El Gobierno ha dejado la puerta abierta a que, junto a la reforma de la sedición, se lleve a cabo la del delito de malversación. Ello ha abierto un nuevo debate ante la posibilidad de que muchos de los investigados y ya condenados por este ilícito puedan verse beneficiados. Y es que todo cambio normativo tiene carácter retroactivo siempre y cuando sea favorable al reo, dice el Código Penal. Así, tras el estudio caso a caso por parte de los jueces, conocidos 'personajes' de macrocausas de corrupción como 'Gürtel', 'Púnica', 'Lezo', 'Nóos', los 'Ere de Andalucía' o el famoso 'caso Villarejo', incluso del 'procés' independentista de Cataluña, podrían ver reducidos tanto sus castigos a prisión como la inhabilitación si se aprueba una rebaja de las penas hasta ahora establecidas.
Todavía no está claro si esta reforma se llevará a cabo o se dejará a un lado, ni si se distinguirá entre aquellos que se lucren con el desvío de fondos públicos y los que no, volviendo así a lo establecido antes de 2015, cuando el PP acometió el cambio legislativo. A la espera de ver qué ocurre finalmente, la polémica está servida. En distintos foros de profesionales del sector jurídico celebrados estos días y en publicaciones en redes sociales se han escuchado y leído críticas a esta iniciativa legislativa, así como comentarios irónicos sobre los 'beneficios' que tendría esta modificación para los acusados por este delito.
Es cierto que las causas por malversación no son las mayoritarias en los tribunales, pero sí es uno de los delitos más habituales en casos de corrupción, que cohabita con otros recogidos en el Código Penal, como prevaricación urbanística; prevaricación administrativa; infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos; cohecho; tráfico de influencias; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función; y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace un recuento trimestral de las condenas por estos delitos que engloban la corrupción. Según los datos recabados por el órgano de gobierno de los jueces, que constan desde julio de 2015, en España ha habido 562 castigos por el delito de malversación en los últimos siete años. En concreto, a falta de conocer el número de condenas por sentencia firme en el último trimestre de 2022, este año ya se han dictador 49 sentencias firmes condenatorias por el ilícito en cuestión, mientras que en 2021 hubo 83. Cabe destacar que 2017 fue el año que más penas firmes por malversación se dieron, un total de 97; seguido de 2019, con 90.
El CGPJ también ofrece datos actualizados de los reclusos por malversación como principal delito cometido (o que está siendo investigado) o por el que más años de cárcel se le ha impuesto. A fecha de 1 de octubre de 2022, en total 40 personas -dos de ellas en Cataluña, comunidad autónoma que tiene competencias propias para gestionar las instituciones penitenciarias- permanecen en un centro penitenciario, de las cuáles ninguna de ellas se encuentran en situación de prisión preventiva.
Aznar lidera la lista de indultos
En cuanto al indulto, desde julio de 1977, cuando se formó el primer Gobierno por la celebración de las primeras elecciones generales tras la dictadura, hasta la actualidad se ha concedido a 186 condenados por malversación. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno de Pedro Sánchez (de junio de 2018 hasta la actualidad) ha indultado por este delito solo a los cuatro condenados, en concreto al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC Oriol Junqueras y los exconsejeros catalanes Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. El equipo de Mariano Rajoy (de diciembre de 2011 hasta junio de 2018) también concedió esta prerrogativa a cuatro personas.
Fueron los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (de abril 2004 hasta diciembre de 2011) y de José María Aznar (de mayo de 1996 hasta abril de 2004) los que más hicieron uso de esta medida de gracia para librar a un total de 137 condenados por malversación. En concreto, el primero indultó a 47 personas, mientras que su antecesor 'libró' a 90, liderando la lista.
Por último, el Ejecutivo de Felipe González (de diciembre de 1982 hasta mayo de 1996) hizo uso de esta competencia exclusiva para condonar la pena por dicho delito a 31 personas; mientras que en la etapa de Leopoldo Calvo Sotelo (de febrero de 1981 hasta diciembre de 1982) no hubo ningún caso, a diferencia de los 10 que tuvieron lugar durante la era de Adolfo Suárez (de julio de 1977 hasta febrero de 1981).
Fueron los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de José María Aznar los que más hicieron uso de esta medida de gracia para librar a un total de 137 condenados por malversación
Medida de gracia del Gobierno
Cabe recordar que se trata de una medida de la que tiene exclusiva potestad el Poder Ejecutivo. En base a ello, el Gobierno de Sánchez, otorgó el 'perdón' a los cuatro exdirigentes catalanes, cuyas condenas eran por sedición en concurso medial con malversación por el 'procés' independentista, sin que la sentencia definiera cuántos años correspondía a cada delito. De hecho, el indulto -que en total se dio a los nueve condenados por el Tribunal Supremo en octubre de 2019- era parcial, pues solo extinguía la pena de prisión pero no la inhabilitación.
Así, con ambas reformas legales, no solo bajarían las penas (ya sin efecto en estos casos concretos), sino que también se 'tocaría' la prohibición temporal para ejercer cargo público, favoreciendo a los expolíticos indultados. De todo ello se beneficiarían el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros fugados, procesados en rebeldía, si fueran juzgados.
Asimismo, en caso de que salga adelante el cambio de la malversación, los jueces también se verán obligados a revisar otras condenas como las del expresidente de Andalucía José Antonio Griñán -para quien la Audiencia de Sevilla ha ordenado el ingreso en prisión por el 'caso de los ERE', mientras se tramita el indulto-, o el líder de la 'Gürtel' Francisco Correa, por ejemplo. Tras el estudio de cada caso concreto, los magistrados deberán determinar si una nueva redacción del delito les favorece o, por el contrario, no es necesario aplicar una rebaja de la pena porque ya se les aplicó un texto más benigno para ellos.
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