, Domènech es la responsable de las políticas públicas de recuperación y fomento del patrimonio y la memoria democrática, según afirmó la Generalitat en su momento, de la localización de las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo, y del reconocimiento y las indemnizaciones a los expresos políticos y asesoramiento a las personas represaliadas.
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